CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y el Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM) salieron reprobados en la métrica de Justicia Abierta, realizada por diversas organizaciones ciudadanas para medir el grado de apertura de las instituciones dentro del sistema mexicano.
El World Justice Project (WJP), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC) realizaron este trabajo, considerado el primero en su tipo, que evalúa cuatro aspectos: la transparencia, la participación, la colaboración y la rendición de cuentas.
En el promedio de esos cuatro factores, tanto el TJA como el TRIELTAM salieron mal evaluados, el primero con una calificación de 0.38 y el segundo con una calificación de 0.33, en una escala que va de 0 a 1.
Otros sujetos obligados de Tamaulipas que fueron medidos en este estudio fueron la Fiscalía General de Justicia que sacó una calificación de 0.58, el Poder Judicial en su conjunto que sacó 0.50 y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas con 0.7.
En el rubro de transparencia, se evaluó si “las instituciones del ecosistema de justicia hacen pública la información relativa a sus decisiones y acciones”, y qué tan factible “es que una persona obtenga información oportuna y relevante para tomar decisiones”.
En participación, se midieron bajo qué mecanismos “pueden participar e implicarse las personas con las instituciones de justicia”, y qué posibilidad tienen las personas “para comunicarse y ser escuchadas por parte de las instituciones de justicia”.
Colaboración se refiere a las formas en que “pueden incidir las personas en las acciones de las instituciones de justicia”.
Y rendición de cuentas los mecanismos con que “cuentan las personas para verificar el cumplimiento del mandato o controlar los excesos e ilegalidades de las autoridades”.
En el rubro específico de transparencia, el Tribunal Administrativo obtuvo 0.39 y el Tribunal Electoral un 0.45, mientras que el Poder Judicial un 0.49; la CODHET un 0.79 y la FGJ un 0.96.
En conjunto, los cinco sujetos obligados del estado de Tamaulipas que fueron medidos en este estudio, obtuvieron un promedio de 0.52, con un índice de 0.61 en Transparencia, 0.55 en participación, 0.48 en rendición de cuentas y 0.43 en colaboración.
El estudio publicado ayer presenta otra medición: la de Apertura Jurisdiccional, que busca determinar si las instituciones cumplen con su obligación de “hacer pública la información relativa a sus decisiones y acciones, en qué medida se cumple con esta obligación, de qué calidad es la información y si es accesible para todas las personas”.
En este rubro, las instituciones de Tamaulipas salieron mal evaluadas: el Poder Judicial de Tamaulipas obtuvo un 0.29, el Tribunal Electoral de Tamaulipas y el Tribunal Administrativo un 0.05.
SISTEMA ESTÁ EN CRISIS
El sistema de justicia en México está en crisis porque no resuelve los problemas de la gente de manera pronta y expedita, además de que no es accesible a las personas, consideró Lourdes Morales, directora de vinculación del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC).
En la presentación de la Métrica de Justicia Abierta, dijo que pese a la trascendencia que tiene el sistema de justicia para los ciudadanos, es unas de las áreas menos evaluadas debido a la complejidad de su campo, lo que no ha ayudado a superar la opacidad que tradicionalmente le ha acompañado.
«El sistema de justicia en México está en crisis. Si la justicia no es accesible, no es expedita, no es igualitaria, no sirve a las personas y, por el contrario, permite que haya impunidad, no es justicia.
«Tenemos que evitar lo que anunció en su momento Voltaire: los pueblos a quienes no se hace justicia terminan por hacerla en propia mano», consideró.
Morales dijo que la Métrica de Justicia Abierta, elaborada por el World Justice Project, el INAI y el IIRCCC, es un esfuerzo por dar luz al sistema de justicia y saber cómo está funcionando.
«Una política de justicia verdaderamente abierta no se limita solamente a políticas de transparencia proactiva o transparencia activa que centra sus esfuerzos a las demandas de información, sino que se requiere avanzar hacia una política de justicia abierta que articule espacios de participación y colaboración que fortalezcan su labor y que también generen rendición de cuentas sobre acciones, decisiones y responsabilidades», señaló.
La Métrica estableció una calificación de promedio de 0.42 puntos para 233 instituciones, entre las que se encuentran tribunales, fiscalías defensorías de derechos humanos. De acuerdo con el reporte, la escala de evaluación va 0 a 1, en donde 1 es indicativo de una institución totalmente abierta.
El Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, indicó que a diferencia de lo que se creía antes, de que la independencia judicial se defendía con la secrecía de su labor, hoy en día es necesario transparentar el quehacer de jueces y magistrados.
«La justicia abierta genera condiciones para tener confianza en las instituciones o rechazar su desempeño. ¿Por qué genera condiciones? Porque permite a la ciudadanía ser parte del proceso institucional, de la construcción de decisiones, de la decisión de políticas públicas a través de la participación, la colaboración y la transparencia», dijo.
«Me parece que es importante para tribunales y para la ciudadanía porque pueden generar mejores condiciones, también la justicia abierta, para que el desempeño en la impartición de justicia sea verdaderamente independiente, autónoma e imparcial».
Por Staff
Expreso-La Razón
