A lo largo de estos últimos nueve meses de emergencia sanitaria y social, el papel del Estado como garante del interés común ha recobrado una fuerza fundamental: ampliando los apoyos sociales para los grupos más vulnerables, encabezando una reconversión hospitalaria sin precedentes, que fue ejemplo para América Latina en su conjunto, y tejiendo alianzas estratégicas con los distintos órdenes de gobierno y con el sector privado para que, nadie quedara fuera de la atención médica, y para que pronto, todas y todos podamos tener acceso a la vacuna según nuestro nivel de riesgo.
Sin embargo, entre los sectores conservadores, esta dirección fuerte y responsable del Estado ante la dificultad no ha estado exenta de polémica, incluso, se puso en tela de juicio el papel rector de las instituciones, cuestionando las medidas de protección, atacando frontalmente a las autoridades sanitarias y despreciando la legitimidad del poder en México.
Para abordar el tema de la legitimidad del poder, siempre me gusta recordar la formulación que hizo Rousseau de la República legítima. Él planteaba que el cuerpo político del Estado estaba compuesto por todas y todos, lo que se traducía en “el poder de todos”, ejercido bajo el pilar de la voluntad popular como fuente de soberanía.
Cuando se cuestiona el ejercicio legítimo del poder por parte del Estado, respaldado por la voluntad popular, realmente se está cuestionando el principio mismo de la soberanía, los valores que fundamentan el acuerdo social mediante el cual vivimos en comunidad. No es nuevo el desprecio de algunas y algunos por la soberanía ni por la voluntad popular.
Durante décadas, la base del poder en México estuvo legitimada por elecciones fraudulentas, intervenciones teatrales de los medios de comunicación e intereses perversos que definían la frontera entre quien era amigo y quien era enemigo, otorgando al primero la impunidad, y al segundo, el abuso y la marginación. Así gobernaron, ajenos plenamente a la voluntad del pueblo, y sobre todo, al interés común.
En términos fácticos, nos dejaron parcialmente sin soberanía, pero no deja de ser sorprendente que, justo en uno de los momentos más difíciles de la historia reciente de México y del mundo, esta se esté recuperando de la mano de la voluntad popular, el origen legítimo del poder. Algo me hace pensar que en 2021, los pocos mercaderes de la soberanía que aún quedan en las instituciones, encontrarán en las urnas una jubilación anticipada a sus deseos de poder. La República legítima, constituida en el pueblo de México, ya no los necesita.
