CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El mismo día que Javier Alejandro Aguilar Morales era acusado formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de pagar sobornos a funcionarios de Pemex y de las empresas petroleras de Ecuador y Brasil, el Gobierno Municipal de Matamoros le expedía una constancia de uso de suelo para la obra de la “Terminal Río Bravo”, que se realiza en ese municipio.
Esta forma parte del más lucrativo negocio que la compañía holandesa Vitol SA, tiene en México: la importación, almacenamiento y comercialización de combustible.
Ahora, esa operación millonaria está en la mira de los fiscales de Estados Unidos, quienes están convencidos de que la empresa creó una red de corrupción a base de sobornos para ganar importantes contratos en Latinoamérica.
El gran intermediario habría sido Javier Aguilar Morales, representante legal de la empresa, ciudadano mexicano residente en Houston, quien fue presentado ante la Corte de Nueva York el 23 de julio, y pagó una fianza de 100 mil dólares para enfrentar su proceso en libertad.
Javier Alejandro Aguilar Morales aparece también como representante Legal de la compañía Terminal Río Bravo SA de CV, creada para la construcción y operación de este complejo autorizado apenas este año por la Comisión Reguladora de Energía, para almacenar hasta 270 mil barriles de gasolina, con una inversión estimada de casi 1,300 millones de pesos.
Su plan es traer gasolinas desde la terminal portuaria de Brownsville hasta Matamoros, a través de ductos con una longitud de 10.5 kilómetros.
Esa es la actividad más lucrativa de Vitol, cuyo actividad en México detonó durante el último periodo de la administración de Peña Nieto y se ha mantenido durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
Según información revelada ayer por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, entre el 2018 y el 2020 Vitol recibió permisos para importar más de 50 mil millones de litros de diferentes combustibles a México.
Dos días antes de que concluyera la administración de Peña Nieto, por ejemplo, la Secretaría de Energía le otorgó diez permisos para importar hasta 35 mil millones de litros de gasolinas, diésel, aceites, crudos ligeros y turbosina.
Ya en el sexenio actual, con Rocío Nahle al frente de la Secretaría de Energía, la compañía holandesa recibió otros seis permisos para importar 22 mil 360 millones de litros de combustible.
Una de las estrategias para almacenar estas grandes cantidades de combustible es la puesta en marcha de la Terminal Río Bravo en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, cuyos permisos ante todos los niveles de gobierno, fueron gestionados por el representante legal Javier Aguilar Morales.
Así lo comprueba el certificado de uso de suelo entregado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Matamoros el 10 de julio del 2020 a la razón social “Terminal Río Bravo, SA de CV”, con vigencia al 10 de julio del 2021.
Dos cosas llaman la atención en el documento al que EXPRESO tuvo acceso, el primero es que el nombre del representante legal está mal escrito, pues aparece como Javier Alejandro Aguilera M; y el segundo es que en la autorización del municipio se especifica como usos prohibidos para dicho lote, el “expendio de hidrocarburos y almacenamiento”.
Las fechas de este trámite coinciden justo con el tiempo en que detonó el escándalo de corrupción internacional protagonizado por la compañía Vitol.
De hecho, en los siguientes permisos otorgados a “Terminal Río Bravo SA de CV”, unos cuantos días después por el gobierno de Matamoros, Aguilar ya no aparece como representante legal. En su lugar se lee el nombre de Reyna Zareth Plaza Díaz.
En total, Terminal Río Bravo pagó 41,935 pesos al municipio por la licencia del uso de suelo y tres permisos de construcción.
POR Miguel Domínguez Flores
