La semana pasada se registraron dos sucesos que reflejan el grave deterioro que experimenta la salud de la vida pública del estado.
En Reynosa, el pasado martes Ismael Cabeza de Vaca acudió al ayuntamiento por la carta de residencia de su hermano Francisco Javier, y le fue negada, supuestamente por órdenes de Carlos Peña Ortiz.
La decisión del polémico y siempre cuestionado hijo de Maki Ortiz tuvo repercusiones en lo inmediato, con la orden de aprehensión que le reactivó la Fiscalía General de Justicia, a cargo de Irving Barrios Mojica, un abogado cercano al grupo político del ex gobernador.
Ante los medios Peña Ortiz aseguró que fue en represalia por no otorgar la carta de residencia a Francisco Javier, a quien le urgía para registrarse como competidor de Xóchitl Gálvez y Santiago Creel.
Dos días después, el jueves, el Tribunal Electoral de Tamaulipas devuelve al PAN la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, previamente recuperada por Morena mediante una serie de reformas.
El sábado por la tarde noche, sin la participación de panistas y priistas y con el voto en contra de Movimiento Ciudadano, los diputados de Morena crearon en flashtrack la Junta de Gobierno para absorber las facultades de la ‘Jucopo’.
Ambos sucesos vulneran la vida institucional por la gravedad de las transgresiones a la Ley en función de intereses ajenos a las expectativas de los tamaulipecos.
La orden girada en contra de Peña Ortiz súbitamente quitó la máscara a Barrios Mojica y sacó a relucir una decisión visceral de Cabeza de Vaca que una vez más cayó en el juego de Maki Ortiz.
Otra vez mordió el anzuelo.
Pero los arranques viscerales de Francisco Javier anticipan que la Fiscalía podría ser utilizada nuevamente como herramienta para encarpetar a los rivales del panismo, tal y como ocurrió en el 2021 y en el 2022.
El uso de la coacción mediante la manipulación del aparato legal por un panismo que luego se victimiza, y el el golpismo legislativo por parte de facción morenista revelan qué la tóxica polarización no ha terminado y que se anticipa un clima turbulento en el proceso electoral que se ha puesto en marcha anticipadamente.
La permanencia de Irving Barrios, Raúl Ramírez y Jorge Espino en sus puestos pone a disposición del panismo cabecista la maquinaria perfecta y crece la sospecha de que será utilizada para la cacería de candidatos morenistas que estorben a sus proyectos.
Mientras tanto el impartidor de justicia , el Poder Judicial se encuentra sometido al ex gobernador por la incondicionalidad de los magistrados y una gran parte de los jueces, que le deben la chamba.
La persecución de ediles y funcionarios morenistas podría poner en jaque a la 4T cuando se abra la competencia por las diputaciones federales, las 43 presidencias municipales y sobre todo las diputaciones locales que son la prioridad de las dos grandes fuerzas que dominan la escena política.
La misma semana pasada quedó otra vez en evidencia la pobreza y discapacidad de la actual legislatura que por omisiones y traiciones, fracasó en el intento de rescatar a las fiscalías y al Tribunal, involucrados aún en intereses facciosos, sin escrúpulos a la hora de torcer la aplicación de la ley para servirles.
Como medida desesperada ante la falta de habilidad para negociar y reconstruir la mayoría que dejaron caer, los diputados morenistas pasaron por encima de la ley, fabricaron sus propias reglas e impusieron su voluntad sin razones contundentes.
La disputa en el congreso entre las fracciones dominantes transcurre de abuso en abuso, con desplantes autoritarios de ambas partes.
La desesperación es mala consejera, induce a incurrir en excesos a la hora de interpretar y aplicar la ley. Más aún, se advierte la ausencia de asesores experimentados, capacitados para conducir al Congreso por la vía de la legalidad.
Un viejo refrán aplica a la actitud que han mantenido los diputados panistas y morenistas: Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata.
Ambos sucesos y sus consecuentes resultados dañarán la vulnerada salud democrática del estado y ponen en predicamento la legalidad de sus acciones
La torcida aplicación de la ley en ajustes de cuentas o vendettas políticas deja muy mal parados a las fiscalías, al Supremo Tribunal y a los diputados locales que han pervertido el quehacer legislativo.
Y deja en evidencia a una clase política que mucho le queda deber a los tamaulipecos..
POR ALFONSO GARCÍA RODRÍGUEZ
@pedroalfonso88
