La crisis migratoria en Tamaulipas tiende a agravarse porque es un fenómeno global que responde a una suma de factores internacionales.
El principal es la situación política y económica de algunos países latinoamericanos que en los últimos años se han convertido en grandes expulsores de migrantes.
A las oleadas históricas de personas originarias de Centroamérica, en los últimos años se ha sumado un éxodo sin precedentes de venezolanos y haitianos que abandonan su territorio para intentar llegar a Estados Unidos.
Tamaulipas, por su situación geográfica -es el cruce más cercano a ese país desde la frontera sur, a través la ruta del Golfo de México- se ha convertido en un gran cuello de botella.
Durante al menos tres años, Matamoros y Reynosa han resentido el rigor de esta crisis sin precedentes, con la presencia de una población flotante compuesta por miles de extranjeros que dependen por completo del apoyo que les puedan brindar las autoridades y las organizaciones no gubernamentales.
A esta compleja situación, se suma la pesada herencia de la violencia que todavía arrastra Tamaulipas.
No hace falta ni visitar hemeroteca alguna, pues todavía están frescos en la memoria del estado otros gravísimos episodios de inseguridad relacionados con la población migrante.
Quién se va a olvidar, por ejemplo, del infierno en que se convirtió San Fernando durante la época del calderonato en la Presidencia de la República, y el priísmo en el gobierno estatal.
Ahí -por si hace falta recordarlo- fueron masacrados 72 migrantes en agosto del 2010, y en abril del 2011, se descubrieron decenas de fosas clandestinas con al menos 193 cadáveres de personas que unos días antes, habían sido secuestradas en autobuses.
En los años siguientes la violencia contra los migrantes salió de los grandes reflectores, pero para ellos seguía siendo un riesgo atravesar la entidad.
Prueba de ello es una racha de terror que se vivió en el 2019, durante la administración de Cabeza de Vaca, cuando al menos 95 extranjeros fueron plagiados en diferentes autobuses foráneos en las inmediaciones de San Fernando.
Del paradero de esos pasajeros -la mayoría haitianos- nunca se supo nada.
Un par de años después, se registró una nueva matanza que hizo recordar los crímenes de San Fernando.
El 21 de enero del 2021, en el ejido Santa Anita del municipio de Camargo, un grupo de 17 migrantes guatemaltecos fueron asesinados y luego incinerados.
Lo más grave del caso: los asesinos fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la mayoría, elementos adscritos al desaparecido Grupo de Operaciones Especiales.
Estos macabros antecedentes sirven para ilustrar la condición de vulnerabilidad que históricamente han sufrido las personas migrantes en su paso por Tamaulipas, y que obligan a todos los actores involucrados a dimensionar la gravedad de la crisis porque, guste o no, seguirán llegando al estado miles de familias huyendo de sus países, y urge protegerlas.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
