Oaxaca ha destacado en una
peculiar competencia, la de
obtener recursos de programas
federales orientados al desarrollo
social, rural y ambiental. Recuerdo un
caso particular, de hace años, en el que
funcionarios de la Comisión Nacional
Forestal -Conafor-, encontraban que
Oaxaca obtenía una tajada desproporcionadamente
grande de los recursos
de un programa de reforestación. Se
llevaba algo así como la tercera parte
del presupuesto destinado a todo el
país. Lo que no parecía justificable y
era difícil de explicar.
Parte de su preocupación era que
pudiera pensarse que tenían un sesgo
o simpatía desmedida por Oaxaca. No
era así. Los recursos de ese programa
se distribuían mediante el mecanismo
usual empleado por la mayor parte de
las entidades y programas orientados
al medio rural. Usado, por ejemplo, por
las secretarías de agricultura, medio
ambiente, reforma agraria, desarrollo
social, la Conafor y otras.
El mecanismo ha sido lanzar una
convocatoria en internet llamando a la
presentación de proyectos. Estos, según
la dependencia y programa, podrían ser
productivos, de reforestación, enfocados
en áreas naturales protegidas. Existen
innumerables programas con este
tipo de orientación general que podría
llamarse de desarrollo rural.
El mecanismo institucional usual
enfrenta problemas; para empezar no
está al alcance de todos enterarse de
una convocatoria en internet. A partir de
ello hay que cumplir los requisitos de la
invitación, pagar a un técnico o despacho
para la elaboración de un proyecto
que parezca viable, todo ello respaldado
por los papeles legales de la comunidad,
ejido o grupo. Esto requiere acuerdos
y liderazgos adecuados dispuestos a
correr el riesgo de que a fin de cuentas
esos esfuerzos no fructifiquen.
Por ello en ocasiones los proyectos
escasean o tienen una mala factura.
Bajo este mecanismo se han inyectado
ingentes recursos públicos en proyectos
fracasados. El reparto centralizado de
recursos es controvertido, sobre todo
desde la óptica de la burocracia local
que con frecuencia considera que su
mejor conocimiento de los personajes
y organizaciones locales les permitiría
una mejor asignación de recursos. Una
opción que fue satanizada desde la
administración de Vicente Fox al temer
la burocracia local tuviera lealtades
priistas y dirigiera los recursos a organizaciones
de ese partido. Por ello decidió
centralizar en extremo la asignación de
recursos.
Pero volvamos al tema de inicio.
El caso es que Oaxaca ha sido una
potencia generadora de proyectos de
desarrollo rural; los que pueden ser productivos,
de reforestación y, en general
los aprovechables por campesinos.
Lo que inquietaba a los directivos
de un programa de reforestación, era
¿cómo es que Oaxaca, siguiendo las reglas
del juego, lograba acaparar con sus
proyectos una proporción desmedida de
recursos? Esto es un mero ejemplo de
una capacidad que considero significativa
y que es aplicable tanto a este
programa como a muchos otros, de diversas
entidades públicas que también
concursan sus recursos.
La explicación de fondo es que Oaxaca
tiene 570 municipios y de ellos 418 se
rigen por usos y costumbres indígenas.
Lo cual contrasta con que los otros 30
estados del país tienen, entre todos,
1,888 municipios. Un promedio de 63
municipios por entidad.
Los municipios de Oaxaca se distinguen
por su pequeñez demográfica; el
promedio estatal es de 7 mil habitantes
por municipio. Pero esta cifra es mucho
menor para los 418 municipios de usos y
costumbres. En el extremo 30 municipios
tienen menos de 420 habitantes
cada uno. Estos municipios funcionan
con sus propios mecanismos de toma de
decisiones; sean asambleas comunitarias,
consejos de ancianos y otros. El sistema
en su conjunto permite una buena
representación de cada pueblo indígena,
incluso los grupos más pequeños.
Los micro municipios indígenas de
Oaxaca tienen una doble característica:
la toma de decisiones es muy cercana
a los intereses de su población indígena
y campesina; y gracias a que son
estructuras de gobierno reconocidas,
que reciben algunos recursos públicos,
han desarrollado capacidades técnicas
para, por ejemplo, elaborar proyectos
(productivos, forestales y de otros tipos),
que son competitivos en las convocatorias
de las entidades federales.
Conjuntar democracia participativa
es la clave de la potencia Oaxaqueña pa-
ra generar proyectos y atraer recursos.
Desconcentrar la toma de decisiones
públicas y acercarse a la población
local es hoy en día el mantra
de los organismos internacionales
como Banco Mundial, CEPAL u
OCDE. Va de la mano con el planteamiento
de democracia participativa
que hace el Plan Nacional de Desarrollo
de esta administración. La
conclusión es que sea en los pueblos,
comunidades, ejidos, municipios
que ellos definan la ruta de su propio
desarrollo.
El país no ha marchado en ese
sentido en los últimos 40 años. La Ley
de Derechos de los Pueblos y Comunidades
Indígenas del Estado de Oaxaca,
es un garbanzo de a libra. Esta Ley fue
emitida en 1998, tras años de consultas,
negociaciones y preparativos
La tendencia nacional ha sido
restar capacidades y poderes a las
comunidades, ejidos y municipios y
substituirlos por decisiones centralizadas.
Es un esquema que muestra
fallas múltiples: deterioro de la cohesión
social, incapacidad para tomar
acuerdos y hacerlos cumplir, deterioro
del medio, creciente inseguridad y
violencia. Y es que el gobierno central,
sea de derecha o izquierda, no puede
substituir a los mecanismos de gobernanza
local.
Es hora de revertir el camino. Así
que, de plano, propongo Oaxaqueñizar
a todo el país. Promovamos,
donde sea viable los micro municipios
rurales; institucionalicemos estructuras
de gobierno sub municipales, recuperemos
y respaldemos al ejido y a las
comunidades como nivel de gobierno.
De lo que se trata es de institucionalizar
la descentralización de la
toma de decisiones y las capacidades
locales para diseñar su propia
ruta de desarrollo. Hagamos viable la
democracia participativa como motor
del desarrollo y del cambio impulsado
desde abajo.
