CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas continúa las investigaciones para detectar el entramado utilizado a través de empresas factureras para el desfalco de la hacienda estatal, del que se acusa al ex Secretario de Finanzas, actualmente prófugo de la justicia.
A pesar de encontrarse en ese estatus, en el caso de Jorge Silvestre “A”, sólo puede ser llamado a través de exhortos, luego que no se ha emitido una orden de aprehensión en su contra.
En las investigaciones que iniciaron en 2018, se pu do establecer que en el 2015 y 2016, con ayuda de un mismo notario, se constituyeron varias empresas, donde los socios eran las mismas personas en cada una de dichas empresas.
Hasta el momento, se ha dado a conocer que el desfalco a través de siete empresas factureras o con operaciones simuladas, asciende a 600 millones de pesos, sin embargo, se espera que las investigaciones den luz de más empresas “fantasmas” que pondrían al descubierto un desfalco mayor.
Derivado de las investigaciones iniciales, se giraron órdenes de aprehensión en contra de tres personas, quienes fueron detenidos y ahora colaboran con las investigaciones, ya que el esquema involucra a más empresas.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, acusó del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por 600 millones de pesos, a Jorge Silvestre “A”, quien se desempeñó como Secretario de Finanzas, durante la administración de Egidio Torre Cantú.
En la carpeta de investigación 143/2018, la primera que se judicializa en Tamaulipas por uso de empresas factureras con operaciones simuladas, también se señala a Jorge “C”, quien se desempeñó como Director de Pagos del Gobierno del Estado como parte del fraude.
En marzo de este mismo año, el Poder Judicial de la Federación, decidió sobreseer el amparo tramitado el 22 de noviembre del 2019, por Jorge Silvestre “A”, en contra de 25 autoridades, entre ellos, jueces, ministerios públicos y comandantes de policía, para evitar ser detenido.
La sentencia 2295/2019, señala que dicho amparo fue sobreseído, es decir, no se otorga pero tampoco se niega; debido a que no existía en ese momento, ninguna orden de aprehensión en su contra, por lo que no hay motivo para solicitar ese tipo de protección.
Sin embargo, ninguno de los dos ex funcionarios, han acudido a las audiencias celebradas por este caso, sin que hasta el momento, los abogados hayan presentado justificantes sobre la ausencia de los presuntos responsables de los delitos que acusa la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado.
