Solamente dos cifras que reportan instituciones oficiales en México bastan para tener un retrato general de las condiciones en las que vive la población, indistintamente del lugar del que se trate: Los homicidios dolosos y las desapariciones.
Contra lo que dice el discurso oficial y la narrativa que a diario insiste en instalar el Presidente López Obrador en la opinión pública, los hechos le revientan en el rostro con una gravedad que no reconoce.
El gobierno de Andrés Manuel se ha convertido en el más sangriento en la historia moderna del país. Al menos desde que se miden oficialmente los índices de violencia, los homicidios dolosos cometidos en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación superan con mucho los que se reportaron en las administraciones que encabezaron “los de la mafia del poder”, “los del PRIAN”, “los conservadores”, es decir, todos los anteriores a López Obrador y Morena.
Hasta esta semana que termina, en México se habían cometido 168 mil 108 homicidios dolosos en lo que lleva gobernando López Obrador. En las administraciones de Enrique Peña Nieto e inclusive la de Felipe Calderón -a quien los seguidores de Andrés Manuel llaman gobierno criminal-, se reportaron menos asesinatos que en la actual.
Las cifras, como decía, son crudas, duras, frías. Aunque son alarmantes, no transmiten la sensación de miedo, incertidumbre, coraje e impotencia de millones de ciudadanos que directa o indirectamente han sido afectados por todo tipo de hechos cometidos al margen de la ley, que han derivado en el nivel de violencia que tenemos en todo el país.
Ayer veía un reporte hecho por la empresa TResearch en el que se mencionan los datos duros registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), por las propias instituciones oficiales y que registran los homicidios dolosos en México.
El gobierno de Andrés Manuel, en menos de cinco años, ya superó con creces el número de asesinatos originados por la violencia. Nada y nadie le quitará ahora el calificativo del sexenio más sangriento en la historia del país. No habrá discurso, arenga o distracción que sirva para evitar esa etiqueta, aunque eso no le guste a él y a sus seguidores.
Hay otra cifra del terror: La de las desapariciones que, igual que los asesinatos, muestran un crecimiento que preocupa e indigna por igual a todos, al margen de si se es familiar, conocido o no de quienes están en esa situación.
Otro reporte de la misma empresa especializada en este tipo de mediciones y análisis dice que con Morena y Andrés Manuel, el número de desaparecidos en México casi triplica el que se reconoció oficialmente en el gobierno de Calderón, al que -otra vez-, el Presidente tacha de violento.
La falacia repetida hasta la saciedad -sin que ello implique defender a Calderón-, queda en evidencia cuando se contrastan las cifras basadas en registros de las propias instituciones del gobierno, pues no resisten un análisis sencillo.
En los cinco años de la actual administración de la Cuatroté en México, las autoridades tienen reportes de más de 45 mil 500 desapariciones, más de 11 mil que las registradas con Peña Nieto y más de 28 mil por encima de los números de Calderón, a cuyo gobierno se le pueden atribuir 17 mil personas no localizadas.
Más de un entusiasta defensor del oficialismo, sea de ahora o de antes, dirá que las cifras están falseadas o exageradas, pero los números están ahí, son públicos y reconocidos por las mismas instituciones gubernamentales.
En el caso de las desapariciones, quizá el mayor impacto está en el estado anímico de los familiares de quienes de la noche a la mañana, al parecer sin razón, simplemente desaparecen sin dejar rastro. La incertidumbre se apodera de las personas, el dolor inagotable y la desesperanza no tienen cabida en la medición que hace el gobierno.
La omisión de autoridades estatales y federales en las entidades en donde se registran estos delitos es evidente.
Hay estados en donde por ejemplo, a los secuestros los catalogan como desapariciones para evitar que el índice de casos de personas privadas de su libertad les genere una mala imagen.
Pero por el contrario, las desapariciones no parecen preocuparles, porque sencillamente se sacuden la responsabilidad de generar un clima de seguridad para que la gente viva con tranquilidad.
Hace semanas fue en Jalisco, primero en Zapopan y luego en Lagos de Moreno, Después en Zacatecas y esta semana, en San Luis Potosí. En todos los casos, los desaparecidos son jóvenes. En la última acción en donde se reportaron desapariciones se vieron involucrados cinco menores de entre 15 y 17 años, todos centroamericanos de paso por el país rumbo a Estados Unidos.
¿Por qué tomar como referencia a San Luis Potosí, cuando hay entidades en donde el problema es igual o más grave? Porque sencillamente una de las vías de mayor cantidad de desapariciones de migrantes cruza ese estado: La carretera 57 que va de la Ciudad de México a Nuevo Laredo, pasando por Querétaro, San Luis, Matehuala, Saltillo y Monterrey.
En la carretera 57, entre la capital y Matehuala, hace meses desaparecieron jornaleros que iban al norte del país y la alerta de búsqueda generó tal presión mediática y política, que el gobierno “tuvo” que buscar bien y los encontró, pero en ese proceso se dieron cuenta que no era el primero ni el único caso. Esa ruta es considerada una de las más peligrosos y con mayor número de desapariciones en esa zona del país.
Recapitulando: Esas dos simples cifras dan cuenta del horror, de lo graves que son esos problemas, aunque se quedan cortas para reflejar el nivel de dolor, frustración e impotencia ante la impunidad con la que operan los delincuentes en México.
Todo, claro, al amparo de la errónea y criminal política de “abrazos, no balazos”, que López Obrador tomó como eje de su acción ante la inseguridad. Y todavía falta un año.
POR TOMÁS BRIONES
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