Apenas se den a conocer los resultados de la elección extraordinaria que se realizará el 19 de febrero, habrá comenzado el proceso electoral del 2024.
No formalmente porque eso ocurrirá en septiembre, pero en los hechos, quienes tienen algún interés en el futuro político de la entidad arreciarán sus operaciones para figurar entre los protagonistas de una elección gigantesca, en la que se elegirán 43 alcaldes con todo y sus ayuntamientos, 36 diputados locales (22 de mayoría y 14 plurinominales), ocho diputados federales, y dos senadores.
Es decir, lo único que no estará en juego el 2 de junio del próximo año será la gubernatura de Tamaulipas.
Pero los resultados de esa jornada sí serán definitivos para el rumbo que pueda tomar, a partir de ese momento la administración de Américo Villarreal Anaya.
Sobra decir que el partido en el poder no puede darse el lujo de perder la presencia territorial que ganó en la elección del 2021 con las alcaldías de los principales municipios.
Pero mucho más importante que eso será el número de curules que logre ganar Morena en el Congreso local.
Los primeros meses de este gobierno han sido esclarecedores respecto a la importancia de contar con una mayoría calificada en el Legislativo.
Las victorias que ha obtenido el Ejecutivo en el Congreso han llegado más por la vía de la estrategia jurídica, dictada por personajes como Tania Contreras o Andrés García Repper, que por la vía de la política parlamentaria.
En esa lista puede sumarse la contrarreforma que quitó a la FGJ el control del C4 y C5, o la de la ley de aguas, que derribó el blíndaje de la poderosa Comapa de Tampico.
Incluso la recuperación de la Junta de Coordinación Política obedeció a una táctica que encontró su éxito en algunos recovecos legales ofrecidos por la Constitución de Tamaulipas.
Si habláramos de futbol, podríamos decir que los estrategas jurídicos de Palacio aplicaron el colmillo para que Morena accediera al control del Congreso sin la necesidad de contar con el voto de 24 diputados.
Pero ni el juego al filo del reglamento, ni el jogo bonito, pueden durar para siempre.
Por eso para el gobierno de Américo Villarreal Anaya debe ser prioridad una victoria contundente en la elección del 2024.
Una que le alcance para tener ahora sí la mayoría calificada en el Legislativo, y con ello, maniobrar en todos los organismos que aún responden a sus patrones del pasado.
La clave -ya lo deben saber en Morena- está en la selección de candidatos, que además de ser aptos para ganar campañas, deberían tener mínimas capacidades parlamentarias.
Con su llegada al poder en Tamaulipas, el partido de la 4T no puede permitirse tener una bancada de tan bajo nivel como la que tiene ahora; ni hablar de llevar al Palacio Legislativo a diputados capaces de brincarse de grupo parlamentario a la menor provocación.
Iniciativa topará con pared
Separar en los hechos el Consejo de la Judicatura del Supremo Tribunal de Justicia parece una buena idea para la causa morenista porque avanza en el mismo camino emprendido desde hace meses para acotar el poder de un Poder Judicial que le jugó chueco al ahora gobernador, Américo Villarreal Anaya.
Pero la reforma planteada el martes por las dos diputadas panistas expulsadas de su bancada, se enfrentará con dos problemas: el primero es que necesita 24 votos por tratarse de un cambio a la Constitución de Tamaulipas, y a juzgar por la primera votación, no los tienen.
El segundo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado respecto a iniciativas similares en otras partes del país, como la Ciudad de México, y ha advertido su inconstitucionalidad.
Por Miguel Domínguez Flores