El producto más importante de la reforma educativa de 2019 —impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la que celebró su primer día del maestro en el cargo— fue la creación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y de la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). La Comisión surgió como sustituta del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE); tanto su diseño institucional como sus funciones fueron pensados como “ejes innovadores” para promover que su labor se mantuviera cercana a la realidad de las escuelas, pues una de las acusaciones al INEE fue que se alejó de las necesidades y los contextos de los actores educativos. Por ello, reconociendo que “lo importante sucede en la escuela”, Mejoredu fue conformada con tres cuerpos colegiados integrados por especialistas con experiencia educativa, ya sea en la investigación, en el servicio público o en el aula: una Junta Directiva, un Consejo Técnico de Educación y un Consejo Ciudadano.
Sorpresivamente, durante la misma administración del Poder Ejecutivo se ha enviado una iniciativa a la Cámara de Diputados que propone desaparecer a la Comisión y al mencionado sistema, lo cual sería aceptar el fracaso de esta reforma; sin embargo, los datos podrían estar apuntando otra historia.
Con recursos limitados y funciones acotadas, en colaboración con las autoridades educativas del país, Mejoredu ha tomado con seriedad sus responsabilidades y ha aportado de manera sustancial a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este texto analiza las implicaciones que acarrearía su desaparición y los aspectos que se requieren atender para fortalecerla.
Como se mencionó, el principal mandato constitucional y legal de Mejoredu es la coordinación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, cuyo objeto es contribuir a garantizar la excelencia y la equidad de los servicios educativos. Ambos principios, así como la mejora continua de la educación, fundamentan la Nueva Escuela Mexicana (NEM), por lo que el gran reto para la Comisión ha sido conciliar tales planteamientos con todos sus productos, apegados a sus atribuciones, que van desde generar conocimiento a través de estudios y evaluaciones, dar seguimiento a través de indicadores, hasta funciones de carácter normativo. Una breve revisión de sus productos más relevantes confirma que la Comisión ha cumplido con el objetivo por el que fue creada.
Sobresale el Modelo de Evaluación Diagnóstica, Formativa e Integral (MEDFI), que está basado en una evaluación formativa y supone un cambio de paradigma en comparación con lo que se hacía, por lo que ha encontrado reticencias comprensibles. Contrario al prototipo de evaluación sumativa, el MEDFI deja de lado las comparaciones y le apuesta a que las evaluaciones sean un proceso participativo e incluyente, privilegiando que los resultados sirvan a los agentes educativos a través de la retroalimentación directa como insumo para la reflexión y la toma decisiones de mejora continua a nivel de los centros escolares.
Con base en este modelo se han hecho dos evaluaciones diagnósticas de aprendizajes, cuyos resultados fueron proporcionados a las y los docentes, los alumnos y las alumnas, y las escuelas a fin de auxiliar las estrategias pedagógicas de las maestras y los maestros según las necesidades de aprendizaje de cada estudiante, y se compartieron con las autoridades educativas de las entidades federativas para sustentar el diseño de medidas o intervenciones educativas a nivel estatal. Con los resultados se generaron informes de índole cuantitativo que incluyen descripciones cualitativas de los contextos escolares, para apoyar en la comprensión de los aprendizajes que las y los estudiantes dominan o no, y se pusieron a disposición de todos los actores orientaciones didácticas para reforzar los aprendizajes fundamentales.
Asimismo, se han preparado cuatro ediciones del compendio anual deIndicadores nacionales para la mejora continua de la educación en México, que ofrecen información para identificar avances y retos del sistema educativo nacional, que también se puede consultar en el espacio interactivo SI-Mejoredu. Para su elaboración, cada año se retoma información de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y se consulta a especialistas de diferentes instituciones con el ánimo de optimizar el compendio y nutrir los datos. En este tenor, conforme al enfoque inclusivo y contextualizado de la NEM, se están construyendo indicadores que permitan dar seguimiento a los avances clave de la mejora continua.
Adicionalmente, Mejoredu elaboró los Criterios generales de los programas de formación continua y desarrollo profesional docente, el Plan de mejora de la formación continua y desarrollo profesional docente 2021-2026, y una diversidad de programas de formación continua destinados a docentes, directivos, supervisores, y a figuras de asesoría y apoyo, con lo que se ha buscado apoyar la revalorización de las maestras y los maestros como agentes capaces de problematizar su contexto y reflexionar sobre su propia práctica para favorecer el máximo logro de los aprendizajes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Ahora bien, para la aplicación de las evaluaciones diagnósticas, la difusión y uso de las orientaciones didácticas y los indicadores y el aprovechamiento de los programas de formación, Mejoredu ha trabajado en las entidades federativas, impartiendo talleres, promoviendo un diálogo constante, realizando actividades de acompañamiento, e intercambiando información con las secretarias y los secretarios de Educación estatales y sus equipos técnicos.
De igual forma, a lo largo de estos cuatro años —con el apoyo de los estados para la realización de trabajo de campo y consultas con agentes educativos de las escuelas— se han elaborado múltiples estudios; destacan los relacionados con el involucramiento parental, las características sociodemográficas, profesionales y condiciones institucionales de las y los docentes, la atención educativa a la niñez de familias jornaleras agrícolas migrantes y la violencia entre estudiantes. Todas ellas aportan elementos para analizar los factores que inciden en el logro académico del estudiantado e incitar su mejora.
