VICTORIA.- Sin un grupo parlamentario que alcance mayoría calificada en el Congreso, y con un pleno dividido a mitades entre Morena-PT y el resto de los partidos, se inaugura una nueva etapa política de Tamaulipas en la que será muy complejo reformar la Constitución del Estado, o incluso remover o seleccionar a los titulares de diferentes organismos.
Con el paso de dos diputadas de la coalición Juntos haremos historia al PAN, las fuerzas al interior de la Legislatura se nivelaron.
Morena y su aliado el PT se quedaron con apenas 18 diputados, la mitad del Congreso.
La otra mitad está integrada por 15 diputados de Acción Nacional, dos del PRI y uno de Movimiento Ciudadano.
Es decir, incluso para aprobar procedimientos legislativos sencillos, como la elaboración de exhortos o cualquier iniciativa que no requiera modificar la Constitución, los diputados de la cuarta transformación necesitarán convencer por lo menos a un legislador de otro partido para tener la mitad más uno en el Pleno.
En los próximos días por ejemplo, debe realizarse la votación de cargos importantes en el organigrama del Congreso como el de Secretario General.
Este debe ser propuesto por la Junta de Coordinación Política, que durante la primera mitad de la Legislatura estará en manos de Morena, pero debe ser votado por los diputados, y se requiere la mayoría simple.
Si el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se opusieran a la propuesta que impulse el coordinador morenista, Armando Zertuche, podrían complicar la designación del Secretario.
Las reformas gran calado para el estado lucen todavía más complicadas.
Para realizarlas se requiere la aprobación de dos terceras partes del Pleno.
Si todos los legisladores acuden a la sesión, se necesitarían 24 votos a favor; incluso si Morena consiguiera el voto de los diputados del PRI, Edgar Melhem y Alejandra Cárdenas, y Gustavo Cárdenas de Movimiento Ciudadano, necesitaría que tres panistas más se sumaran a sus proyectos.
Con un agregado que lo hará todavía más complicado.
El pasado mes de junio, la Legislatura saliente utilizó su mayoría para modificar la Constitución Política de Tamaulipas para agregar un párrafo al artículo 165:
“Una vez aprobada la iniciativa de reforma o adición se enviará ésta a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates, los cuales en el término de 30 días naturales deberán notificar si la aprueban o no. Una vez transcurrido este término el Congreso realizará el cómputo correspondiente y, de obtenerse una mayoría de votos de los ayuntamientos en favor de la adición o reforma, ésta se declarará parte de la Constitución…”.
Esto quiere decir que, además de la aprobación de las dos terceras partes del Pleno, la reforma debe ser avalada después por 22 Ayuntamientos.
Si se considera que Morena y PT apenas tienen nueve municipios bajo su poder, las reformas a la Constitución lucen casi imposibles al menos por los próximos tres años.
En ese mismo lapso, el Congreso del Estado aprobó otra reforma a la Constitución. Diputados del PAN y PRI aprobaron una modificación al artículo 84 para especificar que las determinaciones del Pleno en casos de desafuero sean definitivas e inatacables.
“En todos aquellos casos en los que el Congreso del Estado hubiese determinado la no homologación de la declaratoria por parte de alguna de las cámaras federales en los asuntos de su competencia, su decisión será definitiva e inatacable. En estos casos no podrá seguirse ninguno de los procedimientos indicados en los dos primeros párrafos de este artículo”.
Es decir, la nueva Legislatura no podrá volver a abordar el caso del desafuero del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca a menos que vuelva a reformar la Constitución, pero para eso necesita además de la mayoría calificada, el respaldo de al menos 22 Ayuntamientos.
Esas dos modificaciones en conjunto, generaron que el Senado de la República presentara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual todavía se encuentra en estudio.
Auditor, difícil de remover
Para la bancada de Morena y PT será muy difícil reorganizar organismos fundamentales para la estructura de vigilancia e impartición de justicia del estado.
En la Auditoría Superior del Estado, que depende formalmente del Congreso, no podría removerse al titular Jorge Espino Ascanio, quien fue elegido por un periodo de ocho años que concluiría hasta el 2025, e incluso podría ser designado para otro periodo similar.
Diputados morenistas de la anterior legislatura y de la actual han cuestionado la actuación del auditor, y han asegurado que harán lo posible por removerlo.
Sin embargo, por la composición del Congreso, esa posibilidad luce muy difícil.
Para quitarlo de su puesto, el Pleno debe dictaminar que hubiera incurrido en faltas graves, que pudieran ser actos comprobado de corrupción; también aplicaría si este se ausentara por más de un mes de sus funciones o si dejara de presentar los informes que le exige la ley.
Pero para que su remoción se materializara, tendría ser aprobada por dos terceras partes del Pleno, la misma cantidad de votos que se requieren para designar al nuevo Auditor.
Fiscal, inamovible
También el Fiscal General de Justicia seria inamovible por el Congreso, por lo menos hasta el 2025.
Irving Barrios fue designado como Procurador General de Justicia en el 2016, pero dos años después, con el cambio de Procuraduría a Fiscalía, inició un nuevo periodo que tendrá un duración de siete años.
Recientemente, en una de sus últimas iniciativas, la Legislatura anterior aprobó que se le permita reelegirse por un periodo de siete años más, pero además incluyó en la Constitución un candado para impedir su remoción, a menos de que dos terceras partes del Pleno lo aprueben.
Ello, argumentó en su momento el diputado Joaquín Hernández Correa, para evitar que “una decisión política fundamental del Congreso pueda ser desbandada unilateralmente por el Poder Ejecutivo o una mayoría simple del Congreso”.
Lo que se busca, aseguraron los panistas, es que el Fiscal “esté en condiciones de darle continuidad a su proyecto de consolidación institucional, en caso de que la legislatura estatal así lo crea conveniente al finalizar el período constitucional de su gestión”.
Presupuesto, con candado
A la nueva Legislatura le costará incluso, meter mano a los presupuestos de Egresos de los próximos años.
Esto, debido a que los diputados que recién dejaron el cargo, aprobaron una reforma a la Constitución de Tamaulipas que impide reducir el presupuesto asignado por el rubro de seguridad, respecto al ejercicio fiscal anterior.
Los legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron por modificar el artículo 19 Bis, para que quedara así: “El Congreso establecerá en el Presupuesto de Egresos las partidas presupuestales correspondientes a las instituciones de seguridad pública del Estado, las cuales no podrán ser menores a las aprobadas en el ejercicio anual inmediato anterior”.
Poco después, la mayoría del Pleno también aprobó modificaciones a la Ley del Gasto Público del Estado para permitir al Poder Ejecutivo realizar contratos plurianuales en obra pública, bienes, servicios, así como arrendamientos, lo cual fue criticado por diputados de Morena, porque estos podrían extenderse más allá de la terminación del sexenio el año entrante.
Esta modificación podría ser revertidla por la nueva Legislatura si la bancada de Morena y PT consiguen un diputado aliado de alguna otra fuerza política.
El próximo Presidente de la Junta de Coordinación Política, Armando Zertuche Zuani, dijo en sus primeras declaraciones como coordinador de la bancada morenista, que crearán una Comisión de la Verdad, que se encargará de analizar todas las reformas que aprobó de última hora la anterior Legislatura para determinar cuáles pueden ser revertidas.
En los casos en los que se hayan incluido reformas a la Constitución, sería necesario que recurran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar controversias constitucionales.
Por Staff Expreso/La Razón