El daño que se causó a las instituciones de justicia del estado durante la anterior administración no ha llegado a su fin.
Veamos si no, lo que ocurre con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde su titular -fiel aliado de los Cabeza de Vaca- se aferra a ocupar un cargo que debió haber dejado hace mucho tiempo.
En un sistema democrático más o menos serio, Raúl “R” tenía que haber presentado su renuncia desde que se conoció que no acreditó los exámenes de control y confianza que exige la ley para ocupar posiciones como la suya.
En lugar de eso recurrió a la protección de la justicia federal, que le otorgó preciado tiempo para continuar como Fiscal Anticorrupción.
Así, atrincherado en su oficina, yendo de amparo en amparo, Raúl “R” cumplió casi un año desde que solicitó su remoción, hasta que la Diputación Permanente del Congreso del Estado recurrió a un procedimiento exprés -poco ortodoxo- para removerlo temporalmente del cargo.
Los poco más de 20 días en que Jesús Govea ha ocupado la titularidad de la Fiscalía fueron suficientes para que se atendieran un par de denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas, y los agentes del Ministerio Público obtuvieran una orden de aprehensión en su contra.
A Raúl “R” se le acusa de los delitos de abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y ejercicio ilícito del servicio público.
Entre otras cosas, contrató a familiares suyos de manera irregular, como en el caso de su hijo al que designó Secretario Particular de la UIFE, mientras seguía trabajando en su despacho ubicado en el municipio de San Pedro, a donde por cierto apuntan muchas miradas por la manera en la que el Fiscal y su familia han operado negocios harto sospechosos.
Así pues, asistimos al espectáculo de la degradación institucional de organismos que deberían ser fundamentales para el sistema democrático del estado, y en su lugar fueron vistos como el botín económico y político de un grupo que se niega a entender la nueva realidad tamaulipeca, en la que, por decisión de la ciudadanía en las urnas, no están incluidos.
A estas alturas, queda claro que Raúl “R” no va a renunciar a su cargo a pesar de los graves señalamientos que pesan en su contra. Quizás, también hay que decirlo, porque esa decisión no está en sus manos sino que tiene que ser dictada desde Texas.
El problema no es lo que termine ocurriendo con el Fiscal Anticorrupción cuyo destino parece inexorable.
Lo lamentable en este teatro del absurdo, es el saldo que al final le quedará a esa institución, cuya legitimidad fue vapuleada desde su creación con el nombramiento de Javier Castro Ormaechea, cuyos servicios políticos fueron bien pagados con su nombramiento como magistrado en el Supremo Tribunal.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
