Más allá de los anuncios realizados ayer por Alejandro Encinas, como la próxima inauguración del Centro de Identificación Humana en Altamira, o la propuesta de una reforma para proteger a los periodistas, la visita del subsecretario a Tamaulipas sirvió para dimensionar la crisis que dejaron como herencia las administraciones anteriores.
La buena noticia, el mensaje político detrás de su presencia en la entidad, es que el gobierno federal está consciente de los grandes pendientes que hay que resolver en materia de derechos humanos.
Los datos que Encinas puso sobre la mesa son elocuentes: Tamaulipas es el primer lugar del país en menores de 0
a 4 años desaparecidos, con 440 casos.
Es el cuarto lugar en el porcentaje de no localización; es decir, el número de personas que no aparecen aún después
de los operativos de búsqueda.
En lo general, es el tercer lugar de la República con mayor cantidad de desaparecidos reportados en su territorio: 12,523 personas, la gran mayoría entre el 2010 y el 2018.
Un detalle preocupa particularmente a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob: en Tamaulipas es mayor el porcentaje de mujeres desaparecidas al de otras entidades.
Todas estas cifras que sirven para contextualizar la gravedad del asunto, también confirman que durante muchos años, las autoridades de todos los ámbitos de gobierno prefirieron ignorar el tema.
Una llamada de atención de la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública del 2021, que podría pasar
por anecdótica, refuerza la percepción de que la anterior administración estatal no se interesó en resolver esta crisis que ha lastimado a miles de tamaulipecos.
Cada año, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas transfiere a las entidades un subsidio para fortalecer sus organismos locales y además, ofrece una bolsa que debe servir para acelerar la localización de desaparecidos.
Para el ejercicio fiscal del 2021, Tamaulipas recibió 18 millones 185 mil pesos del subsidio ordinario, y no hay registro de que haya concursado por los recursos extraordinarios.
De hecho, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ni siquiera aplicó todo el recurso enviado por el Gobierno
Federal, pues tuvo que reintegrar el 5.9 por ciento, equivalente a 1 millón 069 mil pesos.
“Sobre el particular no se proporcionó la información que justifique los motivos por los cuales no se ejercieron
dichos recursos ministrados”, señaló la Auditoría Superior de la Federación.
No se pudo comprobar la razón “por la que estos no fueron destinados a realizar acciones de búsqueda en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares”.
Después de la visita de Encinas, claro, hay que esperar que próximamente se pase del diagnóstico a las soluciones.
El arranque de operaciones del Centro de Identificación Humana en el sur de Tamaulipas es una buena noticia. Será
mejor cuando empiece a reducirse la cifra de casi 3 mil cadáveres sin identidad en las fosas comunes y Semefos del
estado.