“Siente el nuevo viento del cambio…
No más alejarse
De los débiles y cansados
No más alejarse…
Sólo un mundo que todos debemos compartir…
No es suficiente simplemente pararse y mirar”
-On The Turning Away, Pink Floyd, 1987-
La discusión en los medios y redes sociales generada por la posible desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal PJF se convirtió de pronto en un debate sobre la legalidad de la existencia de los fideicomisos que actualmente les permiten a 50 mil servidores del PJF tener prestaciones con las que no cuentan los demás servidores públicos del estado.
La alianza opositora integrada por PAN-PRI-PRD, los organismos empresariales que encabeza Claudio X González y las organizaciones de la sociedad civil que dicen representar a toda la clase media, cambiaron el tema de la conversación de los privilegios que se crean a través de esos fideicomisos del Poder Judicial a discutir ahora sobre la legalidad de crearlos.
Esos posicionamientos se dan en la Cámara de Senadores en donde se discute la propuesta para desaparecer los fideicomisos y también en los medios y redes sociales opositores al régimen, en donde los comentaristas discuten y repiten leyes y disposiciones normativas que dan fundamento legal al uso de recursos públicos para crear privilegios.
A la marcha organizada por los trabajadores del Poder Judicial en el centro de la Ciudad de México asistieron un Ministro de la Suprema Corte de Justicia en servicio activo y un Ministro en retiro, también magistrados y jueces federales acudieron a defender sus prestaciones desorbitadas. Sin duda todos ellos tienen el derecho de expresarse, pero ¿es éticamente correcto defender sus privilegios en una nación que lucha contra la pobreza de millones?
Los opositores que defienden el derecho de ministros, magistrados y jueces a ganar sueldos de más de 400, 300 y 200 mil pesos mensuales, son los mismos que se enfurecen porque el gobierno entrega apoyos económicos de 2 mil 400 pesos mensuales a millones de mexicanos: adultos mayores, madres solteras, niños con discapacidad, jóvenes que estudiaron y no tienen trabajo, y jóvenes que quieren estudiar, entre otros.
Argumentan que quitar los fideicomisos es una venganza y que hay un ataque contra el Poder Judicial porque el Presidente critica las resoluciones que favorecen a delincuentes y presuntos delincuentes y les permiten salir de la cárcel o evadir consecuencias, y también porque critica las decisiones dirigidas a obstruir el trabajo de su gobierno. La respuesta del Poder Judicial y sus defensores es la misma: es legal.
Para todos ellos es más importante debatir la legalidad de los privilegios que los principios éticos que deben regir el comportamiento de los servidores públicos para no crearlos, porque cuando se cuenta con esa visión, aunque se pueda, hay cosas que no se deben hacer, es éticamente indebido.
En el 2018 Andrés Manuel López Obrador ofreció reducir el sueldo a todos los servidores públicos federales y reducir el número de los que en ese momento trabajaban en la administración pública federal. El argumento de aquel candidato, hoy Presidente de la República para reducir su sueldo y el de todos los demás funcionarios es “no debe haber gobierno rico y pueblo pobre”.
Crear los fideicomisos que hacen posibles los privilegios es legal, pero no es ético.
POR JESÚS COLLADO MARTÍNEZ
