Justo al vencerse la fecha para firmar
la adhesión al Instituto de Salud
para el Bienestar (Insabi), los nueve
gobernadores militantes del Partido
Acción Nacional (PAN) firmaron el
pacto, aunque condicionándolo, porque
‘no hay, todavía, reglas claras de operación’.
El martes próximo los mandatarios
albicelestes compartirán el pan y la sal
con Andrés Manuel López Obrador, y,
seguro estoy, abordarán el tema, a fin de
que el Presidente corresponda al gesto
de buena voluntad que sus invitados
mostraron para garantizar servicios
médicos (gratuitos) a quienes no son derechohabientes
del IMSS, ISSSTE, Pemex
y las secretarías se la Defensa Nacional
y Marina.
Al encuentro con el presidente de la
Asociación de Gobernadores de Acción
Nacional (GOAN), acudieron el secretario
de Salud, Jorge Alcocer Varela, y el
director del Insabi, Juan Ferrer Aguilar,
pero el convenio entre la Federación y
los nueve gobiernos estatales se firmará
también el martes.
Las condiciones que hizo la organización
panista para sumarse a este
nuevo sistema de Salud, son:
1)Firmar un convenio de colaboración
con la autoridad federal, que supla
a los de adhesión y coordinación que se
nos han puesto a consideración;
2) Establecer de inmediato una mesa
técnica, con representantes de las entidades
y de la Federación, para garantizarle
a la gente servicios gratuitos con
calidad, doctores, medicinas y equipos
suficientes;
3) Acordar los mecanismos de
financiamiento que permitan asegurar
un servicio de excelencia a las personas
para las futuras décadas;
4) Concluir los proyectos de infraestructura
en marcha en toda la República;
5) Continuar atendiendo en los
estados a todos los pacientes como se
ha venido haciendo, de manera gratuita,
eficiente y atenta, en el primer y segundo
nivel; y
6) Transparentar y definir el destino
de los 40,000 millones de pesos que
pertenecían al Seguro Popular, que
cuentan con recursos estatales.
¿Así lo plasmará el documento a
signarse el martes?
‘OPERACIÓN MOCHILA’
Aunque la llamada ‘Operación mochila’ es
un atentado contra los derechos humanos,
no por eso deja de ser necesaria para evitar
riesgos de violencia, como los ocurridos en
Monterrey en 2017 cuando un alumno disparó
contra su maestra y tres condiscípulos;
y en Torreón, hace apenas unas semanas,
al registrarse la agresión de un estudiante
contra sus compañeros, maestra y su propio
suicidio.
Acá en el terruño –concretamente
en la capital del estado– también se han
registrado situaciones violentas en las
preparatorias federalizadas y los centros
de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de
Servicios (Cebeti’s), por lo que es necesario
que lo padres de familia desde casa, revisen
cuanto en la mochila cargan sus hijos.
La semana que nos antecede se puso en
marcha en todo Tamaulipas el operativo
que es, a todas luces anticonstitucional,
pero, repito, necesario para evitar situaciones
de riesgo.
Y lamentablemente la subsecretaria
de Educación Básica –Magdalena Moreno
Ortiz–, ha mostrado opacidad ante el
problema, por lo que ahora toca al titular
del ramo, Mario Gómez Monroy, enfrentar a
los directivos y padres de familia como a los
alumnos, para poner en marcha la revisión,
cotidiana, de las mochilas, aunque con
la ayuda del Congreso local, donde ya se
presentó una iniciativa para hacer legal esos
operativos.
El artículo 16 constitucional determina
que “nadie puede ser molestado en su persona,
familia, domicilio, papeles o posesiones,
sino en virtud de mandamiento escrito
de la autoridad competente, que funde y
motive la causa legal del procedimiento”.
Y eso deben saberlo el secretario de
Educación y los legisladores promotores de
una nueva ley.
Como fuere los paterfamilias muestran
clara disposición a colaborar en el programa,
siempre y cuando han dicho, ‘no se
abuse contra sus retoños’ al revisárseles las
mochilas.
