Uno de los temas de relevancia en cualquier agenda es el retiro de los adultos mayores. En México, dicha temática busca ser abordada mediante la puesta en marcha de un fondo de pensiones. El Fondo de Pensiones para el Bienestar, es una iniciativa que pretende abordar la incertidumbre que enfrenta la vejez al llegar a ese momento de la vida.
De forma detallada, esta iniciativa intentaría complementar las pensiones de los trabajadores — cuyo monto de jubilación sea inferior al salario promedio mensual de los empleados afiliados al IMSS— para obtener una jubilación que sea menor o igual a 16 mil 361 pesos.
La iniciativa del Fondo de Pensiones para el Bienestar ha sido presentada ante la Cámara de Diputados, pero se ha generado un gran debate debido a la viabilidad de operación y las repercusiones de largo plazo.
Uno de los primeros aspectos que generan debate se relaciona con el origen de los recursos financieros, ya que para la puesta en macha de dicha iniciativa se plantea el uso de las Afores que no han sido reclamadas durante los últimos 10 años.
Pero, como dichos fondos no son suficientes se contempla la posibilidad de obtener ingresos adicionales de utilidades estatales y otras fuentes, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera del fondo a largo plazo. Además, la transferencia de dicha pensión desde el Fondo planteado estaría sujeta a condiciones específicas, como edad del trabajador y situación laboral.
Aunque parecer ser una iniciativa para beneficio de los trabajadores mexicanos, la realidad es que el impacto del Fondo de Pensiones para el Bienestar generaría mayores implicaciones de trasfondo. Si bien, es cierto que la intención de esta iniciativa es garantizar el derecho de los trabajadores a recibir una pensión digna, el proceso de devolución y la generación de los posibles rendimientos para la viabilidad financiera de este fondo presenta varios desafíos potenciales.
El primero se relaciona con la forma en la que los trabajadores enfrentarían trámites burocráticos y tiempos de espera prolongados al solicitar sus recursos, lo que podría desincentivar su participación en el programa, al enfrentarse a periodos de espera mayores. De forma adicional, la falta de especificidad en cuanto al monto del apoyo gubernamental y los beneficiarios potenciales plantea incertidumbres significativas.
Otro aspecto que es importante evaluar es desde el punto de vista de las finanzas públicas, ya que la creación del fondo tiene desafíos significativos. Si bien se estima que el fondo dispondrá de recursos sustanciales, su viabilidad financiera a largo plazo sigue siendo incierta, puesto que no hay un camino claro. Esto significa que, al no existir una fuente de ingresos estable y recurrente, existe la posibilidad de déficits presupuestarios que podrían comprometer la capacidad del gobierno para cumplir con sus compromisos financieros.
Así que, con la intención de subsanar los déficits de dicho fondo se podría tener repercusiones negativas en otras áreas, como la educación y la salud. Un dato de gran relevancia, mencionado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) es que el establecimiento de una iniciativa de dicha importancia debe centrase en las implicaciones que tendría en las finanzas públicas.
Si bien hasta ahora ha sido una iniciativa que ha sido presentada, parece ser que las consideraciones y pormenores aún no son claros; por lo que es necesario una evaluación basada en evidencias y que permita la participación de todos los involucrados, ya que, aunque la intención es procurar la calidad de vejez de los mexicanos el diseño de este sistema podría generar implicaciones negativas para los trabajadores, los sectores económicos y la economía en general.
Es importante no olvidar que este tipo de iniciativas son de relevancia para todos los mexicanos, por lo que estar informados sobre las decisiones que se toman y el impacto que estas tendrán en nuestro futuro laboral deben ser benéficas para todos.
POR ANGÉLICA GONZÁLEZ