CD. VICTORIA, TAM.- La Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas ha cambiado de manos ya en tres ocasiones en el año y medio que lleva la 65 Legislatura, un hecho inédito al que ahora se suma la creación de un nuevo órgano de control político y administrativo: la Junta de Gobierno que le quitará prácticamente todas sus facultades a la Jucopo.
El desorden en el Poder Legislativo ha llevado a los actuales diputados locales a romper varios récords. En este grupo, por ejemplo, es en el que se han registrado más casos de “chapulineo”, que incluyen cambios de bancadas, separaciones para crear un grupo parlamentario sin partido, y el vaivén de una de diputada que ya salió de Morena hacia el PAN en dos ocasiones. La historia comenzó el 1 de octubre del 2021.
En plena instalación de la 65 Legislatura, dos diputadas que llegaron como candidatas de los partidos de la 4T, renunciaron a su grupo parlamentario y anunciaron su adhesión a la bancada panista.
Fueron las diputadas Leticia Sánchez Guillermo, originaria de Matamoros, que compitió por Morena, y Lidia Martínez López, de Mante que compitió por el PT, la primeras en dar el salto.
Acusaron que el grupo parlamentario morenista las había excluido en los trabajos previos a la toma de posesión.
De hecho, los problemas para la bancada que coordinaba Armando Zertuche Zuani empezaron varios meses antes. Desde que se confirmó su triunfo en la mayoría de los distritos y su acceso a la Presidencia de la Junta de Coordinación Política inició una batalla interna por la coordinación del grupo parlamentario, a la que también aspiraba el diputado por Victoria, José Braña.
Tuvo que venir el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, para encabezar un cónclave en el sur de Tamaulipas, donde finalmente se decidió que Zertuche fuera el coordinador.
Pero los líos no terminaron con la primera desbandada encabezada por dos diputadas. Unos meses después, en marzo del 2022, la plurinominal Nancy Ruiz, denunció problemas internos y renunció a la bancada para declararse sin partido. Luego siguió la diputada Nallely Lara.
Poco después siguió sus pasos la diputada Leticia Vargas Álvarez. Así, en un abrir y cerrar de ojos, pasó de tener 20 escaños a sólo 15.
Eran todavía los tiempos de Francisco García Cabeza de Vaca en el poder -unos meses antes de la elección- y la operación política al interior del Congreso contribuyeron a esta desbandada.
Los conflictos internos en la bancada de Morena se agravaron hasta el punto de que el 10 de marzo del 2022, el PAN vio la oportunidad de subir al Pleno una iniciativa para modificar la Ley Interna del Congreso y apoderarse de la Jucopo. Lo lograron gracias al apoyo de las diputadas que renunciaron a Morena y a sus aliados del PRI.
Así, Félix García Aguiar se convirtió en el presidente del Congreso, y unas semanas después aprobaron un blindaje a su presidencia al volver a modificar la ley para que un nuevo cambio en la Jucopo solo fuera posible con el voto de dos terceras parte de los diputados.
La disminuida bancada de la 4T quedó atada de manos. Se quedaron sin la presidencia del Congreso, y sin la posibilidad derribar los candados impuestos por el cabecismo para sostener su estructura legislativa y de procuración de justicia.
Aún hoy, para los morenistas ha sido imposible remover al Fiscal General de Justicia, al Fiscal Anticorrupción, y al Auditor Superior del Estado.
En este entrampado legislativo mucho ha tenido que ver la injerencia de diversos liderazgos políticos. Primero el del ex gobernador Cabeza de Vaca que controla a la gran mayoría de diputados del PAN, empezando por personajes como Luis René Cantú, el dirigente estatal de ese partido, o Imelda Sanmiguel, la diputada de Nuevo Laredo, en cuyo periodo como presidenta de la Mesa Directiva se generaron las grandes derrotas para Morena.
Las votaciones de la bancada panista han estado encaminadas desde un principio, a evitar que se elimine la presencia de personajes ligados a la administración anterior en posiciones claves de la estructura pública, y de esta manera, impedir que se indague en las cuentas públicas del pasado, para que estas sean llevadas ante la justicia. Pero también se ha hecho evidente la influencia de alcaldes de diferentes municipios.
Adrián Oseguera tenían fuerte ascendencia sobre un grupo de diputadas del sur de Tamaulipas, Mario López Hernández sobre algún grupo de legisladoras de Matamoros -incluidas las ahora diputadas sin partido-, así como Maki Ortiz que tiene su mini bancada encabezada por Humberto Prieto Herrera, actual presidenta de la Diputación Permanente.
La llegada de Úrsula Salazar Mojica a la coordinación de la bancada morenista no cambió demasiado el panorama, aunque el arribo de Américo Villarreal al poder sí brindó un segundo aire al grupo parlamentario que le permitió operar para que en enero de este año, en un receso legislativo, se convocara a una sesión extraordinaria que le quitó al PAN la presidencia de la Junta de Coordinación Política.
A partir de entonces comenzó una guerra judicial que tuvo su punto más álgido este jueves cuando el Tribunal Electoral de Tamaulipas ordenara devolver la Jucopo a Félix García Aguiar.
Dicha determinación no ha sido acatada por los morenistas porque no han sido notificados formalmente, aunque Acción Nacional insiste en que no es necesario tal notificación porque la resolución de los magistrados fue pública. Mientras tanto, las oficinas de la Jucopo se encuentran encadenadas, algo que ya había ocurrido justamente cuando Morena había asumido la presidencia y el PAN se negaba a entregarla.
La historia cíclica de la actual Legislatura tendrá un nuevo capítulo en los Tribunales, donde tendría que dirimirse quién tiene la razón en esta lucha por el poder. Mientras tanto, la agenda legislativa seguirá congelada.
POR STAFF
