CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems, sospechosa de lavado de dinero internacional, fue la encargada de proveer a Pemex de diferentes sistemas de seguridad para combatir la ordeña de ductos en Tamaulipas, entre el 2009 y el 2014, justo en el periodo en el que más creció el robo de combustible en la región.
En total, la compañía dedicada a ofrecer servicios de inteligencia y seguridad a gobiernos y empresas públicas, facturó en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto más de 1,872 millones de pesos.
El gasto de Pemex en esos contratos no se reflejó en una reducción del robo de combustible; entre 2011 y 2016 en Tamaulipas se detectaron 3,394 tomas clandestinas, y desde entonces las cifras se han mantenido al alza: el año pasado se desactivaron 1,151 ordeñas en la entidad.
El primer contrato de la empresa Rafael Advanced Defense Systems con Pemex se celebró en el 2009, por un monto de más de 1 mil millones de pesos, y con una vigencia hasta el 2012, incluía la instalación de sensores en los ductos, la compra de diez aviones y lanchas no tripuladas.
Todo este equipo de alta tecnología sería controlado desde los Centros de Comando de Monterrey (para la distribución de hidrocarburos en el Norte) y de Villahermosa, para la sonda de Campeche.
Después vinieron más contratos para la compra de sistemas de sensores, servicios de integración y la puesta en marcha de sistemas como “Toplite” (Sistema Optrónico de Vigilancia), y “Stalker” (Sistema Móvil de Vigilancia Terrestre).
La compra más reciente -en 2014- fue de “servicios especializados para integración, instalación de sensores y componentes para operatividad del IMILITE (Sistema de Explotación de Imágenes Multifuentes y Multitareas) en el centro de comando y control C3 en la región Norte, Sur y Marina de PEP”.
En el lanzamiento del proyecto, Pemex justificó el gasto, argumentando que “a pesar del esfuerzo que realizan (Sedena y Marina), aún persisten vulnerabilidades a la seguridad de las instalaciones de PEP, la cual si bien es cubierta parcialmente en el espacio aéreo en la sonda de Campeche y Golfo de México por medio de radares aéreos, subsiste la necesidad de vigilancia sobre instalaciones de producción, derechos de vía terrestres y en las zonas accesibles”.
Pero tras la inversión millonaria, es claro que los servicios de la compañía israelí no rindieron los frutos que se esperaban, ni en Tamaulipas, donde se registraron los primeros casos de ordeña, ni en otras entidades donde actualmente se ha agravado esta problemática.
Además de la ineficacia de los sistemas de seguridad, al crecimiento del robo de combustibles en la entidad también contribuyó la colusión de personal de Pemex con las bandas que se dedicaban a esta actividad ilícita.
Entre ellos se encuentra José Carlos Sánchez Echavarría, Subgerente de Salvaguarda Estratégica en Tampico, detenido el año pasado, acusado de permitir la ordeña bajo las órdenes del general Eduardo León Trauwitz, designado en la administración anterior como subdirector de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos.
Los dos militares y otra veintena de funcionarios de Pemex son acusados de colaborar en el robo de 887 millones 440 mil 721 litros de hidrocarburos, que equivalen a 1,887 millones de pesos.
A los encargados de combatir la ordeña se les acusa de “participar en aun plan, ejecutado por varias personas, en el que existía un reparto de funciones: al quejoso (un ex trabajador de Pemex) le correspondía ocultar las tomas clandestinas, neutralizándolas de manera rústica y omitiendo dar parte a las autoridades competentes para la investigación de los ilícitos, e ignorar las alertas del sistema Leaklab (provisto por Rafael Advanced Defense Systems), para que de esta manera, otras personas pudieran realizar la sustracción del hidrocarburo sin ser perseguidos”.