Hay muchos elefantes en la sala de la política mexicana. Uno es la naturalidad con que se construye el más desfachatado mecanismo de elección de Estado que hayamos conocido.
Su pieza clave de inducción y compra del voto son los programas sociales, que se utilizan como promesa y como amenaza. Los mueven a ras de tierra los llamados Servidores de la Nación y, desde Palacio, el presidente mismo, que dice todo muy claro: ¿Quieren que sigan los programas? Ya saben por quién votar.
¿Quieren que se interrumpan? Ya saben también.
PROMESA Y AMENAZA.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación corrigió en este punto un criterio del INE, según el cual esta inducción del voto era parte de la libertad de expresión del presidente.
Determinó que “era necesario vincularlo a abstenerse de emitir expresiones y declaraciones de índole electoral”. Bienvenido el criterio del Trife, que luego el INE también adoptó, pero tiene una sanción mínima: retirar de la difusión institucional lo que el presidente ha dicho ya y circula por mil lados.
A la manipulación ilegal de los programas sociales hay que añadir otras ilegalidades. Todo el oficialismo está metido de cabeza en campañas anticipadas que violan la ley.
La abundancia de recursos monetarios aplicados a propaganda electoral de candidatos gobiernistas salta a la vista. Los miembros del gabinete y los gobernadores de Morena tienen consignas de intervención y encargos operativos en los procesos electorales en curso del Estado de México y Coahuila.
La elección de Estado incluye un aliado no visto hasta este sexenio: el crimen organizado, que actuó decisivamente en 2021, en favor de Morena, en Sinaloa, en Sonora, en Michoacán, en Quintana Roo y en el propio Estado de México, donde impuso a la actual presidenta de Valle de Bravo. Actuó también el año pasado en Tamaulipas, a favor del candidato oficial, Américo Villarreal. Y hay, en medio de todo, la represión olvidada de Ricardo Anaya.
Acusado de un delito falso, el contendiente presidencial de 2018 está en el exilio, sin poder volver a México, porque si vuelve lo meten a la cárcel.
En caso de conflictos pre o poselectorales, quedan en reserva la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.
LA VIOLENCIA
El sexenio alcanzó en estos días la cifra más alta de homicidios registrada durante un gobierno: 156 136. Esto es 65 % más que durante el sexenio de Calderón en el mismo lapso; 50 % más que en el de Peña.
A esa cifra hay que añadir 36 078 desaparecidos, previsiblemente muertos también, enterrados en fosas desconocidas, o sometidos a algún régimen de trata de personas, conducidas a la prostitución, la extorsión, los trabajos forzados o la leva criminal.
Conocemos el efecto anestésico de tanta violencia: la brutalidad de cada crimen acaba disuelto en el anonimato de las cifras agregadas de todos los días.
Masacre tras masacre, horror tras horror, vamos mirando hacia otra parte, pasando como sobre ascuas por las hogueras que devoran vidas.
Dejamos de ver al elefante en la sala y en el cementerio. Atrás del cementerio está el horror de zonas enteras capturadas por bandas criminales que ejercen como dueños, como brutales autoridades sustitutas, como señores de horca y cuchillo, sobre vidas y haciendas.
El país está lleno de “zonas de silencio”, como las nombró Claudio Lomnitz en su ciclo de conferencias sobre Zacatecas, en El Colegio Nacional. Hay zonas de silencio, zonas capturadas y gobernadas por el crimen en toda la República.
Es la probable condición de vida de aquel 30 % del territorio nacional que algún general estadunidense dijo que dominaba el crimen organizado.
Las zonas del silencio son zonas de miedo, sobre las que pende la inminencia continua del horror. Comunidades enteras que se saben capturadas y vigiladas por sus captores, de los que saben todo pero no pueden decir nada, y a los que les pagan para sobrevivir.
Nadie parece más interesado en no ver al elefante de la violencia que el gobierno federal y sus fuerzas de seguridad.
Nadie se ha mostrado más ineficaz en combatir al elefante que quienes recibieron en este gobierno la encomienda de hacerlo.
Tienen las peores cifras de la historia reciente. La militarización no sólo ha desvirtuado la función de las corporaciones militares. También las ha distraído de la tarea que este gobierno les entregó en exclusiva: la seguridad.
LOS MUERTOS
Pasamos sin mirar lo que es quizá el fenómeno capital de estos años. Un elefante tan grande que es difícil incluso de alcanzar con la vista en todas sus dimensiones. Me refiero al hecho de que, en estos años, México haya perdido cuatro años de esperanza de vida.
Es probable que nunca, ni en épocas de guerra, el país haya tenido esa cantidad de muertos en términos absolutos.
Hablamos de casi un millón de muertos en cinco años, entre 2018 y 2023. A los 156 000 muertos por homicidio y a los 38 078 desaparecidos habría que añadir los muertos que dejó la mala administración de la pandemia de covid, que dejó una cantidad de muertes en exceso de 793 625, según las cifras de la Secretaría de Salud (en caso de que exista todavía).
México corrió la perra suerte de otros grandes países cuyos gobiernos decidieron no hacer nada frente a la pandemia de covid. Me refiero al gobierno de Donald Trump, en Estados Unidos, que habló despectivamente de una “gripa china” y dejó que el virus se llevara, al final, a un millón de estadunidenses.
