TAMAULIPAS.- Colectivos de familiares y víctimas de desaparecidos recibieron ayer otro duro golpe del Estado mexicano.
En la Cámara de Diputados, una mayoría de 302 legisladores votaron a favor de la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que entre otras cosas, resta responsabilidades a ese organismo para sumarse a la tarea de la búsqueda de más de 85 mil personas desaparecidas en México, de las cuales 19,527 han sido reportadas tan solo entre el 1 de diciembre del 2018 y el 7 de abril del 2021.
Como si se les olvidara que Tamaulipas es una de las entidades más lastimadas por este delito (según la Segob aquí hay 11,343 no localizados), seis diputados federales del estado votaron a favor de esta reforma que ha sido cuestionada lo mismo por colectivos, que por la Comisión Nacional de Búsqueda, y hasta la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob.
Entre los que levantaron la mano a favor de la ley, hay quienes andan en busca de la reelección: Erasmo González y Adriana Lozano, de Morena.
Otro que anda en campaña, el panista Salvador Rosas, no votó porque no asistió a la sesión a pesar de que su participación puede ser a distancia. También avalaron la ley los diputados recién llegados a la Cámara -por lo que se vecon el único propósito de hacer bulto. Por ejemplo los diputadas del PES, Alba García Paredes de Tampico, y Silvestre Reséndez Muñoz, de Río Bravo; suplentes de Olga Sosa y Héctor Villegas.
Lo mismo que la petista de Reynosa Zoraida Lara Cruz, suplente de Olga Elizondo Guerra. En contra votaron la diputada del PRI Mariana Rodríguez Mier y Terán, y los panistas Eloy Martínez Carrizales y Juan Alejandro Rivera Torres.
Triste papel cumplieron ayer los representantes de algunos distritos que han sufrido en la última década una crisis humanitaria relacionada con la desaparición de personas.
En todo el estado se reproducen historias del drama que viven familias enteras, madres que ante la ausencia de la autoridad, han tomado el problema en sus manos y se han organizado para salir al campo. Aprendieron a remover la tierra, donde han encontrado centros de exterminio, cocinas; algunas, las más afortunadas, han hallado pistas sobre el paradero de sus hijos.
A todos ellos les fallaron los diputados, a los que cabría preguntar si al menos se tomaron la molestia de leer el dictamen que aprobaron ayer. Porque para escuchar a las víctimas no tuvieron tiempo, para ellos las campañas políticas son más importantes.
VOTOS Y LEYES
A pocos días de iniciadas las campañas electorales en Tamaulipas, hay un par de casos en los que procesos judiciales en marcha pueden influir directamente en su desarrollo.
El primero es el de la candidatura de la coalición “Juntos haremos historia” para la alcaldía de Soto La Marina, donde Habiel Medina Flores, detenido por acusaciones de corrupción, cedió su lugar a su hijo Luis Antonio Medina.
Cabría preguntarse qué pasaría si Medina gana en las urnas, ¿Habiel gobernaría desde prisión? Luego está el de Carlos Peña Ortiz, que está denunciado por otro aspirante a la candidatura de Morena, por presuntas irregularidades en la adquisición de un terreno.
Lo que al principio parecía nada más que el pataleo de Marcelo Olan Mendoza, ha ido cobrando más notoriedad, y todas las señales apuntan a que el asunto va en serio, por lo que la contienda por Reynosa dará mucho de qué hablar en los próximos días.
CATALEJOS / MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
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— Expreso (@ExpresoPress) January 5, 2021
