Ahora que casi toda la clase política está enamorada del modelo electoral presidencial de los EE. UU., niega el fraude electoral denunciado por Trump y quiere desde ya entregarle la Casa Blanca a Joe Biden, se podría aprovechar el entusiasmo para importar el esquema estadunidense e inaugurar una democracia al estilo americano.
En los EE. UU. no existe un organismo electoral nacional que controle las elecciones, ni un consejo electoral ciudadano que opere como Corte Suprema Electoral, ni consejeros que funcionen como embudo electoral. Existen cincuenta oficinas electorales y se realizan cincuenta elecciones estatales, con responsabilidad local.
En elecciones presenciales cada estado emite sus resultados locales y son los medios –de manera destacada la agencia AP, Associated Press– quienes suman esos resultados locales y adelantan tendencias nacionales.
De aplicarse en México el modelo, nos ahorraríamos el enorme costo de hipopótamo del INE, nos quitaríamos de encima a la autoridad electoral como instancia autoritaria que dicta reglas por encima de la Constitución y despediríamos a consejeros electorales que cobran sumas estratosféricas de salarios y prestaciones sin garantizar resultados creíbles, además de que el Instituto y su consejo está dominado por los partidos a los que dice controlar.
Los consejeros en realidad cobran por realizar elecciones. El financiamiento a los partidos debe desaparecer a cambio de reglas penales mucho más estrictas –como en los EE. UU.– en recaudación para evitar el dinero del crimen organizado o de los grupos de poder.
Y la credencial de elector, que se solicita con criterios de buena fe, se puede fácilmente sustituir con la indispensable cédula de identidad que sigue faltando como mecanismo urgente de seguridad nacional. Los estados tendrían que crear sus organismos electorales locales y pagar los costos de la credibilidad.
Si los gobernadores hacen organismos para el fraude, que corran el riesgo y paguen de manera penal las decisiones delictivas. En elección presidencial se harían aquí treinta y dos elecciones locales, con vigilancia local.
Con esta estructura que tiene deslumbrada a la clase política mexicana y que funciona tan bien que aseguran en México que Biden no hizo fraude electoral, México podría desaparecer el INE, ahorrarse miles de millones de pesos para destinarlos al gasto social y construir un mecanismo electoral basado en la confianza y el control legal y ciudadano. Los actuales consejeros electorales que defienden con pasión y rigidez legal su salario por arriba del tope del salario presidencial y exigen sus prestaciones por servicios electorales cobrados a la democracia saldrían sobrando.
