La lucha por el Control del Congreso de Tamaulipas entró esta semana en una nueva etapa. Por un lado la bancada de Morena maniobra para derribar los candados legales que dejó la anterior Legislatura para evitar reformas constitucionales, y por el otro, los panistas se aferran para resistir y evitar a toda costa que esto ocurra.
Todo esto, a cuatro meses de que inicie el proceso electoral del 2024 en el que se renovará al Poder Legislativo local, con lo que podrían pasar dos cosas: que Morena y aliados incrementen sus posiciones para alcanzar la ansiada mayoría calificada, o que panistas y priístas equilibren aún más la balanza.
Apenas la semana pasada, la bancada de la 4T presentó una iniciativa para reformar el artículo 165 de la Constitución Política de Tamaulipas, lo que sería una llave para hacer muchos de los cambios que Morena necesita, incluida la posible remoción de titulares de organismos autónomos.
Este martes, la propuesta se convirtió en dictamen con la aprobación de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.
El espíritu de la reforma es eliminar el requisito de que la mayoría de los Ayuntamientos del estado avalen una iniciativa para que ésta pueda convertirse en reforma Constitucional.
También modifica la redacción de la ley para facilitar de alguna manera la conformación de la ansiada mayoría calificada.
Así quedaría el artículo 165 de la Constitución de Tamaulipas si se aprueba la propuesta morenista: “Esta Constitución podrá ser reformada y adicionada, pero para que las adiciones y reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que previamente sea tomada en cuenta la iniciativa de reformas o adición por la declaratoria de la mayoría de los diputados presentes y que sea aprobada cuando menos por las dos terceras partes de los diputados presentes”.
Es decir, ya no necesitarían ni el aval de los Cabildos ni 24 votos en el Pleno forzosamente; esta cifra podría bajar si en la sesión se ausentan algunos diputados, pues ahora no se requieren las dos terceras partes de “los miembros del Congreso” sino “de los diputados presentes”.
Este sería el segundo cambio a ese artículo de la Constitución en menos de dos años, pues de hecho la bancada del PAN en la anterior Legislatura realizó una primera modificación como método para evitar que Morena pudiera maniobrar con su nueva mayoría.
El 6 de junio del 2021, las elecciones locales representaron un vuelco en las dinámicas políticas del estado, pues Acción Nacional perdió la mayoría calificada que tenía en el Congreso y se convirtió en la segunda fuerza del Pleno. Ante ese panorama adverso, unos días después, el 22 de junio la bancada panista presentó su propuesta de reforma y apenas un día después la aprobaron.
Le agregaron al artículo 165 el siguiente párrafo: “Una vez aprobada la iniciativa de reforma o adición se enviará ésta a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates, los cuales en el término de 30 días naturales deberán notificar si la aprueban o no. Una vez transcurrido este término el Congreso realizará el cómputo correspondiente y, de obtenerse una mayoría de votos de los ayuntamientos en favor de la adición o reforma, ésta se declarará parte de la Constitución.
Se considerará que aprueban la reforma y adición aquellos ayuntamientos que no envíen su votación en el término establecido”.
En ese momento, los diputados panistas sabían que Morena podía acceder a la mayoría calificada en la siguiente legislatura, pero no podrían contar con el aval de al menos 22 Ayuntamientos, pues so
lo tenían en su poder diez alcaldías, aunque estas fueran las más importantes en términos territoriales y financieros.
Para hacer este cambio exprés, a unos días de que concluyera el último periodo de la 64 Legislaturas, los panistas argumentaron que era necesario “fortalecer la estabilidad constitucional” y “fortalecer la participación del ámbito municipal”.
El diputado Félix García Aguiar lo justificó así: “Los cambios a la normatividad constitucional son necesarios para mantenerla actualizada ante la realidad social y política; sin embargo, se debe considerar la pertinencia de que nuestra Constitución Política esté expuesta a constantes reformas, adiciones y derogaciones, pues una Ley Fundamental muy cambiante, puede generar inseguridad jurídica que impacta las normas fundamentales que rigen la convivencia social.
Lo anterior, demanda más mecanismos que garanticen y protejan la Constitución y, por consiguiente, los derechos”.
