El proceso electoral federal en México se ha vuelto cada vez más complejo. Los procesos políticos internos del Frente Amplio por México y de la Defensa de la Cuarta Transformación han generado presión en la balanza de la equidad en la contienda. La reciente sentencia SUP-JDC255/2023 y SUP-JE-1423/2023 de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federa diversificó las posiciones en el Consejo General del INE, siendo la opinión más discordante la de Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Fiscalización.
Zavala planteó su análisis a la luz de la reforma de 2007, que surgió tras la elección presidencial ganada por Felipe Calderón bajo acusaciones de inequidad en la contienda y con una ventaja mínima. Bajo este punto de vista, los procesos políticos internos no son “procesos inéditos”, más bien se trata de un fraude a la ley que vulnera el principio de equidad en la contienda.
Zavala fue categórica al afirmar que las actividades proselitistas que se pretenden regular con los Lineamientos generales para regular y fiscalizar los procesos políticos ordenados por la autoridad jurisdiccional corresponden a un período que no está contemplado en la Constitución ni en la ley electoral; que los llamados “procesos inéditos” simplemente no existen, lo que sí existe son los procesos electorales que se desarrollan dentro del marco de la ley y aquellos que están fuera de él, es decir, la simulación o el “proselitismo encubierto”.
En este contexto, Zavala enfatizó que, con la citada resolución, el Tribunal Electoral solo consideró a los partidos políticos como parte de la contienda electoral, olvidó a los candidatos y candidatas independientes, quienes entran en la escena electoral cuando inician el proceso previo para generar apoyos y poder postularse; que el sistema de precampañas fue diseñado con la intención legislativa de participar en estos procesos políticos de definición de candidaturas; y que existe un complejo sistema de fiscalización para controlar ingresos y egresos para garantizar la equidad y la integridad electoral.
En el mismo sentido, la Magistrada Janine Otálora, en su voto en contra, se manifestó por ordenar la suspensión de los actos realizados bajo la convocatoria del Frente Amplio y solicitar al INE investigar los presuntos actos de promoción personalizada denunciados, pues es responsabilidad de este organismo garantizar que los procesos electorales se desarrollen con equidad y apego a los principios constitucionales en materia electoral.
El actual escenario está cargado de un potencial desequilibrio en la balanza electoral que favorecería a los partidos políticos más fuertes y sus aliados considerando la cercanía del proceso electoral que inicia el próximo tres de septiembre.
El desafío actual del INE es crucial, proteger la integridad electoral velando por una equidad que se encuentra en riesgo.
¿Usted, qué opina?
POR NOHEMI ARGÜELLO SOSA
