TAMAULIPAS.- A estas alturas hay muchas más probabilidades de que se caiga la designación de Luis René Cantú como Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, que la elección del 5 de junio en la que Américo Villarreal Anaya se convirtió en gobernador electo.
El Tribunal Electoral de Tamaulipas tiene en sus manos dos recursos de derechos político electorales contra el proceso interno de Acción Nacional que derivó en el nombramiento por default del “Cachorro” como dirigente e Imelda Sanmiguel como Secretaria General.
El TE-RDC-41/2022 fue interpuesto por el ex senador José Julián Sacramento y el TE-RDC-41/2022 fue promovido por el panista tampiqueño Miguel Pérez Álvarez.
En ambos casos, la denuncia es la misma: que la Comisión Estatal Organizadora de la Elección del CDE del PAN en Tamaulipas incurrió en diversas irregularidades que impidieron su registro para competir en una elección abierta como dictaba la convocatoria, contra la planilla de Cantú Galván.
Ambos asuntos cayeron en manos de la Presidenta del Tribunal, la magistrada Blanca Hernández Rojas.
Un simple vistazo al sentido de sus proyectos y votaciones hace sospechar que propondrá a sus compañeros validar el proceso interno que llevó al “Cachorro” a la reelección.
Pero la misma revisión de las últimas discusiones en el seno del Tribunal podría hacernos pensar que difícilmente la propuesta de la presidenta obtenga el apoyo de al menos otros dos magistrados.
Más allá de eso, sea cual sea el criterio que prevalezca al interior del Trieltam, es evidente que la validez de la dirigencia panista también recaerá en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El otro gran asunto que está en manos del antes llamado Trife es la validación del triunfo de Américo Villarreal Anaya.
La Sala Superior tiene agendada una sesión el día de hoy en la que el caso Tamaulipas no está programado en el orden del día.
Sin embargo, parece cuestión de tiempo, unos cuantos días, para que los magistrados federales determinen lo que cada vez resulta más evidente: no hay ni un elemento sólido que permita siquiera discutir la anulación de la elección del 5 de junio.
Por eso, los magistrados no dedicaron demasiada atención a la impugnación del Distrito 13, que los abogados panistas habían utilizado para ejemplificar las supuestas causales para la invalidación.
La conferencia de prensa ofrecida ayer en el Senado, pero sobre todo el tono de reproche utilizado por el abogado Marco Antonio Baños y los demás participantes contra la magistrada Mónica Analí Soto, parecen confirmar que en el fondo coinciden con la opinión de los morenistas: tras el desechamiento de los otros 15 recursos, la Sala Superior no tiene ya de dónde asirse para inclinarse por una eventual anulación.
Es simple y llano sentido común.
La reconfiguración del Poder Judicial
Todas las miradas hoy estarán puestas otra vez en el Congreso de Tamaulipas.
En la sesión extraordinaria convocada ayer por la Diputación Permanente cuya presidencia sigue ostentando Félix García Aguiar, se planea aprobar siete dictámenes entre los que destacan dos temas.
Primero, la reforma para que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, ya bajo el manto administrativo de la Fiscalía General de Justicia, pueda acceder de manera directa a los sistemas contables de la Secretaría de Finanzas.
Y segundo, el intento de nombrar a un nuevo magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. Este asunto generará mucha rispidez por que lo que viene en los últimos días de la administración estatal saliente es un intento de reacomodo del Poder Judicial.
