Una vez más en este sexenio, México se sitúa en una posición indefendible y frágil frente a EU. De manera constante los acontecimientos internos y externos rebasan la posición del gobierno. La ambigüedad es rampante e insoportable. No hay embajador, ni canciller, ni Senado, ni Presidente para atender las contingencias múltiples que se presentan en la relación bilateral. El Estado mexicano recurre a la simulación y la demagogia para atender los aspectos más graves de la relación con EU, tensionándola sin parar. El Presidente prefiere armarle incenditos antiyankis a Biden en sus exiguos foros con algunos actores latinoamericanos. El control sobre el crimen organizado está aparentemente perdido y lo muestra nítidamente el más reciente acontecimiento ocurrido en Tamaulipas con el secuestro de cuatro estadunidenses, de los cuales los secuestradores (se especula que fueron sicarios de la fracción Escorpión del Cártel del Golfo) asesinaron a dos. El crimen brutal en su expresión más cruda, que ciertamente generará una presión aún mayor y sin precedentes de EU que la que ya se tenía con los temas que están sobre la mesa de negociaciones. Recientemente dos diputados extremistas, Dan Crenshaw, de Texas, y Michael Waltz, de Florida, lanzaron la Resolución 18 (R18), en la que impulsan una ley para declarar “narcoterroristas” a los cárteles mexicanos, la cual, en el remoto caso de ser aprobada, le daría atribuciones al presidente de EU para perseguir a los cárteles en donde quiera que se encuentren, incluida la intervención militar y de contrainsurgencia en territorio nacional. Hay que imaginarse, nada más, cómo este tema, que es de la más alta prioridad para la seguridad nacional estadunidense (más de 100 mil muertos el año pasado por culpa del fentanilo), se podrá volver el estribillo de la campaña republicana contra Biden y el Partido Demócrata: México convertido de nuevo en piñata electoral en una campaña que ciertamente será muy agresiva, sobre todo ahora que Trump ya ha entrado de lleno a la contienda y está listo para usar
Nadie en el gobierno de López Obrador parece comprender esto o de plano hay limitaciones estatales graves y, por tanto, una grave falla estructural para poder operar y conducir un Estado que hoy en día tiene a los grupos delictivos como acompañantes centrales en el asiento delantero del carro estatal mexicano, tanto a nivel federal como local. Y esto, aunque nosotros también lo veamos y rechacemos, es lo que están observando desde Estados Unidos con una lupa monumental. Por si no teníamos suficiente con el problema de seguridad, tenemos el pendiente de la ley eléctrica y el maíz transgénico, los cuales se están consultando en el marco del T-MEC (sobre el maíz amarillo EU acaba de solicitar consultas), todo lo cual deja en suspenso una relación comercial (en el rubro energético, específicamente) que ha quedado accidentada por la ciega intransigencia de los impulsos soberanistas de AMLO. Hay, además, una nueva demanda laboral por una queja en la empresa Unique Fabricating, por supuestas violaciones a las condiciones de trabajo de los trabajadores. Y, por último, no podemos dejar de lado el pronunciamiento del Departamento de Estado, quien en días pasados manifestó su legítima preocupación (que es la de la mayoría de los mexicanos) por las políticas antidemocráticas y regresivas de la 4T al intentar desmantelar al INE y arrasar con los derechos electorales de la ciudadanía. Múltiples frentes abiertos gracias a la indolencia estatal del gobierno actual, que no ha preparado con seriedad su encuentro con un EU y un mundo cambiantes y que exigen cada vez en mayor medida respuestas creativas a los desafíos que impone el actual orden bilateral e internacional. Es menester destacar que la acumulación de problemas es consecuencia de la falta de una política de contención del gobierno mexicano, que desde que inició su gestión se ha rehusado a tener una agenda de riesgo que permita delinear escenarios reales y potenciales de crisis como las que ya presenciamos y que han desbordado las capacidades del Estado para hacerles frente. En lugar de hacerlo en casa, el Estado mexicano está siendo juzgado desde fuera (véase el juicio a García Luna) y está poniendo en evidencia la falsedad del discurso estatal, que se empeña en acusar al pasado por situaciones que hoy ya son parte de la realidad presente: el crimen organizado aumentó su penetración estatal durante este sexenio a grados intolerables. Si nos quejamos de la doble moral de EU, habría que empezar por poner orden en México y ejecutar una profunda política de limpieza del aparato estatal. De otra forma, no será creíble ninguna contraargumentación del gobierno de AMLO ante las acusaciones de que México se acerca cada vez más a ser un Estado fallido.
POR JOSÉ LUIS VALDÉS UGALDE
