La más reciente embestida contra el Poder Judicial consiste en extinguir 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. La siguiente consistirá en reducir sustancialmente el presupuesto solicitado por el Poder Judicial para el siguiente ejercicio fiscal: 84 mil 792 millones de pesos. De manera por demás explícita, el Presidente y sus líderes legislativos argumentan que estas medidas están destinadas a eliminar el dispendio de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que de un tiempo a esta parte le resultan incómodos al gobierno.
Curiosamente, los fideicomisos del Poder Judicial no representaron un problema durante los cuatro años en que el ministro Arturo Zaldívar presidió la Suprema Corte. Tampoco lo fueron durante 2020 —cuando se extinguieron docenas de fideicomisos de la administración pública federal sin mayor justificación que sospecha presidencial por demás infundada—. Tampoco lo fueron cuando se impulsó una reforma constitucional del Poder Judicial en marzo de 2021. Tampoco parecen ser un problema los fideicomisos de las Fuerzas Armadas, o los utilizados para construir los proyectos estratégicos del Presidente.
Hoy, cuando la Corte es presidida por la ministra Norma Piña, cuando algunos ministros propuestos por el Presidente mismo lo han “decepcionado”, y cuando el pleno de la Corte ha dado varios reveses a reformas legales tan viciadas que han sido declaradas como inconstitucionales, el Ejecutivo y su mayoría legislativa han decidido confiscar los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial.
De acuerdo con datos de la propia Suprema Corte, al 30 de junio de 2023, el saldo de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación ascendió a 21 mil 522 millones de pesos. Estos fideicomisos sirven para diversos fines: desde cubrir derechos laborales, apoyar la operatividad del Poder Judicial, así como necesidades de infraestructura. Aunque los fideicomisos y el presupuesto anual no son sustitutos, vale la pena poner la cifra en perspectiva: los fideicomisos potencialmente afectados representan 25% del presupuesto anual del Poder Judicial. ¿Es desorbitado que un Poder Judicial que por mandato constitucional debe ser autónomo e independiente tenga fideicomisos por tales montos?
Para poner un contexto: alrededor del 85% del presupuesto solicitado por el Poder Judicial para el año próximo se destina a cubrir remuneraciones de más de 55 mil personas, de las cuales un 60% son personal operativo. También vale la pena recordar que, durante los últimos cinco años, el presupuesto autorizado al Poder Judicial ha disminuido en más de 15% en términos reales mientras que los asuntos y la carga de trabajo aumentan año con año.
Los voceros del gobierno hablan de los fideicomisos del Poder Judicial como si tuvieran una especie de “vicio de origen”. Lo cierto es que, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigentes, el Poder Judicial puede constituir fideicomisos públicos para diversos fines. Es decir, los fideicomisos se conformaron conforme al marco legal vigente en su momento.
También se ha dicho que el Poder Judicial ha utilizado estratégicamente subejercicios y disponibilidades al cierre de los ejercicios para inflar los fideicomisos. Esto es falso —las disponibilidades se han reintegrado a la Tesorería—, además de que sería ilegal hacerlo. Desde hace seis años no se han transferido recursos a los fideicomisos. Una excepción es el fideicomiso para infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal. De haber habido transferencias indebidas hacia los fideicomisos, la Auditoría Superior de la Federación lo hubiera señalado y esto no ha ocurrido. También se ha dicho que los fideicomisos no son transparentes y sólo benefician a un reducido grupo de personas. Ambas cosas también son falsas. Lo que es cierto es que el asedio no cesa y la separación de Poderes está en riesgo creciente.
POR JAVIER APARICIO
