Montado en la encuesta de su preferencia, el caudillo está resuelto a decir qué es lo mejor para el país, al margen o por encima de lo que esté escrito en el texto constitucional. Erigido en inapelable instancia, se ha dispuesto a dictar lo que conviene al interés nacional, haciendo a un lado al constituyente. Aunque aún no reacciona, la comunidad internacional tiene claro que la artificial e ilegal sobrerrepresentación anuló el proceso parlamentario. El nuestro ya no es más un país de leyes, sino de designios que se revelan y ponen al alcance de los súbditos, mediante improvisados mensajes doctrinarios propalados en el canal oficial. Ya ni bandos se escriben, se legisla de viva voz.
Ha llegado tan lejos, que ya ha violentado las normas constitucionales que él mismo ha propuesto, sí, aquellas que impusiera mediante presiones y amagos distorsionando nuestra tradición jurídica. Baste de ejemplo la reciente fórmula para condonar impuestos a Pemex, mediante la ampliación administrativa, y no legal, de las deducciones a que tiene derecho la empresa chatarra. El esquema, para cualquier mediano conocedor de la materia, es claramente una condonación administrativa, amén de una invasión de la esfera de competencia del Congreso, el cual, hace rato, se conforma con ser firmón.
A falta de razones, se acude al autoritario empleo de entelequias que son difíciles de precisar, pero fáciles de moldear al capricho. Usando regla de Lesbos, el incorruptible ha impuesto el significado, alcance o extensión de las palabras, indicando qué resulta aceptable y lo
que debe ser calificado como simple politiquería. Son, como en todo estado totalitario, dos las palabras preferidas: seguridad y soberanía. Lo que no pueda hacer para procurar la primera, lo podrá hacer para proteger la segunda, creando un círculo sofístico insuperable, en la que todo lo que haga encuentra origen en la voluntad del pueblo bueno.
Para quien no tenga compromiso con el abrasivo proyecto, que más que transformación ha dejado patente que no es sino una mutación del modelo priista, hace rato resulta evidente que el Estado de derecho dio paso a un Estado de revancha, en el que los añejos resentimientos, tras una breve referencia al pasado neoliberal, serán correspondidos por una draconiana medida en contra de quienes han osado objetar o criticar al autócrata. El dador de justicia puede ordenar la fulminante reclusión, o bien, simplemente, la privación del patrimonio, resolución que debe aceptarse de buen agrado, pues se ha derogado el derecho de acceso efectivo a la justicia.
Un ejemplo más es la cruzada que ha emprendido desbordando el inconvencional régimen de discrecionales prisiones preventivas plasmado en la Carta Fundamental. A pesar de que el incorruptible impuso tan manipulable régimen, ahora ha decidido ampliarlo en ley, haciendo de la labor de los juzgadores un mero trámite.
POR GABRIEL REYES ORONA
