Esta misma semana deberían conocerse los nombres de quienes ocuparán las dos nuevas vicefiscalías creadas al interior de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
El decreto aprobado el martes por los diputados de Morena, Movimiento Ciudadano y las legisladoras sin partido, fue publicado esa misma tarde en el Periódico Oficial del Estado, por lo que el Fiscal General, Irving Barrios Mujica, cuenta con cinco días a partir de ayer para entregar dos nombramientos: el de un vicefiscal especializado en la investigación de hechos en materia de corrupción, y otro especializado en procesos penales de hechos en materia de corrupción.
Es decir, uno encargado de iniciar las indagatorias y otro con la responsabilidad de dirigir las denuncias ante el Poder Judicial.
Polémica desde su presentación, la reforma entraña una verdadera reconstrucción de la Fiscalía Anticorrupción, que en efecto le resta facultades a su titular -lo neutraliza, pues- y las traspasa a los nuevos vicefiscales.
Vendrán nuevos alegatos, como ya advirtieron los panistas, quienes anunciaron que recurrirán a todas las instancias posibles para tumbar el decreto, pero por lo pronto la ley aprobada por una mayoría legítima en el Congreso dicta que la reestructuración tiene que comenzar cuanto antes.
Con la nueva organización interna del organismo encargado de combatir la corrupción, el Fiscal ya no tendrá la facultad de “autorizar la consulta de reserva, incompetencia, acumulación, y separación de indagatorias, archivo temporal, criterio de oportunidad, acuerdo reparatorio y procedimiento abreviado, que propongan los Agentes del Ministerio Público de su adscripción”.
Tampoco tendrá la última palabra para autorizar que los agentes del Ministerio Público decreten el no ejercicio de la acción penal.
Estas tareas ahora recaerán en manos de las nuevas vicefiscalías.
El vicefiscal especializado en la investigación de hechos de corrupción podrá “dirigir y realizar la investigación y ejercer la acción penal en lo relativo a los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción” y además será quien supla las ausencias temporales del Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, quien ahora lo pensará dos veces antes de faltar a la oficina.
Entre sus facultades están las de solicitar las instancias de los tres niveles de gobierno la información que resulte útil para sus investigaciones; tendrá a su cargo la coordinación y la supervisión de los policías investigadores adscritos a la Fiscalía, y podrá ordenar el aseguramiento de bienes propiedad de los imputados, e incluso promover la extinción de dominio.
El otro vicefiscal, el de procesos penales, “será responsable de dirigir y supervisar la persecución de los delitos en su fase judicial y hasta la resolución correspondiente de acuerdo a las formalidades del sistema penal acusatorio” y contará prácticamente con las mismas facultades que su par.
Aunque en lo administrativo, tendrán un nivel jerárquico por debajo del amparado Fiscal Anticorrupción, en los hechos ambos contarán con las herramientas necesarias para echar a andar la maquinaria de la lucha contra la corrupción.
Los resultados -vinculaciones a proceso y claro, aprehensiones- serán la medida de su éxito.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
