La misma Fiscalía General de la República que puso reparos a la hora de involucrarse en la acusación de familiares ligados a un capo en Guanajuato, alegando supuestos o reales huecos en la carpeta de esa investigación, quedó exhibida horas después cuando, en otro caso, ni más ni menos sobre los estudiantes desaparecidos en Iguala, un juez liberó a un detenido, considerado clave para saber por qué y dónde fueron exterminados los de Ayotzinapa. Dime qué presumes y te diré de qué careces, reza el dicho.
Pero no seamos tan injustos.
La FGR es una dependencia con nombre y autonomías refulgentes, pero tradición inocultable: como antes con la Procuraduría General de la República, la FGR falla mucho a la hora de armar casos, tanto o más que las fiscalías estatales.
Los problemas de la FGR para mantener en la cárcel al Mochomo, y los de la Fiscalía de Guanajuato para apresar a supuestos cómplices del Marro, nos recordaron, en menos de una semana, cuánto hace falta para tener fiscalías eficaces a las que los jueces no les liberen a los detenidos: muchísimo.
Los 43 estudiantes, sus familias y toda una sociedad agraviada por ese exterminio demandan justicia desde 2014. Las autoridades de entonces hicieron lo único que solían hacer los priistas. Trataron de cerrar el caso lo más pronto posible, con lo que tuvieran a mano y sin detenerse en debido proceso ni nada por el estilo.
Así, los colaboradores de Peña Nieto incriminaron a autoridades, policías y personajes de presunta actividad criminal previa; dieron la versión oficial sobre cómo fueron incinerados los estudiantes, y sellaron el carpetazo con la solemnidad que les caracterizaba. Así nació eso que conocemos como la “verdad histórica” (Jesús Murillo Karam dixit) de Ayotzinapa.
El PRI que regresó a Los Pinos
en 2012 desdeñaba, como hicieron tantos PRIs del pasado, a la sociedad de su tiempo. La “verdad histórica” nunca convenció a la opinión pública. Entre otras cosas porque a ese relato le faltaban personajes cruciales, como el recientemente detenido Mochomo, y evidencias suficientes para dar como buena la versión de que un basurero fue el lugar donde se incineraron y desaparecieron a los muchachos.
Forzado por la necesidad de mínima credibilidad, el anterior gobierno aceptó que una comisión de expertos internacionales, el GIEI, hiciera una investigación independiente. Sus resultados galvanizaron las dudas ciudadanas sobre la verdad histórica. Y hoy, para más INRI, Tomás Zerón, el principal investigador de tal caso, está declarado prófugo.
Casi seis años después, un gobierno que meritoriamente ha prometido justicia a las familias de los estudiantes de esa Normal, comienza a entender por qué Murillo Karam intentó crear una verdad única, una verdad histórica.
Porque en México las verdades jurídicas que fiscales federales o estatales intentan armar te las tira de un plumazo cualquier abogado. Bueno, casi cualquiera, pero para el caso es lo mismo.
Que si la disparidad entre la preparación de fiscales y jueces, que si la incapacidad de cuidar todos los detalles de ley a la hora de recoger evidencias o realizar las detenciones, que si flagrantes disparidades en las versiones policiales sobre los operativos, que si tortura y abusos… El caso es que las acusaciones se caen más que las moscas. Y eso no va a cambiar pronto, porque la falta de capacidades de policías y fiscales los lleva a estrellarse con un muro judicial mejor instruido, más exigido y remunerado.
¿Qué hacer? Los expertos llevan décadas ofreciendo a los gobiernos ideas y ayuda. Volver a ellos, es una primera idea.
¿Qué no hacer? Lo que el Presidente de la República: tratar de explicar los fallos sólo a partir de la corrupción. Al decir que los jueces son rigoristas o se basan en tecnicismos, al deslizar que podría haber colusión de autoridades
con criminales, al no querer ver la realidad e invocar, para todo mal
a su sambenito supuestamente redentor, López Obrador manifiesta que a él también le gustaría que lo que los policías –Guardia Nacional y soldados incluidos– digan
sea suficiente para que los fiscales refundan en la cárcel a este o aquel detenido. Es decir, lo que a AMLO le gustaría es tener pronto una verdad histórica para tantos casos, comenzando por Ayotzinapa, donde un juez no “entorpeciera” los “esfuerzos” de los investigadores
al pedir que las acusaciones estén fundamentadas y hayan sido armadas sin violaciones a los derechos humanos.
Dicen que al llegar al gobierno todos se igualan. Ojalá que no sea así, ojalá que Andrés Manuel, y su fiscal Gertz Manero, no impongan verdades históricas y sí, en cambio, den a los mexicanos en cada caso verdades jurídicas a las cuales adherirnos todos. Sería una verdadera transformación.
