El ejercicio de los derechos políticos, a través de procesos electorales libres, pacíficos, competitivos y transparentes, es pilar fundamental de todo sistema democrático.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) garantiza el libre ejercicio de los derechos políticos, la posibilidad de elegir y ser elegido, la participación en lo público y el acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas.
Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental que se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados en la Convención Americana.
El juego democrático debe ser siempre íntegro, competitivo y leal, debe realizarse con respeto a las reglas de juego previamente establecidas, en donde los resultados de los comicios sea el que la gente decida libremente en las urnas.
El fortalecimiento de la democracia depende en gran medida del comportamiento y la cultura democrática de los candidatos contendientes. Aceptar los resultados es fundamental para garantizar transiciones pacíficas y dotar de legitimidad a las nuevas autoridades. Sin juego limpio, no hay democracia.
Somos testigos de una tendencia creciente de judicialización de la contienda electoral. Hay quienes quieren ganar en la mesa lo que no ganaron en las urnas, recurriendo a recursos judiciales tramposos y sin fundamentos sólidos para eliminar a sus contendientes a la mala.
Los golpes bajos en la contienda electoral son una señal inequívoca de pretensiones ilegítimas que buscan ignorar la decisión de la gente, expresada en las urnas.
La judicialización de la política, sin argumentos contundentes, basados en verdaderas injusticias, nos lleva a laberintos de ingobernabilidad donde se lastima la institucionalidad, la confianza pública y la credibilidad social.
A través de golpes bajos, abajo del cinturón y fuera de las reglas previas a la contienda, se produce un ambiente envenenado que desgasta a la justicia y también a la política.
Debemos evitar la restricción o exclusión de derechos y garantías que se derivan de la democracia representativa, sin interferencias indebidas o resoluciones judiciales a modo o por consigna. Participación para tod@s honrando las reglas de la contienda.
La CIDH ha señalado que el uso sistemático de la proscripción política es contrario al orden democrático americano, y los gobiernos tienen la obligación de garantizar la organización de los partidos políticos y otras asociaciones.
Si permitimos que se judicialice la política, que se politicen los comicios, que se proscriba a adversarios políticos, estamos permitiendo que nos roben la democracia y el derecho a vivir en libertad.
Como lo ha señalado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, hemos visto, en los últimos años, intentos por empañar los procesos electorales a través de campañas de desinformación, ataques dirigidos a las autoridades electorales y acusaciones y cruzadas de todo tipo. Todas estas acciones minan la confianza ciudadana.
BALANCE
Si ministerios públicos y jueces se convierten en comparsas para eliminar a la mala a candidatos y partidos, la contienda electoral pierde su naturaleza democrática en demérito de jugadores, árbitros y ciudadan@s.
El juego limpio es una condición indispensable para recuperar la confianza en la democracia. Los golpes bajos, diseñados para eliminar a los adversarios, son un cáncer maligno que debemos extirpar de manera inmediata. Es en las urnas donde se pierde y se gana. Todo lo demás son tretas y artilugios que a nadie convienen, perdiéndose el espíritu del fair play que tanto nos hace falta.
POR FRANCISCO GUERRERO AGUIRRE
