Si hay hechos que caen como anillo al dedo de las oportunidades, la crisis en las relaciones México-EE. UU. por el arresto del general Salvador Cienfuegos Zepeda ayudó a fijar el marco referencial en las relaciones bilaterales del presidente López Obrador con el próximo presidente Joe Biden en materia de seguridad nacional y ganar una ventaja que debe ser provechada.
Y para quienes gustan de construir escenarios estratégicos, el no-reconocimiento del presidente mexicano a los primeros resultados electorales no oficiales en los EE. UU. podrían referir al hecho de enviar un mensaje de autonomía ante una decisión imperial del caso Cienfuegos que afectaba la estabilidad interna de México.
La justificación del Departamento estadunidense de justicia apelando a “razones de política exterior” trató de ocultar cuando menos tres hechos críticos al interior del gobierno de los EE. UU.: el desorden en la comunidad de los servicios norteamericanos de inteligencia y seguridad nacional y la ausencia de un líder como director nacional de inteligencia, las presiones internas del área de defensa de los EE. UU. por sus relaciones estratégicas con el ejército mexicano y el papel de México no en la política exterior de Washington sino en su estrategia de seguridad nacional.
El caso de la DEA se deshizo con la intervención oficial del secretario mexicano de Relaciones Exteriores y del Senado mexicano como institución constitucional con vinculaciones con la política exterior y además por su papel indispensable en la aprobación y revisión de acuerdos internacionales.
El debate nacionalista de los acuerdos de seguridad en un momento de México agredido por el autoritarismo imperialista de una agencia antidrogas con sospechas de complicidad en el tráfico y consumo hubiera dañado la estrategia estadunidense de seguridad nacional que, a pesar de su tono imperialista, depende de los acuerdos con los países clave en la seguridad territorial externa de los EE. UU.
La DEA confió en el tono agresivo del presidente Trump en los dos memorándums de directrices de seguridad estratégica antidrogas de 2019 y 2020 en los que amenazó a México con castigos si se seguía negando a perseguir cárteles que surtían de drogas a
los casi 60 millones de consumidores estadunidenses.
En este sentido, la DEA quiso ponerle un cascabel al gato y obligar a México a replantear su estrategia antidrogas con el enjuiciamiento de un exsecretario de la Defensa Nacional.
Por CARLOS RAMÍREZ
