La vinculación a proceso de Alejandra “R”, ex Directora Administrativa de la Contraloría Gubernamental manda varios mensajes.
El más evidente es que la lucha por llevar ante la justicia a quienes cometieron irregularidades en la administración anterior es profunda, y la revisión que se ha hecho al interior de diferentes dependencias es minuciosa: no hay delito pequeño.
Pero además, en este caso ocurrió algo que vale la pena tomar en cuenta.
La denuncia fue interpuesta por el Gobierno del Estado desde noviembre del 2022.
Pasaron siete meses hasta que se realizó la audiencia inicial.
En esa primera instancia, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó la vinculación a proceso de la ex funcionaria por el delito de ejercicio abusivo de funciones.
A Alejandra “R” se le acusa de haber recibido cobros como proveedora, al mismo tiempo que cobraba su sueldo como funcionaria de la Contraloría, ni más ni menos que el ente encargado de revisar la legalidad de los contratos que lleva a cabo el Gobierno del Estado.
El juez de control, Favián Villalobos González, concedió la vinculación, pero por otro delito, el de Peculado y no el que había solicitado el MP y la asesoría jurídica del Gobierno del Estado.
La gran diferencia entre uno y otro radica en que el que fue concedido por el juez no amerita prisión preventiva oficiosa.
Si hay algo sospechoso detrás de la reclasificación del delito tocará denunciarlo a los involucrados, pero la respuesta inmediata del Ejecutivo fue acudir a la segunda instancia, en este caso la Sala Regional Victoria, donde el magistrado dio entrada a la apelación y finalmente el 29 de septiembre determinó que se debe modificar el auto de vinculación para que esta se lleve a cabo por el posible delito de ejercicio abusivo de funciones.
Lo que sigue ahora es que, el Ministerio Público de la “nueva” Fiscalía Anticorrupción solicite al Juez de Control que se imponga la prisión preventiva como medida cautelar.
Si el juez la concede -de acuerdo a la ley tendría que hacerlo-, Alejandra “R” sería la primera ex funcionaria cabecista en pisar la cárcel.
Ello, mientras el ex Secretario de Educación y el ex titular de Seduma llevan su proceso con la prohibición de salir del país y la obligatoriedad de acudir a firmar cada 15 días al centro de medidas cautelares de Reynosa.
Pero además, mientras avanzan los procesos jurídicos contra otros ex Secretarios de la pasada administración a los que se acusa de cometer diversos actos de corrupción.
Queda claro que empieza a crujir la estructura de protección que se creó para sí y para su sexenio, el ex gobernador Cabeza de Vaca contra quien de hecho hay una orden de aprehensión vigente.
La gran diferencia, claro, es que sus fieles ex colaboradores no tienen acceso al costoso aparato legal que él tiene contratado.
Por lo tanto, como suele ocurrir en estos casos, el nerviosismo empieza a contagiarse.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