En 2019, el Congreso de la Unión se pronunció por que existiera un organismo ajeno a la SEP que produjera información para identificar los aspectos de mejora del sistema educativo nacional, lo cual podría resultar incómodo para la dependencia líder del sector, pero se determinó como una tarea fundamental para empujar el desarrollo integral de las y los estudiantes.
Si se aprueba la iniciativa presidencial recientemente presentada, todo lo relacionado a la mejora continua de la educación se derogaría de la Constitución y, por consiguiente, también lo haría la Ley Reglamentaria en la materia. Mejoredu se convertiría en una unidad administrativa al interior de la institución que diseña la política educativa nacional (SEP), por lo que correría el riesgo de que sus recursos humanos y financieros disminuyan considerablemente y, aún más grave, que su visión —necesariamente objetiva para cumplir con su mandato— se vea diluida; más todavía, tanto las atribuciones normativas como las investigaciones y las evaluaciones estarían a cargo de la misma dependencia objeto de éstas.
La iniciativa echa para atrás avances importantes que tuvieron la intención de dar cabida a los reclamos de amplios sectores sociales; por ello, Mejoredu se ha enfocado, entre otras actividades, en reconocer el carácter complejo, colectivo y situado del trabajo docente, y en generar información sólida para abonar a la toma de decisiones, ya sea para el diseño de políticas públicas o estrategias para fortalecer el aprendizaje o la gestión escolar.
La Comisión, que está conformada por casi 600 servidoras y servidores públicos, ha publicado aproximadamente 350 títulos unitarios, incluyendo recursos y materiales como los ya señalados, que se encuentran disponibles de manera sistemática en una plataforma amigable y de fácil acceso para cualquier persona interesada. De hecho, muchos de los productos de la Comisión son utilizados por las comunidades escolares y forman parte de las capacitaciones que brindan las entidades federativas a su personal educativo y de las discusiones que se dan en los consejos técnicos. Sería un error desaparecer a la Comisión, pero es necesario reconocer que hay aspectos normativos y de estructura que deben atenderse.
El Congreso de la Unión tiene la oportunidad de robustecer a la Mejoredu y al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación en lugar de desaparecerlos, al menos con cuatro acciones.
En primer lugar, agregar en el Comité consultivo y deliberativo del Sistema un asiento para representantes por regiones de las autoridades educativas de las entidades federativas, pues son ellas quienes implementan lo que produce Mejoredu, así como para representantes de organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior (la Ley General de Educación establece que “en el proceso de mejora continua, se promoverá la inclusión de las instituciones públicas de educación superior”, artículo 111, párrafo segundo). El Comité del Sistema es un órgano consultivo y deliberativo que conoce y opina sobre las propuestas de la Comisión; está presidido por la persona titular de la SEP, e integrado además por la Junta Directiva de Mejoredu, las personas titulares de la USICAMM y de las subsecretarías de la SEP, las presidencias de las comisiones de Educación del Congreso de la Unión, un representante de las instituciones de formación inicial docente y un representante tanto del Consejo Técnico como del Consejo Ciudadano de Mejoredu. Como dato adicional, el Comité debe sesionar tres veces al año de manera ordinaria, pero de 2020 a 2022 anualmente sesionó sólo dos veces, mientras que en 2023 lo hizo únicamente una vez.
En segundo lugar, determinar mecanismos de colaboración estructurados, sistemáticos y estratégicos que perfilen el funcionamiento cotidiano del Sistema —fuera del Comité— a fin de promover que las acciones de mejora se lleven a cabo en el seno de un diseño en el que los actores creen redes dinámicas, formas de coordinarse, analizarse y transformarse para contribuir a los procesos de mejora continua.
En tercer lugar, aprovechar el expertise acumulado en Mejoredu y darle la facultad de coordinar la participación de México en proyectos internacionales de investigación y evaluación educativa, para sumar sus resultados a la información nacional, con el propósito de contar con mayores elementos para suscitar acciones de mejora.
En cuarto lugar, garantizar que Mejoredu cuente con un presupuesto idóneo para cumplir cabalmente con sus atribuciones. Basta ejemplificar que, para la construcción de indicadores, se ha recurrido a las bases de datos existentes (formato 911 y censo poblacional); sin embargo, conforme avanza la apropiación de la NEM, será necesario generar información específica para dar seguimiento a sus principios (artículos 11 y 12 de la Ley General de Educación) y saber que vamos por el camino correcto.
Por último, en la Agenda 2030 se establece como cuarto objetivo “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida”. Recordemos que los antecesores de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) —los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas— plasmaban “lograr la enseñanza primaria universal”. Se reconocía entonces y ahora que no es suficiente acceder a los servicios educativos, sino que es indispensable que estos sean de calidad o excelencia para formar una ciudadanía comprometida con el desarrollo sostenible.
En su corta existencia, la Comisión se ha enfocado en contribuir a ello; sus esfuerzos imbricados en las acciones de mejora continua del sistema educativo nacional no pueden dejarse en manos de la misma instancia que lo rige. En efecto, a la Secretaría de Educación Pública le corresponde, entre otras funciones “regir el sistema educativo nacional; formular, regular, coordinar y conducir la política educativa que competa al Ejecutivo y contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas públicas” (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo. 38, fracción XIV). En suma, Mejoredu debe preservarse al igual que fortalecerse, pues es prueba fehaciente del acierto de incluir la visión de la mejora continua en la política educativa nacional.
POR OSCAR D. DEL RÍO SERRANO