TAMAULIPAS.- El Instituto Nacional Electoral se metió ayer en una discusión que ya era impostergable, y que tendrá repercusiones en todas las campañas políticas del futuro.
Al aprobar una sanción millonaria para Movimiento Ciudadano y Samuel García, por no reportar como gasto la propaganda emitida por su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, inauguraron un debate en el que confluyen muchos temas, pero cuyo fondo es la regulación de las redes sociales.
A grandes rasgos, los consejeros del INE determinaron que al ser Mariana Rodríguez una profesional de la difusión de contenidos a través de sus plataformas digitales -tiene su nombre registrado como marca, es una persona física con actividad empresarial, es decir, cobra por ello- sus videos, fotografías y ‘stories’ publicados durante la campaña, debieron haberse contabilizado como gastos del candidato a la gubernatura de Nuevo León.
La pareja se defendió con el argumento de que Mariana hizo uso de su libertad de expresión en las redes sociales para apoyar a su esposo, como muestra de solidaridad conyugal.
El problema, reviró el INE, es que sus plataformas digitales no pueden desprenderse de la naturaleza mercantil que ella les ha dado desde hace mucho tiempo. Si en lugar de tener una marca registrada como influencer, Mariana se dedicara al negocio de la comida y hubiera aportado platillos a la campaña de su esposo, también se hubieran contabilizado como un gasto.
Eso es lo que hace el INE y que tantos dolores de cabeza les ha costado a estrategas y financieros de los partidos políticos: un escuadrón de inspectores fiscaliza los gastos que reportan los candidatos, pero también las actividades que realiza para detectar posibles apoyos no registrados en las plataformas oficiales.
El tema todavía tiene capítulos por delante, porque seguramente llegará a los tribunales, pero por lo pronto, ayer los consejeros sentaron un precedente que todos los involucrados tendrán que tomar en cuenta para la elección del año entrante.
Es verdad que el asunto puede convertirse en un pantano, porque las apreciaciones de la unidad de fiscalización y posteriormente de los consejeros siempre serán subjetivas.
Pero ya quedó claro: las publicaciones en redes sociales, como las inserciones en los medios impresos, o los spots en radio y televisión, tienen un costo y así los considerará la autoridad electoral de ahora en adelante. En realidad, el INE se está sumando a una tendencia global.
Hace tiempo quedó superada la vaga esperanza de que las redes sociales podrían regularse solas, y que eso sería lo más conveniente para conservar su espíritu libre. Lo vimos con claridad durante la pasada campaña electoral en Tamaulipas.
La guerra de lodo, las difamaciones, la violencia de género no deberían ser toleradas, primero porque no contribuyen al desarrollo democrático, pero además -según el antecedente que dejó ayer el INE- porque detrás de ellas hay mucho dinero.
CATALEJOS / MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
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— Expreso (@ExpresoPress) January 5, 2021