Algo de semejante envergadura sucedió con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien llegó a decir que el temor al covid era un asunto de “maricones”.
Aquí tuvimos a un presidente que dijo que el virus podía detenerse con amuletos y estampitas, y a un encargado de la pandemia que, cuando reconoció su existencia, dijo que produciría cuando mucho 60 000 muertes.
Los deudos, la historia y quizá los tribunales los están esperando adelante, para cuando pase el momento del shock y el país enlutado pueda mirar de frente la enormidad de este elefante y exigir cuentas a los responsables por sus delitos de omisión.
Porque fueron omisos en el diagnóstico, omisos en la rápida compra de vacunas, omisos en el reforzamiento del sistema de salud, omisos en la pedagogía y en la información oportuna contra la epidemia, omisos en el cuidado de médicos y paramédicos, omisos en el reforzamiento de hospitales y en la convocatoria nacional para atender la emergencia, omisos en la ayuda a las víctimas y a los deudos, omisos en la solidaridad y la compasión.
LA CORRUPCIÓN 4T
Al gobierno actual le pasa con la corrupción lo que en el cuento de Monterroso: despierta de su sueño y la corrupción sigue ahí.
El mayor fraude registrado con Enrique Peña Nieto fue la estafa maestra, que investigó y denunció Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La estafa maestra dispersó 6000 millones de pesos. El mayor desfalco del actual gobierno es el de Segalmex, la paraestatal encargada del abasto popular, también investigado y denunciado por MCCI. Segalmex dispersó 16 000 millones de pesos.
Por la estafa de Segalmex se investiga a funcionarios de la dependencia, pero no al director Ignacio Ovalle, antiguo jefe de López Obrador en los tiempos del presidente López Portillo.
En el índice de percepción de corrupción del Inegi, 86.3 % de la población considera frecuentes los actos de corrupción en el gobierno.
En el índice internacional de corrupción, que mide el World Justice Program, México ocupa el lugar 134 de 140 países y el lugar 30 de 32 en América Latina.
Hay videos de un hombre de confianza del presidente, Alejandro Esquer, participando en un carrusel de colas de banco que transfieren millones de pesos en efectivo mediante depósitos sucesivos de 50 000. Hemos visto al hermano del presidente, Pío López Obrador, recibir bolsas de dinero en efectivo “para la causa”.
La esposa de un excolaborador del presidente, César Yáñez, escribió un libro sobre la vieja práctica obradorista de recibir dinero en efectivo, en proporciones y frecuencia que justifican el título del libro: El rey del cash. Denuncias documentadas de corrupción han acompañado la gestión de colaboradores claves del presidente, como el secretario de la Defensa.
Y han tocado también a los hijos del mandatario y a su red de amigos. Cuando aparezca la historia completa de los contratos adjudicados sin licitación, una especialidad de este gobierno, el elefante de la corrupción aparecerá en todo su esplendor. Será probablemente una manada.
Baste pensar en los sobrecostos de la refinería de Dos Bocas: de 9000 millones de dólares a 18 000. O en el pesoducto invisible que pinta bardas y pone espectaculares por todo el país para precandidatos presidenciales del gobierno.
PRIMERO LOS RICOS
Quizá el elefante menos esperado que se pasea por la sala de Palacio es que el gobierno, cuyo lema es “Primero los pobres”, ha enriquecido, como pocos otros gobiernos, a los ricos. No hay duda de que los recursos del presupuesto federal se han reconducido hacia programas sociales, en especial a adultos mayores, que han visto duplicarse y tienen la promesa de ver triplicado lo que les dan, a nombre del presidente López Obrador.
Una familia con dos adultos mayores, cuatro jóvenes con acceso a becas o al programa Jóvenes construyendo el futuro y algún otro, pueden acumular un ingreso familiar que no han tenido antes. Pero todos esos programas, a lo largo de estos años, no han cumplido el propósito de reducir la pobreza. Para el año de 2022, según el Coneval, había 3.8 millones más de pobres que en 2018 y 15.6 millones de mexicanos habían perdido el acceso a la salud.
La pobreza empeoró y los pobres quedaron más desprotegidos. Muy distinta fue la cosa con los ricos. Según el informe de Oxfam, La desigualdad en México se acentúa, de 2023, la pandemia aceleró la concentración de la riqueza. Cito: Las fortunas de los superricos crecieron 117 veces más rápido que el resto de la economía. Y sin pagar ni un peso más (de impuestos) por estas ganancias extraordinarias.
Por cada 100 pesos de riqueza creada entre 2019 y 2021, se fueron 21 pesos al 1 % más rico y apenas 0.40 pesos al 50 % más pobre.
El 1 % más rico de la población —apenas 1.2 millones de personas— concentra casi 47 de cada 100 pesos de riqueza en el país.
En el índice del “capitalismo de cuates” de The Economist, los empresarios beneficiados por contratos públicos capturan en México el 9 % de la riqueza producida. México pasó, en estos años, del lugar 7 al 5 en materia de “capitalismo de cuates”.
El gobierno actual que se guía por la consigna “Primero los pobres”, podría añadir sin mentir: “Y más primero los ricos”.
Las fuerzas mayoritarias del mercado están de plácemes. Las clientelas de los programas sociales, al parecer, también. Como decía un amigo de otros tiempos: “Izquierda y derecha unidas, jamás serán vencidas”.
