Se han definido las dos grandes candidaturas presidenciales; de un lado el partido de la actual administración, MORENA, que cuenta sobre todo con la persistente popularidad del actual presidente de la república.
Del otro lado una oposición unificada en torno a una figura carismática que emergió sorpresivamente creando rápidamente una importante base popular.
Celebro que se trate de dos candidatas; es decir que por primera vez en nuestra historia una mujer será la presidente de México en la siguiente administración.
Nos encontramos ya en plena campaña electoral. Las elecciones del domingo 2 de junio de 2024 serán una de las más complejas e importantes de nuestra historia.
Además de la elección insignia, se renovará totalmente el senado (128 candidatos) y la Cámara de Diputados (500); también 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la ciudad de México.
En esta última se elegirán nuevos representantes en las 16 alcaldías. Con una excepción se renovarán también los congresos estatales. Una renovación simultanea de tal magnitud conlleva un riesgo relevante; que un solo partido, o coalición, arrase y se establezca como cuasi único color gobernante en los distintos niveles de gobierno de todo el país.
Lo más probable es que no suceda así. Sin embargo, en la mayoría de los países no ocurren renovaciones de tal magnitud bajo la idea de que los cambios parciales son una mejor garantía de procesos de transformación acompasados, manteniendo equilibrios balanceados entre los contendientes de distinta orientación.
Que en México se haya decidido una renovación masiva simultanea parece justificarse por la disminución de costos tanto de campañas como de la operación electoral misma y no tanto por el criterio de estabilidad.
El hecho es que lo que define un sistema político sano es su capacidad de transformación.
Es típico que las promesas de los políticos tengan como común denominador propuestas de cambio. En este caso una de las candidatas propone un cambio de rumbo y la otra continuar la transformación.
Llegue quien llegue a la presidencia, habrá cambios; es lo natural, es lo más políticamente sano. Dentro de la multiplicidad de campañas de distintos niveles es claro que las más llamativas serán las de las candidatas presidenciales cuyo desempeño puede ser un factor determinante del resultado de muchas de las campañas a puestos de menor nivel.
No pretendo expresarme a favor de ninguna de las dos candidatas presidenciales; lo que si espero fervientemente es que las campañas contribuyan a definir el país que queremos ser y cuales serán los compromisos de la siguiente administración.
Evitemos un proceso unilateral en el que las candidatas nos dicen cuales son sus planes para el país. De ellas más bien cabe esperar la ambigüedad para no crear fracturas dentro de su propio bando.
Es la población la que debe aprovechar la oportunidad para expresar sus intereses y participar en el diseño de las políticas del siguiente sexenio. Se trata de ir más allá del conflicto de huipiles para desde abajo orientar el cambio, se llame nuevo rumbo o proseguir la transformación.
En cualquiera de los dos casos lo esencial será convertir nuestra democracia en expresión local y cotidiana; lo que solo puede sustentarse en un nuevo tipo de relación entre gobierno y sociedad. El cambio fundamental sería dialogar con una sociedad organizada.
Solo las organizaciones pueden exigir la transparencia y rendición de cuentas a que está obligado el gobierno; solo con estas exigencias puede garantizarse la honestidad pública.
Pongo un ejemplo. Fue la negativa de Segalmex a dialogar con la Contraloría Social del Programa de Abasto la que abrió las compuertas a la más gigantesca corrupción.
Esa contraloría social denunció, a pocos meses de la llegada de la nueva administración de Segalmex – Diconsa, múltiples irregularidades.
Entre ellas negarse a hacer compras locales y regionales y nuevos esquemas de compra que no correspondían a la demanda popular. Lo cual paralizó el capital de trabajo de la institución.
Además, fue extraño el deshacerse como chatarra del parque vehicular para hacer un contrato de miles de millones de pesos para distribuir los productos ignorando los intereses de la organización de base. Se encubrió la interrupción del dialogo con la organización nacional creando más de 24 mil Comités de Contraloría Social; cada uno de ellos a modo y absolutamente incapaz de dialogar con la institución.
Estos hechos resaltan los riesgos de la ausencia de dialogo con la sociedad organizada. No es un problema puntual sino generalizado.
El gobierno de Peña Nieto presumió, a bombo y platillo, en su quinto informe de gobierno, haber creado 321,826 Comités de Contraloría Social.
Un absurdo que probaba haber desintegrado la expresión social hasta enmudecerla. El 80 por ciento de estos comités se reunió en una sola ocasión; al momento de configurarse y solo como requisito para la operación de un programa social en una comunidad determinada.
Esta situación no se ha corregido. Hoy en día no sabemos que ocurre en Sembrando Vida. Este es uno de los programas sociales bandera de la actual administración.
Reparte 5 mil pesos mensuales a más de 455 mil campesinos en 26 mil localidades y 9 mil ejidos a cambio de aplicar una metodología de siembra que combina milpa, frutales y arboles leñosos y que promete que estos campesinos alcanzarán su independencia financiera cuando se encuentren en plena producción los frutales y leñosos. Sabemos que el dinero fluye, pero no si la tecnología funciona.
El programa es una caja negra por la ausencia de una real organización de base que pueda sostener un dialogo equilibrado con el gobierno.
La irrupción de este programa, como muchos otros, beneficiando solo a un sector dentro de cada comunidad y ejido ha debilitado su cohesión interna y sus capacidades de expresión como conjunto. No aprovechar el programa para construir cohesión social y organización comunitaria, local, regional e incluso nacional augura que, si la tecnología funciona, sus integrantes no tendrán la capacidad para negociar de manera colectiva con los intermediarios comerciales.
Ejemplos como los de Segalmex y Sembrando Vida abundan. La desaparición de numerosos programas sociales y su substitución por pagos individualizados ha sido un esquema desorganizador de las bases sociales.
Lo que no favorece una posible continuidad de la transformación o un cambio de rumbo favorable a la mayoría. Del lado privado destacan sus organizaciones, Coparmex, Concamin, Consejo Coordinador Empresarial, múltiples organizaciones industriales.
Y desde el lado social, ya prácticamente no existen o no se escucha a organizaciones de productores sociales, ejidos, comunidades, y de trabajadores formales e informales.
Urge impulsar a las organizaciones sociales de base, reconocerlas, dialogar con ellas, beneficiarnos todos.
