A poco más de diez días de la presentación del paquete económico, los análisis de los especialistas van dejando en claro tres cosas: la propuesta de un presupuesto exorbitante, su destino a gasto corriente, su financiamiento a través del crecimiento de la deuda interna y externa y la insostenibilidad de las finanzas para el próximo sexenio.
El gasto propuesto es 4% más que en 2023 y no varía en cuanto a las prioridades que el Presidente se propuso casi desde el inicio del sexenio, pero los ingresos le complican las “necesidades” de gasto. Sobre todo, en un año electoral en el que, otra vez, el gobierno de López Obrador, aunque lo niegue, sí es igual a los anteriores que tanto denuesta. La Secretaría de Hacienda ha presentado para aprobación de la Cámara el presupuesto más grande de la historia.
Si bien el SAT había logrado en años anteriores cobrar más impuestos, se prevé que para 2024 se presenten algunas “contingencias” que impedirán cubrir las “necesidades” de gasto sin mayor endeudamiento. Los ingresos tributarios previstos son menores que en la Ley de Ingresos de 2023, en parte, porque se espera una menor recaudación del IVA. Pero, sobre todo, porque los ingresos petroleros nunca alcanzaron ni alcanzarán el próximo año la meta de dos millones de barriles diarios. Le guste o no al Presidente, hoy Pemex importa más gasolinas que las que produce.
De aquí y del gasto programado surge la necesidad de un endeudamiento 75% mayor en términos reales al aprobado para 2023. Un endeudamiento equivalente a 5.4% del PIB. Según México Evalúa, con el endeudamiento propuesto por López Obrador habrá contratado 6.6 billones de endeudamiento a lo largo de su sexenio. Eso lo convertiría en el sexenio con mayor endeudamiento desde Zedillo. La mayoría para gasto corriente. El IMCO ha mostrado que las asignaciones a programas sociales representarán 41% del presupuesto de egresos. Casualmente, como digo, en un año electoral.
En el Presupuesto de Egresos de 2024 se apuesta de nuevo por dos grandes rubros. La terminación de las obras de infraestructura y los programas sociales.
No cabe duda de que las obras se entregarán, pero aún no sabemos a qué costo y en qué condiciones. Todo indica que ninguna estará funcionando plenamente para cuando el Presidente termine su periodo. Por ahora se estima un gasto de 20 mil millones de dólares en contraste con los ocho mil millones que se había programado. Lo mismo sucede con el Tren Maya, cuyo costo se estima en 130% más de lo que se había calculado para finales de 2023. Súmele lo que se está solicitando para el 2024 (120 mil millones) y se podría llegar a más de 200 por ciento. ¿Cuánto más de aquí a que termine el periodo presidencial? Y, ¿qué beneficios tendrán estas obras? A juzgar por el AIFA que también costó 23% más de lo que se pensaba, no mucho.
Los programas sociales, en particular las pensiones, se han incrementado de manera sostenida. Hoy alcanzan más de 5% del PIB. No ocurre lo mismo con la inversión en salud y educación. La primera está por debajo de 3% y la segunda apenas por arriba. La carencia por acceso a servicios de salud creció de 16% de la población en 2018 a 39% en 2022. En educación, el rezago educativo durante el sexenio ha sido de dos años.
A pesar de estos indicadores, el mayor incremento en el presupuesto es para la Secretaría de Bienestar que es la responsable de entregar las transferencias en efectivo a distintos sectores de la población, particularmente a las personas de la tercera edad. De hecho, según el Imco, la proporción de los recursos que se consumiría la Pensión de Adultos Mayores en 2024 equivaldría a 85% del presupuesto de esa secretaría.
Nadie niega que estas transferencias junto con las de otros programas alivian las más ingentes necesidades de las personas en situación de pobreza, pero la pregunta es si un gasto social del tamaño que se proyecta no sería mejor empleado si se dedicara a la salud y a la educación. Un buen inicio para responder esta pregunta es el hecho de que si en 2018 el gasto promedio de las familias en salud fue de dos mil 358 pesos al año, para 2020 subió a tres mil 300 pesos. Seis pacientes de cada diez no cuentan con un servicio de atención médica del sector público y en lo que más gastan es en la atención primaria y hospitalaria.
Junto a los programas sociales y las obras públicas viene la otra prioridad del gobierno. El todavía mayor fortalecimiento de la Sedena. La inseguridad en México lejos de haber cedido ha aumentado, pero el presupuesto del principal actor en su combate se seguirá incrementando. En 2024 esta dependencia recibirá 121% más de lo que obtuvo en 2023. Difícil saber cuánto dedicará a la seguridad y con qué resultados, pero lo cierto es que buena parte de ese presupuesto se irá a los cientos de nuevas funciones que se le han dado a las Fuerzas Armadas en este sexenio.
Para el resto de las necesidades de la población (energías limpias, procuración de justicia, mujeres, víctimas, cultura y universidades) no alcanzó.
Las finanzas públicas para el próximo paquete presupuestario que presentará la nueva presidenta quedarán comprometidas y seguramente serán insostenibles. Como siempre, “que pague el que venga después de mí”.
POR MARÍA AMPARO CASAR