POBREZA
Según el presidente Andrés Manuel López
Obrador, en el último año se ha reducido el
número de pobres en México.
Sin embargo hay cifras oficiales que
reconocen que en México existen 43.1
millones de personas que sufren ‘pobreza
moderada’ y 9.3 millones sobreviven de
milagro en asentamientos urbanos y rurales.
Pero hasta la fecha no existe ningún programa
institucional que brinde resultados
efectivos contra la miseria, que es uno de
los males sociales que al paso del tiempo se
ha vuelto crónico.
La desigualdad entre los segmentos
poblacionales es notable.
Por una parte se encuentra la minoría
que vive las mieles del primer mundo y la
civilización, y en la base piramidal se localizan
ejércitos de pobres que no alcanzan a
satisfacer sus necesidades elementales de
vestido, vivienda, empleo y alimentación.
En el mejor de los casos –y de acuerdo a
informes del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social
(Coneval)–, las personas pobres en forma
moderada viven con menos de dos dólares
al día; algo así como 40 pesos.
Por décadas –y pese a las buenas
intenciones de los hombres y mujeres que
arriban al poder y se comprometen a combatir
este flagelo–, el fenómeno continúa y
eventualmente se agudiza, aun cuando en la
Federación se opine lo contrario.
El crecimiento poblacional –de 20
millones de habitantes que éramos en
1940 pasó a más de 130 millones en
2020–, aunado a la eliminación de
programas sociales y la creación de
otros que no han dado resultados,
la restricción presupuestal hacia el
combate a la pobreza y la falta de vocación
social de nuevos funcionarios
públicos, se suman al fracaso para
combatir la miseria.
Igual que los rezagos sociales como el
desempleo, el empleo inestable y el consecuente
deterioro del poder adquisitivo.
Por eso no hay quien le crea a al jefe
del Ejecutivo Federal cuando dice que,
desde que está al frente Gobierno, hay
menos pobres; porque no es implantando
más y mayores impuestos acciones
habiendo espacios para el Poder
Judicial, la Fiscalía General del
estado, el Instituto de la Defensoría
Pública y Unidades de Atención a
Víctimas y Mecanismos de Solución
de conflictos y seguridad pública”,
detalló el Gobernador.
Este espacio también contará
con dos salas de audiencia que
sumarán un total de ocho para
atender a cerca de 800 mil ciudadanos.
El magistrado presidente del
Supremo Tribunal de Justicia,
Horacio Ortiz Renán, explicó que
“con la apertura del centro se dará
respuesta oportuna a la justicia
penal que registró un incremento
de 900 por ciento, al pasar de 198
audiencias en 2016 a 2 mil 075 en
2019, tan sólo en Tampico, Madero
y Altamira”.
El mandatario también celebró a
las enfermeras y los enfermeros de
la región, con motivo de la conmemoración
de su día el pasado seis de
enero, a quienes entregó reconocimientos
por su desempeño profesional,
calidad humana y científica
en favor de la salud de las familias
tamaulipecas.
Además sostuvo un encuentro
con representantes de la comunidad
católica para conmemorar el séptimo
aniversario del padre Silverio
Martínez, al frente de la Iglesia
María Auxiliadora.
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paternalistas como se erradicaría la
pobreza.
Ya ve Usted que hoy pagamos mayores
tributos a la Federación y el país nada
que sortea la crisis económica… ¡ah!, pero
eso sí, el Gobierno federal insiste en que
ya somos menos pobres.
INFRAESTRUCTURA
DEL STJ
En gira de trabajo por la zona conurbada
del sur, el gobernador Francisco García
Cabeza de Vaca inauguró el Centro Integral
de Justicia perteneciente a la sexta
región judicial conformada por Tampico,
Madero y Altamira, con lo que ya suman
11 centros en la entidad que se modernizan
para dar celeridad a la impartición
de justicia.
“Aquí, los ciudadanos estarán más
cerca de las instancias que les darán acceso
a una justicia más pronta y expedita