«Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley,
no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley»
Andrés Manuel López Obrador, abril 6, 2022
Esta frase ejemplifica perfectamente lo que es el sistema político y de gobierno en nuestro país. Cualquier mexicano sabe que la ley no es equitativa y mucho menos tiene una venda en los ojos. La balanza de la justicia generalmente se inclina a favor de quien tiene más recursos, ya sean económicos, políticos, familiares, empresariales, entre muchos más.
En México, desafortunadamente, damos por hecho que los funcionarios, gobernantes y políticos de alto rango, al igual que los grandes empresarios, pueden hacer lo que deseen sin peligro de sufrir consecuencia alguna. Desde faltas sencillas, como no respetar los reglamentos de tránsito, hasta delitos graves como fraude, enriquecimiento inexplicable, tráfico de influencias, delitos contra la salud y el medio ambiente hasta desapariciones forzadas y asesinatos. Curiosamente, cuando pensamos en crimen organizado vienen a nuestra mente cárteles del narcotráfico y organizaciones delictivas. Pero no caemos en cuenta que muchos grupos políticos y gobiernos democráticamente elegidos, con sus burocracias municipales, estatales y federal, actúan, se organizan y buscan los mismos fines que aquellos que trafican con estupefacientes: riqueza y poder en forma ilícita.
La impunidad en el país aumentó de 92.4% en 2019 a 94.8% en un solo año (Informe, México Evalúa, octubre 2021). En el mismo periodo, el número de carpetas de investigación se redujo un 60%; la ciudadanía cada vez reporta menos delitos ante la pérdida
de credibilidad y confianza en las instancias legales y de seguridad. Además, una de cada cuatro detenciones es considerada ilegal. Los mexicanos hemos perdido absolutamente toda la confianza en todas las autoridades para defendernos, hacer valer las leyes y procurar la justicia equitativa para los ciudadanos. Si sumamos la disparidad en la distribución de la riqueza, lo único que mantiene la cohesión del país son los valores y civismo, tan escasos como necesarios. La estabilidad social del país pende de un hilo muy delgado a un año de terminar esta administración, que prometió que primero serían los pobres, aunque jamás pensamos que eso significaría que aumentaría la pobreza en todo el país.
En uno de los últimos actos de la presidencia de Barak Obama, en enero de 2017, le otorgó en forma inesperada a Joe Biden la Medalla Presidencial de la Libertad, máxima condecoración del Ejecutivo de Estados Unidos. En la presentación, Obama contó cómo Biden estuvo a punto de hipotecar su casa para poder pagar los gastos médicos ocasionados por el tratamiento contra el cáncer cerebral que ocasionó la muerte de su hijo Beau Biden. Al enterarse de esto, Obama le prestó el dinero y evitó el endeudamiento de su vicepresidente en esos tiempos de dolor. ¿Se puede usted imaginar a un secretario de Estado o político mexicano hipotecando su única propiedad para pagar un tratamiento médico? No se preocupe, yo tampoco.
Quienes deberían aplicar las leyes y procurar justicia, hacen todo lo contrario. Sin saber el origen de los recursos, el país se encuentra tapizado con propaganda de los no candidatos. Con argumentos jurídicos que harían que cualquier estudiante de derecho reprobara su primer año, Morena ya comenzó su proceso para buscar al candidato, incluyendo a los exsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, cuyos reemplazos no han sido ratificados por el Senado. La mayoría de Morena se rehúsa a convocar a una sesión extraordinaria, porque tendría también que sesionar para nombrar a los comisionados faltantes del Inai por orden de jueces federales. Es decir, si algo le sucediera al Presidente y no pudiera ejercer sus funciones, tendríamos una controversia constitucional al no tener un secretario de Gobernación avalado por la Cámara alta. En el Congreso, la impunidad es casi total, al servicio de la mayoría en turno.
Bajo estos parámetros, es entendible la indignación de López Obrador con los reiterados rechazos desde la Suprema Corte de Justicia a las propuestas de ley que fueron aprobadas por las mayorías de su partido en el Congreso: la reforma eléctrica, el plan A y el B de reforma electoral para eliminar al INE, la transición de la Guardia Nacional a la Sedena, entre otras.
Afortunadamente, la SCJN ha mostrado su independencia del Ejecutivo. Es un gran primer paso para hacer que la ley sea en verdad la ley del país.
POR CARLOS KENNY ESPINOSA DONDÉ
