Tener el gobierno más transparente de la historia ha sido otra de las promesas incumplidas. Más que una política de transparencia, la presente administración ha tenido una política de opacidad. No es una impresión o una opinión. Es lo que revela de manera incontrovertible el estudio Sin otros datos. El legado de la política de transparencia de AMLO y la desaparición de información pública política (https://shorturl.at/iqvK0) publicado por MCCI bajo la coordinación de Alejandro Escalante y Lorenzo León.
Lo revelan también la organización CodeandoMéxico, el propio Inai y las mediciones internacionales de datos abiertos en las que seguimos cayendo. La opacidad ha sido el sello de la administración. Después de revisar más de 12 mil 500 bases de datos de la plataforma datos.gob.mx, 71% de las mismas han desaparecido o tienen cuando menos dos años de no haber sido actualizadas. O sea, siete de cada 10 bases de datos públicas que antes teníamos los ciudadanos, los investigadores y los periodistas están simplemente abandonadas. De éstas, 16% está solamente listado, pero cuando uno quiere abrir el archivo es imposible hacerlo o simplemente está vacío.
Cada vez es mayor la demanda de los ciudadanos por tener información y cada vez es menor la oferta que nos hace el gobierno.
De 2015 a 2018, los y las mexicanas presentaron en promedio 228 mil solicitudes al año a las diferentes dependencias gubernamentales. De 2019 a 2022, el promedio aumentó a 269 mil solicitudes. Un aumento de 18 por ciento. La cifra ha aumentado porque cuando vamos a datos.gob.mx o revisamos las páginas de transparencia de las dependencias o consultamos la Plataforma Nacional de Transparencia, no encontramos los datos que buscamos y tenemos que solicitarla.
¿Pero, qué ocurre? Que cada vez son más las negativas a otorgarnos la información directamente y entonces tenemos que ir al Inai a interponer recursos de revisión. La opacidad del gobierno es tal que mientras entre 2015 y 2018 el promedio de recursos de revisión por año fue de 9 mil 785, para el periodo de 2019 a 2022 la cifra incrementó en 100%, para llegar a un promedio de 19 mil 482 recursos.
Y ya se sabe, “los datos son una fuente de poder”. Una fuente que se puede explotar para obtener beneficios individuales y limitar la libertad, o bien puede ser utilizada por el bien público como un recurso para afrontar los desafíos sociales, facilitar la colaboración, impulsar la innovación y mejorar la rendición de cuentas”. De esto último ni hablar. A los ciudadanos nos han privado de los datos que requerimos y a los funcionarios públicos les da igual tenerlos o no para la elaboración de políticas públicas.
Si estos pocos datos muestran con claridad el retroceso en el derecho a la información, la política de la desinformación también queda patente en la disminución de 25% del presupuesto del Inai en estos casi cinco años de gobierno, en el daño que se ha causado a su reputación calificándolo como un aparato burocrático que no sirve para nada y simula combatir la corrupción y dejando a su pleno inoperante, porque el Presidente ha vetado el nombramiento de los tres comisionados faltantes y el Senado, de mayoría morenista, no ha propuesto nuevas designaciones. Llevamos 138 días sin que los comisionados puedan atender los recursos de revisión interpuestos por los ciudadanos. En este periodo, se han acumulado casi ocho mil medios de impugnación en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Así seguiremos hasta que el Presidente o el Senado lo decidan y a pesar que un juez ordenó reparar esta omisión porque para ellos, la ley no es la ley. O sea, tenemos “leyes de protección de datos personales, pero sin fuerza de ley”.
La conclusión es ineludible: este gobierno no es proactivo en cuanto a ofrecer la información a la que está obligado y tampoco es reactivo al cumplir con lo que el Inai le ordena. Su política ha sido la de negar la información, ignorar las resoluciones del Inai y clasificar cada vez más información con el argumento de que se trata de asuntos de seguridad nacional.
Que quede claro otra vez, las mañaneras donde se ofrece información a modo, no exime a las autoridades del mandato de ley de poner a nuestra disposición la información pública de la administración; de establecer mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos; ni de que los sujetos obligados preserven sus documentos en archivos administrativos actualizados y publiquen a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. Nada de esto hace el actual gobierno, aunque viole sus obligaciones constitucionales.
La investigación Sin otros datos es un testimonio del retroceso, un inventario de dónde se ha perdido más información y una invitación a corregir el rumbo, pues está en el interés de toda la sociedad mantener y ampliar nuestro derecho a la información pública.
POR MARÍA AMPARO CASAR
