VICTORIA, TAM.- La Violencia Política contra las mujeres es toda acción, omisión, tolerancia incluida, basada en elementos de género y que se ejerce dentro del espacio público o privado, para limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, así mismo afecta el pleno ejercicio de las atribuciones de su labor, su libre desarrollo en la función pública toma de decisiones.
El impedimento para la libertad de organización y así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, cuando se trata de candidatas, funciones o cargos públicos, también se identifica como violencia política por razón de género.
Para el programa La Infiltrada del Grupo Editorial Expreso -La Razón, la especialista en esta materia, Nohemí Argüello Sosa, explica a detalle que básicamente los estereotipos de género arraigados en el sistema social y político son los elementos que dan pie a este tipo de violencia y que la comete cualquier persona, autoridad, medios de comunicación, políticos, hombre o mujer que no permita el pleno ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres.
Con base en el Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, esta violencia puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física o sexual. Y ejemplifica con un caso bastante normalizado en el lenguaje cotidiano, la expresión que pregunta “Qué esta haciendo ahí esa candidata, donde estarán sus hijos, por eso luego tiene problemas la juventud” esta es una expresión de violencia política por razón de género porque denostando a la mujer se le cuestiona y se le juzga socialmente, porque si tiene una labor de madre esta desatendiendo esa función, como si la responsabilidad de los hijos fuera solo de ella. Para reflexionar, la ex Consejera Electoral del IETAM nos invita a un ejercicio imaginativo de aplicar la misma expresión para un hombre, por ejemplo, cuestionar “Que esta haciendo ese hombre en la política, donde están sus hijos” pero es un planteamiento utópico pues la sociedad asume que a él no le toca cuidar de los vástagos y tiene libre albedrio para ejercer su función pública, sin ser molestado, cuestionado, criticado o juzgado.
“Estas expresiones son parte de la cultura y hasta hace muy poco tiempo eran normalizadas” nos dice Arguello Sosa, Maestra en el Estudio y Prevención de la Violencia de Género por la Universidad de Salamanca, España, conferenciante y catedrática en diplomados, cursos, talleres y seminarios sobre Género y Liderazgo Político, Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, Derecho Constitucional y Parlamentario, Derechos Humanos, Derecho Electora, Transparencia y Financiamiento de la Política y Campañas Electorales.
La violencia política contra las mujeres puede generar distintos tipos de responsabilidades, dependiendo del hecho y estas pueden ser administrativas, electorales, penales, civiles e internacionales, “Dependiendo quien es la víctima, quien el agresor y el tipo de conducta y de la condición del cargo donde esté la mujer o su condición de militante y de que tipo de falta administrativa o delito, son las sanciones”.
Así como en pandemia se confirma el aumento de la violencia doméstica, en procesos electorales se eleva el riesgo de las mujeres a sufrir ataques políticos por razón de género. Lo que se normaliza como “guerra sucia” en campañas políticas, tiene un riesgo diferenciado para las mujeres, ya que en todos los ámbitos públicos y privados la sociedad va a calificar la conducta con base al género. En otro ejemplo, la especialista en temas de género nos habla de las víctimas directas o indirectas, estas últimas pueden ser su familia o allegados, en agresiones normalizadas se puede cuestionar a una candidata por tener un amante y ventilar su situación sentimental o
vida privada, afectándola de forma desproporcionada por ser mujer. Porque la sociedad juzga más a las mujeres que a los hombres.
“Y más allá de un delito, que puede ser calumnia o no, estamos hablando de que esa mujer tiene familia, hijos, hijas que sufren de manera indirecta esa denostación de su madre, esa afectación a la honra de su madre, que aun cuando los hijos lo conozcan a la pareja que se le etiqueta como amante les afecta, les afecta que hablen mal de su mamá en la prensa, son víctimas indirectas, pero además cuando se habla de amenazas las personas integrantes de su equipo político pueden ser blanco también de este tipo de violencia y entonces estamos hablando ya de que cuando la víctima directa denuncia, se aplica un protocolo para el análisis directo del caso y ante esa situación, y sobre todo cuando se trata de amenazas el Estado tiene la obligación de atender el caso y emitir medidas cautelares”.
VIOLENTÓMETRO PARA DETECTAR VIOLENCIA POLITICA CONTRA MUJERES
Para entender más el contexto de violencia política, el INE formuló un Violentómetro con las conductas que podrían configurar violencia política en razón de género, se trata de un documento realizado por instituciones que conforman el Observatorio de Participación Política de las Mujeres y lo ofrecen como una guía que enumera, del 1 al 38, la escala de este tipo de agresiones.
Muy similar al Violentómetro que elaboró el IPN y que mide el grado de violencias hacia las mujeres, en este se inicia con las conductas de bromas hirientes, agresiones verbales, restringir el uso de la palabra, ridiculizar o faltar el respeto, humillar en público, difamación, calumnia, chantaje, exclusión de la toma de decisiones, acoso y hostigamiento laboral, amenazas, presiones para que renuncie, agresiones contra familia y amigos, ataques o amenazas con arma, abuso sexual, violación, secuestro, mutilación y Feminicidio.
En este mismo sentido, Tamaulipas acaba de renovar el convenio del Protocolo de atención a estas violencias, Nohemí Arguello nos informa que precisamente antes de culminar su función en el IETAM se logró ratificar el acuerdo de colaboración interinstitucional entre la Fiscalía General de Justicia del Estado, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, el INE y el IETAM, convenio que da vida al Observatorio de participación política de la mujeres en el estado, donde se aprobó la actualización del mismo.
Este protocolo tiene una serie de acciones que incluye el análisis de riesgo y el contacto directo con la víctima para poder atender sus necesidades y dudas sobre cómo proceder ante un caso de violencia política contra las mujeres.
POR GUADALUPE ESCOBEDO