La guerra política que emprendió Francisco García Cabeza de Vaca contra sus opositores desde hace hace ya casi dos años, estuvo sustentada -y sigue aunque, cada vez más menguada- en dos frentes: el legislativo y el judicial.
En el Congreso del Estado, la anterior legislatura presidida por Gerardo Peña llegó hasta extremos nunca vistos para blindar al entonces gobernador, que también fueron replicados por la bancada actual del PAN.
Torcieron la ley a su antojo y por la mala, aplicaron todo tipo de candados que apenas hace unos meses empezaron a romperse.
La otra batalla se libró en el Poder Judicial. El Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas durante el mandato de Horacio Ortiz Renán estuvo al servicio de su jefe político, y aún hoy, buena parte de su estructura opera bajo esa consigna.
Pero no fueron solo los jueces locales.
Para que la estrategia del cabecismo perdurara, y para permitir que ese grupo mantenga cierto oxígeno en la vida pública a pesar de las derrotas políticas que han sufrido y de las serias acusaciones en su contra, ha sido necesaria la intervención de por lo menos dos juzgadores federales.
Se sabe que tan pronto como inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones, la bancada de Morena llevara al Pleno del Congreso la exigencia de que se investigue y se remueva de sus cargos a Faustino Gutiérrez Pérez, juez octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas; y Juan Fernando Alvarado López, juez séptimo de Distrito. Ambos, faltaba más, con sede en Reynosa.
El primero ha sido el facilitador de todos los amparos que han requerido el ex gobernador, sus familiares, socios y operadores más cercanos.
En algunos casos para suspender órdenes de aprehensión, pero en muchos más, para ordenar el desbloqueo de sus cuentas bancarias, congeladas a petición de diferentes órganos de investigación por diversos delitos.
Mientras que el juez Alvarado López ha sido un espejo perfecto de Faustino. Cuando el juzgado octavo está saturado de asuntos relacionados con el cabecismo, estos se pasan al séptimo.
Entre los dos han otorgado al menos 12 suspensiones al ex gobernador, sus dos hermanos, su esposa, su madre, su primo Victor Hugo Guerra García, y dos de sus presuntos socios: Baltazar Reséndez Cantú y Francisco Tamez Arellano.
En esa lista figura la famosa suspensión definitiva concedida al ex gobernador contra la orden de aprehensión liberada en su contra, una vez que perdió el fuero constitucional.
El juzgado octavo aprobó la suspensión, pero como los delitos que se le imputan son graves, no podría frenarse la detención ordenada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal en el Estado de México.
También son los responsables del último salvavidas al que se aferró el fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, para evitar que el Congreso del Estado procediera contra él a pesar de que el mismo Fiscal General de Justicia confirmó que no cumplió con los exámenes de control, que son requisito para ocupar esa posición.
De esa dimensión es el apoyo que estos dos jueces han brindado al ex gobernador.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES