Es natural que a los presidentes no les gusten los contrapesos. Preferirían que no hubiera un Congreso con el poder de la bolsa o una Suprema Corte que dictara la inconstitucionalidad de un acto de autoridad. Mucho más les desagradan los órganos de autonomía constitucional que restringen su poder en áreas como telecomunicaciones, competencia, transparencia, electoral, derechos humanos… áreas que alguna vez formaron parte de las facultades de la Presidencia, pero que se le fueron sustrayendo para tener políticas públicas más confiables y estables, proteger al ciudadano de los abusos de autoridad, tener elecciones justas o hacer valer el derecho a la información. A los presidentes también les gustaría tener radiodifusoras a modo y que no cuestionaran su trabajo, pero que sí le cantaran sus loas, reprodujeran sus mentiras y apoyaran sus obras y programas.
Pero así es la democracia. Un sistema que pone frenos a la voluntad de quien quiera que sea presidente para no depender de los caprichos de un solo hombre.
Lo que no es natural es que el titular de un poder no se apegue a lo que dice la Constitución y que, incluso, ignore sus sentencias. Los intentos del Presidente por darle la vuelta a los Poderes y órganos autónomos que actúan como contrapeso son tantos que no podemos sino concluir que no cree y no actúa conforme a los principios democráticos más elementales.
Eliminar o al menos disminuir seriamente los contrapesos, o como él los llama, obstáculos al poder o a la cuarta transformación ha sido, por fortuna uno de sus fracasos.
Podríamos tomar como ejemplo al INE o al Inai o a la Cofece que, según él, son inventos del neoliberalismo que cuestan mucho y no hacen nada o, más bien que hacen mucho daño porque interfieren con sus deseos.
Pero vayamos mejor a la Suprema Corte —que es uno de los tres Poderes de la Unión y tiene la misma legitimidad que los otros dos— porque nos permite ver que, cuando al Presidente no le alcanzan las facultades para perjudicarla, las mañaneras sí le son suficientes para dañar a los y las integrantes del Poder Judicial y, por esa vía, a la institución misma.
El Presidente hizo dos malos cálculos. Primero quiso mantener al ministro Zaldívar en la presidencia de la Corte prolongando inconstitucionalmente su mandato. Después hubiese querido reformar al Poder Judicial para bajarles los ingresos y elegir a los ministros por voto popular.
Por sobrestimar su propio poder y por la soberbia de pensar que su mayoría constitucional sería refrendada en 2021, no pudo ni lo uno ni lo otro. Ni continuar con un presidente supeditado, ni hacer una reforma constitucional al Poder Judicial.
Las últimas resoluciones han sido contrarias a las pretensiones ilegales del Presidente. No porque los ministros y ministras estén en contra de López Obrador. Simplemente porque se han considerado inconstitucionales. Gracias a ellas, la Corte ha impedido algunos y muy importantes atropellos al Estado de derecho.
La reacción del Presidente ha sido acorde a lo que mejor sabe hacer: dañar reputaciones personales. En esta ocasión, le tocó al ministro Luis Ma. Aguilar que otorgó dos amparos en contra de la distribución de los muy polémicos libros de texto. Primero lo acusó de conservador, retrógrado y mal juez. Acto seguido, de proteger a una poderosa empresa privada para evitar que pague 25 mil millones de pesos. Finalmente, exhibió su sueldo y prestaciones en la mañanera como muestra de que un rico está a favor de otro rico.
No es el único caso. De la ministra presidenta ha dicho que, desde que ella llegó, se desató una ola para dejar en libertad a presuntos delincuentes. De la Consejería que es un florero de adorno. De los ministros Pérez Dayán y Laynez que invadieron las facultades de otro poder y torcieron la voluntad del Legislativo al declarar la invalidez de la reforma electoral. Lo mismo ha hecho con otros jueces como Gómez Fierro, quien ha concedido amparos en materia ambiental y eléctrica, de Adrián Novelo por el Tren Maya y de Martín Adolfo Santos Pérez por ordenar al Presidente eliminar de plataformas de internet y redes sociales oficiales las publicaciones ofensivas en contra de Xóchitl Gálvez.
Los ataques no cesan, pero la resistencia ahí sigue. Tenemos un contrapeso en la Corte. Ahora viene otra batalla de carácter nuevo institucional: el presupuesto. Piden un aumento real de 4 por ciento. Veremos qué dice el Presidente porque, para limitar recursos a unos y otorgárselos a otros, sí le alcanza.
Y, hablando del Poder Judicial, habría que recordarle al Presidente que varios países de América Latina estipulan en sus constituciones un porcentaje inamovible del presupuesto para sus poderes judiciales: de 2% en Panamá al 6% en Costa Rica. En México es de 0.93 por ciento.
POR MARÍA AMPARO CASAR
