El ambiente político de Matamoros se tornó espeso desde hace meses.
El discurso de Mario López del pasado 5 de marzo, recién iniciadas las campañas federales, no fue un exabrupto.
Antes que ese llamado a no votar por Morena y su amenaza de insurrección por la designación de Alberto Granados como candidato a la alcaldía, ya había protagonizado una larga lista de enfrentamientos con quienes -se supone- debían ser sus aliados.
Por eso a nadie sorprende la actitud del alcalde con licencia; quienes lo conocen saben que la soberbia es uno de los principales rasgos de su personalidad.
Desde su triunfo en las urnas en el 2018, López -proveniente del grupo político de Baltazar Hinojosa- incurrió en grave confusión al convencerse a sí mismo de que llegó a la presidencia municipal de Matamoros, por méritos propios y no por la ola obradorista que arrasó en todo el país.
Antes de eso, “La Borrega”, como él mismo se llama, no podía presumir de mayores logros políticos.
Su postulación como candidato en aquella ocasión le cayó de rebote y ganó la elección sobre los hombros de AMLO.
A partir de entonces, ha buscado construir la percepción que la 4T le debe todos los éxitos electorales que ha conseguido en Matamoros y por ende, sólo él debe tomar las decisiones políticas para su municipio.
Así, ha llevado al escenario público sus problemas personales con exigencias, berrinches en todo caso, como el de exigir que el candidato a la alcaldía sea uno de los suyos, y no quien definió la Comisión Nacional de Elecciones de su partido a través de las encuestas.
La amenaza de boicotear la elección para Morena fue la gota que derramó el vaso y ahora parece haberse quedado solo en momentos en que necesitaría respaldo político.
La denuncia en su contra de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas no es un asunto menor si se considera que en este momento no cuenta con ningún fuero constitucional que pudiera impedir su procesamiento por los delitos que se le imputan desde el 2020, y que están relacionados con el presunto uso de recursos de procedencia ilícita.
Si la actuación de la Fiscalía General de Justicia en su contra va en serio, es probable que ahora eche de menos a los aliados que despreció sistemáticamente desde el 2018.
El caso Carlos Peña
Desde hace semanas, el Instituto Electoral de Tamaulipas ha insistido en que ningún candidato puede darse por confirmado de manera oficial hasta que el Consejo General apruebe sus registros.
Para ello, cuenta todavía con un plazo de 20 días, porque es mucha la información que tienen que procesar, y son muchos los filtros que tienen que aplicar.
Como la situación judicial de Carlos Peña Ortiz, el alcalde de Reynosa, es confusa, por decir lo menos, convendría esperar a la definición final que se reducirá a dilucidar si tiene sus derechos políticos a salvo o los perdió a raíz de los procesos en su contra.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES