Desde que Morena quitó al PAN la mayoría en el Congreso del Estado y el albiazul perdió los ayuntamientos de mayor jerarquía de la entidad, se percibía que la relación política de la próxima legislatura con el ejecutivo estatal y los ayuntamientos sería de roces y discrepancias constantes.
También que, como consecuencia del fuerte antagonismo protagonizado por el gobierno cabecista y el del presidente López Obrador, la sucesión política estatal podría ser agitada y muy pero muy apasionada.
Y parece que para allá vamos.
De entrada, los diputados electos de la 4T ya anunciaron que dedicarán parte de sus actividades a la revisión del manejo de los recursos públicos estatales y municipales, esto con el objeto de verificar si los ex ediles y ediles reelectos se apegaron a las disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Eso significa que, tan pronto asuman el cargo, además de la aprobación de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del ejercicio 2022, el último de la gestión del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, los morenistas vigilarán con lupa las cuentas públicas de los dos niveles de gobierno.
Como lo hizo el gobierno albiazul con las del alcalde de Tampico, Gustavo Torres Salinas, la de su sucesora en el cargo, María Magdalena Peraza Guerra, igual que la de Mario Alberto Neri Castilla en ciudad Madero, a las que los panistas denunciaron por peculados millonarios, entre otros delitos, ante la desaparecida Procuraduría de Justicia de la entidad.
Si, como se vislumbra, además, la agenda de trabajo de la próxima legislatura incluye echar abajo la reforma constitucional que impidió la homologación de la declaratoria de desafuero emitida por el congreso federal para blindar al gobernador de cualquier acción judicial, agregaría ingredientes de interés extra al proceso sucesorio del que podrían salir chispas a lo largo de la campaña electoral.
Obviamente, en el momento en el que los estrategas y operadores del partido guinda descubran cualquier anomalía que demerite a los adversarios, particularmente a los de filiación panista, le van a dar vuelo mediático para sacar raja política de cara a la disputa de la gubernatura que los militantes y simpatizantes del partido de AMLO se proponen apoderar.
El que, por otra parte, da la impresión de que no tiene ánimo de revanchismo ni de cobrar de facturas políticas a los militantes de otros partidos, es el alcalde electo de Altamira, Armando Martínez Manríquez.
El pasado 11 de junio, como se recordará, el futuro edil se reunió con el ex candidato del PAN, Ciro Hernández Arteaga, encuentro durante el que el ex priista llamó a la unidad a los ex contrincantes y a olvidar los colores partidistas para ponerse a trabajar conjuntamente por el bien de la comunidad, tarea que exige, dijo, el esfuerzo y participación de todos.
Ya que hablamos de la tierra de Cuco Sánchez, las muestras de afecto y simpatías que a diario recibe de los ciudadanos la alcaldesa Alma Laura Amparan Cruz en los recorridos de trabajo demuestran que el Partido Acción Nacional perdió el municipio, entre otras razones, por la división originada por el proceso selectivo del candidato y el rechazo de las familias a la postulación de Hernández Arteaga que arrastro a la derrota a la agrupación que gobierna a Tamaulipas.
Los analistas coinciden en que, aunque Ciro es un elemento capaz y contaba con el respaldo de amplios segmentos de la población, piensan también que, si el ex diputado local y ex tesorero hubiera sido más humilde, más conciliador y menos autosuficiente, quizá los resultados de las votaciones del mes pasado habrían sido muy diferentes y el municipio seguiría siendo gobernado por el instituto fundado por Manuel Gómez Morín.
Desde luego, Martínez Manríquez, está consciente de que su administración no será un día de campo. Sabe que, no obstante los esfuerzos realizados durante seis años por el gobierno de Alma Laura, la insuficiencia de recursos económicos ha impedido resolver el rezago social y urbano que padece el municipio, la administración que presidirá a partir del primer día de octubre tendrá que mejorar las condiciones de vida y bienestar de la gente, si quiere probar que el régimen obradorista será exitoso y está interesado en buscar la reelección en el 2024.
POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ
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