CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Luego de más de dos años de la llamada masacre de Camargo en la que 19 personas fueron asesinadas y calcinadas en una brecha de Santa Anita, la justicia sigue postergándose para las víctimas y sus familias.
Luego de que el caso se estancó por varios años, el juicio se pactó para las 12:00 horas del lunes 22 de mayo en la sala F del edificio del Centro Integral de Justicia de ciudad Victoria, con enlace con la sala D en el penal de Altamira, sin embargo se pospuso.
No es la primera ocasión en que esto ocurre, desde un principio ha sido la constante, mayormente por cambios en los abogados defensores de los policías estatales detenidos y acusados de homicidio.
La causa del nuevo aplazamiento fue el mismo, pues no llegó uno de los abogados de los acusados, por lo que se realizará en el mes de junio.
El Ministerio Público de Tamaulipas acusa a 12 expolicías estatales, ocho de ellos pertenecían al Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), de homicidio calificado, abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad, según consta en la carpeta 23/2021.
Son 16 víctimas de Guatemala y uno de El Salvador, mientras que los otros dos eran mexicanos, presuntos polleros o traficantes de personas, que ayudarían a cruzar al grupo por Camargo a los Estados Unidos.
De acuerdo con las investigaciones del caso, los policías persiguieron y dispararon contra el grupo que viajaba a bordo de una camioneta Silverado y otra Sequoia, para después incinerar los cuerpos.
La investigación de la Fiscalía del Estado señala que los policías, quienes brindaban protección a un grupo delictivo que opera en esa zona, dispararon al grupo en al menos 113 ocasiones, provocando la muerte de las personas, para después incendiar los cuerpos.
Para tratar de borrar evidencia y después argumentar que se trató de algún grupo criminal, recogieron los casquillos, sin embargo, las investigaciones que los implican señalan que utilizaron sus celulares ese mismo día desde el lugar del hallazgo.
En la caja de la camioneta se encontraron 15 personas fallecidas, dos más en la cabina de la misma y otras dos personas cerca de la puerta del piloto y copiloto.
De acuerdo con la “Fundación para la Justicia”, en el caso de Camargo, las autoridades repitieron patrones que propician la impunidad y falta de eficiencia en la procuración de justicia, vista en otras masacres contra migrantes.
En esta las investigaciones se dividieron entre la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que lleva el caso por homicidio contra los 12 policías detenidos y la Fiscalía General de la República (FGR), investiga a los servidores del Instituto Nacional de Migración (INM).
Y la iniciada a solicitud de las familias de las víctimas, quienes pidieron a la FGR que se encargara de hacer esa investigación integral de la masacre de Camargo, aunque sólo se ha constreñido a investigar el tráfico de personas del que las víctimas fueron objeto.
“A pesar de haberse investigado inicialmente a ocho funcionarios, sólo dos son procesados en la actualidad (aunque no por delitos relacionados con la Masacre de Camargo)”.
Por ello, la Fundación para la Justicia urgió a indagar más sobre la participación de elementos del Instituto Nacional de Migración y de otras autoridades posiblemente coludidas, para poder determinar la participación de cada una de estas personas.
Actualmente, solo se considera como presuntos implicados a los policías municipales involucrados, dejando de lado las redes de macrocriminalidad que operan detrás de los policías y funcionarios posiblemente coludidos, quienes amparados bajo esta red cometen diversos delitos (extorsión, secuestro, trata, homicidio), así como actos de extrema crueldad –como sucedió en Camargo–.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
