Por Staff
Expreso-La Razón
Las indagatorias para detectar y castigar la evasión fiscal a través de la importación ilegal de combustible, continúan en diversos frentes.
Esta semana, un juez federal vinculó a proceso a tres ex funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) adscritos a la delegación en Tamaulipas, por su presunta responsabilidad en el delito contra la administración de justicia, al haber determinado el no ejercicio de la acción penal en una carpeta de investigación relacionada con el robo de hidrocarburos.
Los imputados son Juan Arturo “G”, ex encargado de la Fiscalía de Investigación Federal en el estado —antes denominada Delegación de la FGR—; Israel “V”, ex fiscal en jefe; y Carlos Alberto “P”, ex agente del Ministerio Público Federal. La imputación fue presentada por la propia FGR a través de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), cuyo agente del Ministerio Público Federal aportó los datos de prueba que sustentaron la vinculación.
De acuerdo con la dependencia federal, los tres exservidores públicos determinaron el no ejercicio de la acción penal contra los presuntos responsables en una carpeta de investigación iniciada en Tamaulipas por el delito de sustracción o alteración de activos de la industria petrolera. Con ello, presuntamente incumplieron su obligación de investigar hechos con apariencia de delito, desarrollar líneas de investigación y ejecutar los actos tendientes a acreditar el ilícito.
La vinculación a proceso de los ex funcionarios de la FGR se produce en el marco de una serie de investigaciones sobre el huachicol fiscal en Tamaulipas, modalidad del robo de hidrocarburos que opera mediante la falsificación o alteración de comprobantes fiscales para amparar combustible de procedencia ilícita como si fuera producto legalmente adquirido.
Juan Arturo “G” ocupó la delegación tras la muerte de Cuitláhuac Vázquez Reyna, asesinado en el mes de agosto del 2025 en Reynosa.
“Los primeros datos que señalan la violencia inusitada y la brutalidad del delito cometido, indican una sólida probabilidad de que este hecho provenga de la delincuencia organizada”, señaló la dependencia a través de un comunicado en aquel momento.
Indicó que la principal línea de investigación estaba relacionada con los operativos que se han realizado contra el robo de combustible, uno de ellos cuando se aseguraron más de un millón de litros de hidrocarburo en un predio en Reynosa.
“Recientemente, en los últimos días del mes de julio, tuvo un grave descalabro cuando la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con esta Fiscalía y todo el Gabinete de Seguridad, lograron el decomiso de más de un millón 800 mil litros de gasolina y otros combustibles como producto del huachicol, más nueve tractocamiones, 12 motobombas, 39 frac tanks (tanques de almacenamiento móviles), tres vehículos, dos generadores de energía y una barredora industrial”.
Otro de los casos con mayor resonancia en la entidad es el relacionado con el nombre de Farías Laguna, en el que autoridades federales ejecutaron un decomiso de combustible en el puerto de Tampico. En esa operación fueron asegurados litros de hidrocarburo presuntamente amparados con documentación apócrifa o alterada, dentro de una red de distribución que, según las investigaciones, operaba en la zona portuaria del sur de Tamaulipas.
El huachicol fiscal representa una variante del robo de combustible que, a diferencia del ordeño directo de ductos, utiliza estructuras comerciales formalmente constituidas para introducir hidrocarburo robado o de contrabando al mercado legal, aprovechando comprobantes digitales de facturación —CFDI— con irregularidades. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha desarrollado un complemento específico en la cadena de comprobantes para rastrear la trazabilidad del combustible desde la refinería hasta el punto de venta, mecanismo que en diversos casos ha permitido detectar inconsistencias que derivaron en aseguramientos.
La imputación de los ex funcionarios de la FGR sugiere que, en al menos una carpeta de investigación vinculada a este tipo de conductas en Tamaulipas, el expediente habría sido archivado sin que se agotaran las líneas de investigación disponibles, lo que la FEAI califica como un posible incumplimiento de las obligaciones ministeriales.
