Las diferentes plataformas de televisión en México se han llenado en
los últimos años de series referidas
a las bandas de narcotraficantes. Y en la
pantalla estalla la violencia, los atentados, los balazos. Pero, bueno… es ficción,
aunque sea basada en hechos reales.
Lo malo se percibe cuando la realidad
rebasa a la ficción. El viernes 26 a las 6.38
de la mañana hora local en la elegante
calle de Paseo de la Reforma estallaron
miles de balazos en un atentado contra
el jefe de la policía de Ciudad de México,
capital de la república. Se usaron armas
de alto calibre. Y dicen las referencias
posteriores que la idea era romper el
cristal de la camioneta con blindaje 5
para tirar una bomba incendiaria contra
el jefe policiaco, por cierto, nieto del
secretario de la Defensa Nacional en el
sexenio 1964-1970 e hijo del prestigiado
político y experto en seguridad Javier
García Paniagua, precandidato a la presidencia de la república en 1981.
El escenario estratégico involucró
un contexto complejo: el encuentro en
los próximos días del presidente López
Obrador con el presidente Trump en la
Casa Blanca, la aprobación de Trump
de la Operación Python contra el Cartel
Jalisco Nueva Generación –señalado
como autor del atentado contra el jefe
policiaco–, el arresto y luego liberación
de los padres del capo conocido como El
Marro, jefe del Cártel Santa Rosa de Lima
que se dedica al millonario negocio de
extracción clandestina de gasolinas de
los ductos oficiales, la orden de extradición ya firmada para capturar y enviar a
los EEUU a Ovidio Guzmán López, hijo
de Joaquín El Chapo Guzmán, ya preso
de por vida en una prisión estadunidense
y la orden presidencial para enviar de
nueva cuenta a las fuerzas armadas a
combatir a los cárteles.
Hasta ahora, la violencia del crimen
organizado estaba localizada en unas
diez ciudades del interior de la república,
lejos de los estados de ánimo de los capitalinos. Pero el viernes 26 la violencia
del tableteo de las ametralladoras Barret
despertaron a una ciudad ajena a esa
violencia. En julio del año pasado hubo
un asesinato artero en un restaurante lujoso en el también lujoso centro comercial Artz del sur de la ciudad.
Las cifras oficiales han registrado aumento en la violencia criminal. El año de
2019 contabilizó 32,582 homicidios dolosos o violentos, una media de 90 diarios en todo el país. Para 2020 se prevé
que la cifra sea mayor. Y en una revisión
de cifras de diciembre de 2006 –año en
que el presidente Calderón autorizó la
participación de las fuerzas armadas en
labres de apoyo a la seguridad– a finales
de 2019 se han contabilizado más de
322,000 homicidios violentos en México,
una media de 23 mil al año.
De diciembre de 2006 a noviembre
de 2018, la estrategia fue perseguir delincuentes, confrontar cárteles y liquidar jefes criminales de las principales
organizaciones. El saldo fue aceptable:
el 85% de los capos fueron muertos,
arrestados o extraditados, pero las estructuras siguieron vigentes. El presidente López Obrador cambió la estrategia:
no perseguir capos y crear condiciones
para recuperar la paz, incluyendo el
cambio de giro de algunos delincuentes.
Su estrategia se denominó “construcción
de la paz”, reducida a su propia frase de
“abrazos, no balazos”.
El atentado contra el jefe de policía
de la capital de la república modificó el
escenario simbólico: presuntamente el
cártel número 1, el Jalisco Nueva Generación, habría atentado contra el funcionario. El asunto grave es que una semana
después del incidente no hay una versión
oficial que incrimine al CJNG y todo se
reduce a un tuit del propio jefe agredido,
minutos después del ataque, dijo que el
Jalisco Nueva Generación era el responsable. Por cierto, ese mismo cártel se
acreditó el asesinato de dos judíos en la
Plaza Artz a mediados del año pasado.
Los datos están dispersos, la información oficial es cuantitativa, las valoraciones oficiales son muy optimistas y el
ambiente de temor sube ante la escalada
de violencia. Las sociedades en las zonas
de conflicto aumentan miedos, muchas
zonas territoriales del país siguen controladas por cárteles, la fuerza del Estado
siempre mayor a la de los criminales ha
sido acotada por la estrategia de no perseguir capos. Las agresiones de cárteles
contra partidas federales de seguridad
son crecientes y la respuesta sólo es de
autodefensa. La capacidad económica
del Estado es menor a los requerimientos
para ofrecerles alternativas productivas a
los delincuentes.
El atentado contra el jefe de la policía
de Ciudad de México fue un punto de
inflexión en el activismo criminal. La
audacia de llenar el ambiente matutino
con el tableteo de las metralletas Barret
fue el aviso ruidoso de que los cárteles
están escalando la violencia en la capital
de la república, dejando un cuádruple
mensaje: es la sede del presidente de la
república, las armas son superiores a las
de los policías, la jefa de gobierno local
es una de las preferidas del presidente
López Obrador para sucederlo en el
cargo en 2024 y ningún ciudadano estará
tranquilo si el jefe de la policía es enviado
al hospital con varias balas en el cuerpo.
Las tres agendas de la crisis del gobierno actual siguen escalando negativos: la salud del coronavirus seguirá
hasta octubre y se unirá a la crisis de
influenza hasta marzo del año próximo,
la economía decrecerá -14% en este
año y tardará en reactivarse y ahora la
inseguridad llegó hasta la capital de la
república y tocó nada menos que al jefe
de la policía.
México ha entrado en una zona de
tensión, incertidumbre y decrecimiento económico que estará agitando los
tiempos políticos; elecciones de cámara
de diputados en julio del 2021 y votación
por revocación del mandato presidencial
en marzo de 2022. Y en 2024 se votará
presidente para el sexenio 2024-2030.
