Sea por una broma del destino o porque en la decisión de la Corte hay un perverso cálculo político, el día en que se cierran las campañas por la gubernatura de Tamaulipas, la primera sala del máximo Tribunal del país discutirá y votará las controversias relacionadas con el desafuero del gobernador Cabeza de Vaca.
Para dimensionar esta curiosidad, habría que recordar el largo camino que nos trajo hasta este momento inédito de la historia tamaulipeca.
Hace más de un año, el 23 de febrero del 2021, la Fiscalía General de la República solicitó formalmente el juicio de procedencia contra el mandatario de Tamaulipas.
Más de dos meses después, el 30 de abril la Cámara de Diputados aprobó el desafuero, y esa misma tarde, en medio de pura incertidumbre por la interpretación de la ley, el Congreso de Tamaulipas lo declaró improcedente.
En ese momento empezó una compleja discusión sobre las alcances de lo aprobado por los diputados federales, y la facultad de los legisladores locales para detener el juicio de procedencia.
El debate llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 14 de mayo desechó la controversia presentada por el Congreso local, pero aclaró en la determinación del ministro Juan Luis González Alcántara que el gobernador mantenía su inmunidad procesal, lo que a su vez derivó en la inconformidad de la Fiscalía General de la República.
En ese complejo entramado de contragolpes jurídicos, la Corte decidió que era necesaria una discusión sobre el fondo del asunto: la ambigüedad del artículo 111 de la Constitución que por un lado dice que en estos temas “las resoluciones y declaraciones de la Cámara de Diputados son inatacables”, pero al mismo tiempo señala que “la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.
Ahí se atoró la carreta.
Pasó el proceso electoral del 2021 -el más grande en la historia del estado-, la selección de candidatos para el 2022, y buena parte de la campaña por la gubernatura sin noticias de la Corte.
Finalmente, 13 meses después de las primeras controversias, se agendó la discusión del tema para el 1 de junio, el día en que los candidatos deberán suspender el proselitismo, a poco más de 72 horas de que se abran las casillas para que 2.7 millones de tamaulipecos salgan a elegir al nuevo gobernador.
Todo esto, en medio de la campaña política más tensa que se recuerde en el estado, con serias acusaciones cruzadas entre los equipos de ambos candidatos.
Así, lo que decidan la mayoría de los cinco ministros de la Primera Sala será otro factor a tomar en cuenta para la elección y, por si hacía falta, un nuevo elemento polarizante.
Aunque en el fondo las posibilidades son sólo dos (desafuero sí o no), la discusión por sí misma, el marcador de la votación y los términos que se empleen en el proyecto también pesarán en la narrativa política y la manera en la que los equipos de los candidatos pretendan capitalizarla para hacerla parte de la campaña.
Tomen sus localidades o abróchense los cinturones. Esta inagotable fuente de sorpresas que es la política tamaulipeca nos tiene deparada para el próximo miércoles otra jornada inolvidable.
Por Miguel Domínguez Flores
