MÉXICO.- La Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República debería entregarse a Carlos Loret de Mola por sus denuncias sobre la corrupción del régimen de la 4T, escribió en su cuenta de Twitter la senadora del PAN, Lilly Téllez.
Lo anterior, en respuesta a Mario Di Costanzo, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), quien en la misma red social publicó que si mal no recordaba, “la Casa de La Gaviota fue valuada en 86 millones de pesos, los contratos a la “tía Felipa” fueron por 346 millones, es decir ¡4 veces más!”.
La medalla Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República debería entregarse a @CarlosLoret por sus denuncias sobre la corrupción del régimen de la 4T ???????? https://t.co/65GWutaL3a
— Lilly Téllez (@LillyTellez) December 6, 2020
El pasado jueves, el portal Latinus publicó un reportaje que revela que Felipa Guadalupe Obrador, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador es directora de Litoral Laboratorios Industriales S.A. de C.V., empresa que ha recibido por parte del gobierno contratos que ascienden hasta los 365 millones de pesos.
Destacan los tres contratos que la firma obtuvo con Petróleos Mexicanos (Pemex) Exploración y Producción para servicios de análisis de aguas, evaluación de ruido y caracterización de corrientes de hidrocarburos y productos químicos. En total estos tres convenios suman una cantidad de 133 millones de pesos.
Marinsa, empresa que también pertenece a la industria dirigida por Felipa Obrador, ha obtenido, por su parte, un contrato por 231 millones de pesos para operar en los pozos petroleros frente a la península de Yucatán.
Del mismo modo, Litoral Laboratorios Industriales ha obtenido licitaciones de otras dependencias de gobierno como el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
En la conferencia matutina del viernes 4 de diciembre, el primer mandatario dijo desconocer la investigación realizada por el comunicador Carlos Loret de Mola, pero aseguró que Pemex informaría.
“Yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo. No se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. No somos iguales”, sostuvo.
“Si un familiar hace algo indebido, pues se le debe de juzgar, aunque se trate de un hijo, ya ven cuánto queremos los padres a los hijos. No se protege a nadie, esa es la diferencia, una de tantas, no somos iguales que nuestros adversarios (…) Que se haga la investigación, que se informe, pero yo no recomiendo a nadie. No hay influyentismo para nada”.
Al respecto, la paraestatal informó que rescindirá los contratos con la empresa Litoral Laboratorios Industriales.
En un comunicado aseguró que el viernes pasado giró instrucciones para proceder “a la rescisión de cualquier contrato en los que la empresa Litoral Laboratorios Industriales SA de CV participe directamente o en conjunto con otras empresas”.
Pemex aseveró que algunas notas periodísticas que dan cuenta de estos contratos –en alusión al reportaje de Latinus– “responden a una clara intención de dañar la reputación del gobierno. Desdeñan avances significativos y magnifican escándalos” y que por ese afán no informan de las acciones promovidas por el gobierno para fomentar la integridad y ética empresarial, así como para contrarrestar “el fenómeno complejo de la corrupción en todas sus vertientes”.
Otra investigación que ha dado conocer Loret de Mola es Bartlett Bienes Raíces. En agosto de 2019, evidenció que si bien el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, declaró que tiene una fortuna de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones, “en realidad, su fortuna es 16 veces más grande… solo en propiedades”
“A través de familiares, empresas y presuntos prestanombres se ha hecho de un imperio inmobiliario de 25 propiedades (23 casas y dos terrenos) con un valor aproximado de más de 800 millones de pesos”, indica el texto.
En junio de este año, el comunicador también documentó que el patrimonio inmobiliario de la familia de la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, y su esposo, el investigador John Ackerman, es de hasta 60 millones de pesos, cantidad cinco veces mayor a la que aparece en su declaración patrimonial.
CON INFORMACIÓN DE ARISTEGUI NOTICIAS