En realidad, la maniobra legislativa del PAN formaba parte de una estrategia integral para protegerse de posibles reformas que pudiera impulsar la nueva mayoría, partir de octubre cuando se instalara la 65 Legislatura.
Esa misma semana por ejemplo, metieron mano a la Constitución de Tamaulipas para aplicar un doble blindaje y evitar que se pudiera revivir en el Congreso el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca. Los diputados locales reformaron los artículos 84 de la Constitución Local y 44 de la Ley de Servidores Públicos.
La iniciativa presentada por García Aguiar, estableció que “en todos aquellos casos en los que el Congreso del Estado hubiese determinado la no homologación de la declaratoria por parte de alguna de las cámaras federales en los asuntos de su competencia, su decisión será definitiva e inatacable”.
Ya con el periodo ordinario de sesiones concluido, la bancada panista de la 64 Legislatura convocó a nueve sesiones extraordinarias en el Pleno para poder aprobar más reformas de última hora. Entre ellas, la propuesta por el diputado priísta, Florentino Saenz, para otorgar seguridad al ex gobernador Cabeza de Vaca y al entonces Secretario General de Gobierno, César Verástegui.
Para ello agregaron este párrafo al Artículo 19 Bis de la Constitución: “Con motivo de las funciones de su cargo es de interés público preservar la vida e integridad física de las personas titulares del Ejecutivo Estatal, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia, para lo cual el Estado garantizará las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes, durante el tiempo que dure su cargo, así como por un periodo igual al tiempo que ocupó el mismo y podrán ser prorrogables, en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten”
VAN CONTRA CANDADOS
En las últimas dos semanas, la bancada morenista ha presentado dos iniciativas para derribar el blindaje al ex gobernador y para quitar los candados a la Constitución.
Primero, el diputado Isidro Vargas Fernández, presentó una iniciativa para reformar el segundo párrafo de la fracción 1 del artículo 19 Bis de la Constitución del Estado, para retirar los escoltas al ex gobernador y los ex funcionarios. Explicó que la propuesta es para que en “congruencia con la realidad, se debe prevalecer entre los habitantes del estado y sin distingo, sea reformado el párrafo referido”. La reforma del segundo párrafo propone que la seguridad para el titular del Ejecutivo Estatal, y de los encargados de la Secretaría General de Gobierno, de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia, solo se otorgue durante el tiempo que permanezcan en su encargo.
La iniciativa presentada fue admitida a trámite, luego de 21 votos a favor de Morena, Movimiento Ciudadano y Nora Gómez del PAN, la abstención de Edgar Melhem del PRI y 14 votos en contra del PAN y los diputados del PRI, Ángel Covarrubias y Alejandra Cárdenas. Está pendiente su dictaminación en comisiones, tras lo cual se requeriría que se vote en el Pleno y conseguir la mayoría calificada. Poco después, se presentó y se dictaminó la iniciativa para que las reformas que se hagan a la Constitución del Estado, no requieran de la votación de los Ayuntamientos de Tamaulipas.
Los diputados de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, aprobaron reformar el Artículo 165 de la Constitución Política de Tamaulipas, no sólo para el caso de eliminar el segundo párrafo, sino para ajustar lo relativo al texto donde se establece que se requiere de las dos terceras partes de los diputados presentes para reformar este máximo ordenamiento.
Con la modificación, el texto quedaría de la siguiente manera: “Esta Constitución podrá ser reformada y adicionada, pero para que las adiciones y reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que previamente sea tomada en cuenta la iniciativa de reformas o adición por la declaratoria de la mayoría de los diputados presentes y que sea aprobada cuando menos por las dos terceras partes de los diputados presentes.”
“El poder Legislativo recuperará su dignidad.”, dijeron los morenistas. Para que ese cambio se haga efectivo, requeriría por última vez del apoyo de al menos 24 diputados.
Si se considera que Morena y aliados han logrado hasta 21 votos en el Pleno, la tarea para sus operadores será conseguir el respaldo de tres diputados más. Si lo logran, Morena tendrá a mano la posibilidad de reformar la Constitución, lo que sería una vía para destituir a los titulares de organismos como la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y hasta la Fiscalía General de Justicia.
POR STAFF
