¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?.
Así decía originalmente la pregunta que proponía la Presidencia de la República para la consulta popular que se realizará este 1 de agosto, pero que desechó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al final, lo que aparecerá en las boletas este domingo será este cuestionamiento: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
En un país como el nuestro, donde reina la impunidad, difícilmente alguien respondería negativamente a cualquiera de los dos cuestionamientos.
Urge que se haga justicia, no solo contra los ex mandatarios que hayan incurrido en actos de corrupción, sino contra todos los funcionarios públicos del pasado que por omisión o por participación directa, estén involucrados en crímenes que han cimbrado a México.
Desde San Fernando hasta Ayotzinapa, pasando por los grandes atracos a las finanzas públicas, si en el horizonte está la creación de comisiones de la verdad para esclarecer esos hechos, la consulta popular merece llegar a buen puerto.
El problema es que la interpretación que hace la Presidencia de la República, aferrándose exclusivamente al sentido de la pregunta original, esconde todo lo que pudiera generar un ejercicio de memoria y justicia como el que podría ponerse sobre la mesa.
La retórica oficial degrada la consulta popular a una pregunta que admite una sola respuesta: los ex presidentes que hayan cometido ilícitos sí deben ser juzgados y castigados, faltaba más.
Morena y el Ejecutivo federal, que para fines prácticos de esta discusión son lo mismo, están haciendo política con la consulta.
Eso es tan obvio, como el hecho de que la del domingo es una preparación para la de la revocación de mandato que se realizará el año siguiente, que a su vez será un ejercicio previo para la elección del 5 de junio.
Una vez más estará a prueba el arrastre del presidente López Obrador, y la capacidad de movilización de la Cuarta Transformación.
Es una apuesta arriesgad; si el 1 de agosto no acude a participar el 40% de la lista nominal de electores, algo así como 37 millones de mexicanos, los resultados no podrían considerase vinculantes, y la oposición lo calificará como un fracaso del presidente.
Dicho lo anterior, y pese a los cuestionamientos que pudieran hacerse -quizás el económico sea el más pertinente de todos- el espíritu de la consulta popular es noble.
Más participación ciudadana equivale
a más democracia, y más ejercicios de este tipo derivarán a la larga en una mayor participación de la sociedad civil.
Justo lo que necesita México.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES