No imagino a ninguna mujer levantarse un día, tomar la calle o cualquier espacio, para buscar embarazarse con la intención de abortar, no creo que ninguna en su sano juicio o sin juicio, elucubre en su cabeza un pensamiento así.
Quienes deciden la interrupción del embarazo de una forma tan dramática lo hacen con miedo, solas, obligadas por su contexto y poniendo en riesgo su propia vida. Muchas siguen muriendo así, a escondidas.
Las que sobreviven, viven con culpas. En México, desde hace dos años se reactivó fuerte el debate sobre la legalización y despenalización del aborto, haciendo eco a otros países de Latinoamérica que a presión de colectivas feministas empezaron a gestionar el tema.
Nuestro país tiene ahora distintos códigos estatales que criminalizan y persiguen como delito a quien se practica el aborto, pero este se sigue haciendo de forma clandestina, insalubre y costosa. La semana pasada, por un caso en Veracruz, que tenía ya un año guardado en la Suprema Corte, se discutió otra vez sobre la pertinencia o no, de dejar decidir a la mujer sobre su cuerpo.
En estos alegatos interviene la Iglesia, el Estado y las Feministas. Lamentablemente este sexenio no tiene intenciones de homogenizar la ley para proteger la vida de la mujer. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil seguirán insistiendo y en el mes de septiembre volverán a revisar la ley que discrimina a mujeres y niñas obligándolas a continuar con embarazos no deseados.
No hay cifras reales sobre el número de abortos en nuestro país, algún dato viejo de INEGI señala que en la encuesta del 2016, poco más de un millón de mujeres reportaron haber sufrido un aborto.
La realidad indica que no hay registro de embarazos interrumpidos en clínicas o consultorios clandestinos. Tampoco se cuentan las muertes a consecuencia de una mala intervención médica. Se sabe, sí, que el número de padres ausentes aumenta y que la maternidad recae sólo en la mujer, actualmente 49 de cada 100 hogares los encabeza sólo la madre.
En Tamaulipas, aunque hoy no existen mujeres en la cárcel por aborto, se considera delito y sólo se permite cuando se comprueba la violación, o está en peligro de vida la madre o el producto.
El año pasado, en Nuevo Laredo se conoció el caso de una menor de 11 años que tuvo aborto asistido gracias a la intervención de su padre biológico, que interpuso una denuncia contra el padrastro que la embarazo, y se realizaron los trámites legales para la interrupción de ese embarazo. Fue un caso excepción que visualiza lo que está pasando con muchas niñas.
En este país cubierto por el manto Guadalupano, se practica el aborto y lo sabe la iglesia, el Estado y las familias que intentan cerrar los ojos ante violaciones que ocurren hasta en propia casa; segura estoy que todos conocemos un caso muy cercano, de una mujer que debió acudir a exponer su vida en la fría plancha de un consultorio clandestino, aguantar los improperios de médicos y enfermeras encubiertos, desangrase sola y pagar por ello, no solo con dinero, sino con su propia estabilidad emocional.
¿Y el que colocó su semillita? Aquí la mujer es la víctima, y no propiamente de una violación sexual, porque puede acceder a la relación y quedar embarazada aun en contra de su voluntad (por fallas del método anticonceptivo o presión psicológica de su pareja), pero se violan sus derechos humanos sino puede acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, o llegar a una maternidad elegida y crianza corresponsable. Si se legaliza no se fomentarán más abortos, si sigue clandestino causará más muertes.