CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En las cortes de Estados Unidos avanzan las demandas contra tiendas y fabricantes de armas que han alentado el contrabando ilegal de armamento hacia México, a través de la venta indiscriminada de sus productos.
Recientemente, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos falló a favor de México y ordenó revisar de fondo la demanda que presentó contra ocho fabricantes de armas, un documento en el que señala el daño que ha causado este armamento tras ser introducido a Tamaulipas.
La denuncia presentada en Massachussets, relata que entre marzo del 2006 y junio del 2007, 10 tiendas en Houston vendieron 336 armas a compradores que a su vez, las traficaron al grupo armado que en aquel tiempo dominaba el territorio tamaulipeco.
88 de esas armas de grueso calibre fueron detectadas en este lado de la frontera, algunas de las cuales habían sido utilizadas en el asesinato de 18 civiles e incluso oficiales de seguridad.
Más de una década después, entre los meses de abril y agosto del 2018, en Gonzales, Texas, otro negocio vendió a una persona 14 rifles Century, un rifle Barret calibre .50 y otras armas igual de poderosas. En noviembre de ese mismo año, uno de los rifles fue recuperado tras ser utilizado en un crimen en Ciudad Mier.
El mismo traficante compró en una tienda Academy Sports & Outdoors Store de Victoria, Texas, otra arma de asalto que fue recuperada en julio, también tras ser utilizada por criminales en Miguel Alemán, Tamaulipas. Ese mismo mes se aseguraron 17 rifles de alto poder, todos provenientes de Estados Unidos.
La consecuencia de ese flujo incesante de armamento es un incremento notable en los niveles de violencia en territorio nacional desde el 2004, cuando se liberó en Estados Unidos la venta de rifles de asalto.
“Durante décadas, el gobierno y sus ciudadanos han sido víctimas de una mortífera avalancha de armas de estilo militar y otras particularmente letales que fluyen desde Estados Unidos a través de la frontera”, dice el documento presentado ante un tribunal federal de Massachusetts, promovido por abogados de Hilliard Shadowen, un bufete de abogados de Texas especializado en demandas colectivas, y por Jonathan Lowy, abogado principal del Brady Center to Prevent Gun Violence, la organización de control de armas.
El gobierno mexicano pone el ejemplo de Tamaulipas para ilustrar el incremento en la violencia.
Detalla que en el 2007, cuando se registraron los primeros ataques contra las fuerzas de seguridad, en la entidad se reportó una agresión; cuatro años después, en el 2011, se registraron 42 ataques contra elementos estatales y federales.
Tan solo esta semana, la Fiscalía estadunidense anunció el arresto en Texas de cinco hombres acusados de comprar más de un centenar de armas para enviarlas a un cartel en Tamaulipas.
Los hombres fueron identificados como Gerardo Rafael Pérez Jr., alias Jerry, de 23 años; Francisco Alejandro Benavides, Frankie, de 23; Mark Anthony Treviño Jr., de 24; Luis Matías Leal, Wicho, de 30, y Antonio Osiel Casarez, de 26.
Pérez, residente de Laredo (Texas), coordinó la adquisición de más de cien armas de fuego en Texas para ser contrabandeadas a través de la frontera con México y entregadas a un cartel de narcotráfico en Nuevo Laredo (Tamaulipas), según la acusación.
Los cinco están acusados de un cargo de conspiración para traficar armas de fuego, que conlleva una pena de hasta 15 años de prisión, y un cargo de conspiración para comprar armas de fuego con una pena máxima de 25 años de prisión.
La organización criminal, compuesta además por otros tres hombres que ya habían sido arrestados en 2023, supuestamente utilizó compradores testaferros, incluidos los coacusados.
Los documentos judiciales alegan que la organización adquiriría armas de comerciantes sin licencia, o de titulares de licencias federales de armas de fuego, donde los compradores testaferros harían representaciones falsas para asegurar las armas de fuego.
Leal está acusado de proporcionar dinero en efectivo e instrucciones para facilitar la conspiración, y Casarez, de contrabandear las armas de fuego a México.
Las armas de fuego de alto poder incluían rifles FNH SCAR, Barrett calibre .50, FNH M294S y rifles M1919.
Los cinco fueron nombrados en una acusación formal presentada el 6 de marzo y fueron arrestados el pasado miércoles, detalló la Fiscalía.
Pérez, Casarez, Leal y Benavides están acusados además de un cargo de conspiración para contrabandear mercancías desde Estados Unidos y un cargo de conspiración para poseer armas de fuego en apoyo de un delito de tráfico de drogas.
Otros tres supuestos cómplices que ya estaban nombrados en la acusación inicial son José Emigdio Q. Mendoza, Gerardo Antonio Ibarra Jr. y Gerardo Corona Jr., todos arrestados en 2023.
Recientemente, también la Corte Federal para el Distrito de Arizona, con sede en la ciudad de Tucson, resolvió en favor del Gobierno mexicano en la demanda contra cinco tiendas vendedoras de armas localizadas en ese estado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la jueza Rosemary Márquez estableció que las empresas demandadas tuvieron información suficiente para saber que las armas terminarían en México en manos del crimen organizado y pese a ello siguieron comercializándolas.
La Cancillería ahora se enfocará en presentar evidencia sobre cómo se trafican de EU a México, explicó Alejandro Celorio, Consultor Jurídico de la Cancillería.
Entrevistado tras el fallo de la Corte Federal para el Distrito de Arizona, que resolvió que México sí puede demandar a las tiendas de armas, indicó que cuentan con suficiente evidencia para demostrar que las armerías comercializaron sus productos a sabiendas de que terminarían en manos del crimen organizado.
La parte fundamental, explicó, es la trazabilidad, es decir, la ruta que sigue un arma desde que es fabricada o importada a los Estados Unidos, pasando por distribuidores, compradores y, para el caso de interés de México, el lugar y las circunstancias de su aseguramiento.
«Va a ser muy revelador, porque son 10, 15 años de una constante: 70 por ciento de las armas que se compran en México provienen de Estados Unidos. Y va a ser muy revelador ver cuántas de esas armas provienen de las tiendas que estamos demandando», destacó.
Por Staff
Expreso-La Razón
